La diabetes afecta a 1 de cada 10 argentinos mayores de 18 años de edad, es una patología silenciosa y, por lo general, actúa con un gran desconocimiento de la sociedad, lo que complica aún más el cuadro clínico. Además, hay graves consecuencias al no llevar un correcto tratamiento de la enfermedad y el control de la misma.

En Argentina se sancionó la Ley de Diabetes un 29 de septiembre y fue promulgada el 6 de octubre de 1989; fue actualizada entre el 2013 y 2014, donde se estableció que se iba a rever cada 2 años para poder agregar las actualizaciones médicas y de tratamiento debido a la evolución y actualización tecnológica que permiten mantener un mejor control de la enfermedad y su monitoreo. Al día de hoy (y habiendo pasado 6 años), aún no se volvió a discutir la ley o su actualización.

En la actualidad, los sistemas de control de diabetes como así también la medicación han avanzado a pasos gigantescos de la mano de la tecnología, como es el caso de las nuevas bombas de insulina que permiten un control y una corrección excelente de la glucemia (azúcar en sangre). Dichos dispositivos salen alrededor de $150.000 sin contar la medicación y repuestos de dicha bomba. Incluso hay elementos de control constante de la glucemia que almacena o permite medir la glucosa desde un dispositivo celular que cuestan alrededor de $20.000 mensuales.

También hay medicamentos y tecnologías que no son accesibles a las familias trabajadoras de nuestro país. Estos sistemas innovadores para el control y tratamiento de la glucemia no están suministrados por el propio Estado. Es el caso de los hospitales públicos, donde no solo la insulina que se otorga es una de las primeras insulinas, sino que ni siquiera es entregada de manera fácil para los pacientes diabéticos.

Además, los sistemas de tratamiento ya son un tanto viejos e incómodos para los que padecen esta enfermedad. En el sistema actual de la provincia de Córdoba se demora aproximadamente 2 meses en acceder al plan “Procordia” que es el encargado de suministrar insulina NPH como única marca. No solo la variación de la marca cambia sino que también los distintos efectos de las insulinas sobre el cuerpo, ya que dependiendo de cada paciente es necesario un tipo distinto (sean de larga duración o corta, como así también el impacto que esta genera en el cuerpo neutralizando la azúcar). Esto no está garantizado por el sistema de salud de la provincia. No es solo eso; tampoco se garantizan los elementos de control de la glucemia, como es el caso de las tiras reactivas para la vigilancia cotidiana de los niveles de glucosa, cosa que es indispensable para poder suministrarse la dosis adecuada de insulina.

Es necesario tener en cuenta que cada caja de reactivos cuesta alrededor de $3.000 y, dependiendo del paciente y los controles que necesite hacerse diariamente, puede durar hasta 15 días.

Además, la alimentación de los productos bajos en carbohidratos como así también los productos sin agregado de azúcar cuestan un 40% o un 50% más caros que uno con azúcar, es decir, un sector privilegiado de nuestra sociedad tiene derecho a acceder a las necesidades básicas para cursar una enfermedad en mejores condiciones, la cual es la principal causa de ceguera, disfunción renal y la principal causas de diálisis del mundo.

Las personas diabéticas que no llevan un buen tratamiento y control de la glucemia pueden padecer de amputaciones y mutilaciones debido a que el exceso de azúcar va destruyendo los vasos sanguíneos. Los especialistas establecen que el 85% de los casos podrían haber sido evitados con un buen tratamiento y con educación.

Esto demuestra la urgente necesidad de ir por una nueva Ley de Diabetes que garantice no solo las nuevas tecnologías al conjunto de los pacientes que tenemos diabetes, sino también que se haga el correcto acompañamiento en todos los aspectos que son necesarios y esenciales, como es el caso del acompañamiento nutricional y psicológico que hoy en día no se está garantizando ni por la parte pública ni por las obras sociales, quienes no otorgan bombas de insulina a sus afiliados, imponen un sistema burocrático para dar la prestación con negaciones y dilaciones en el tratamiento (donde hay que recurrir a amparos y distintos mecanismos legales), aun cuando hay urgencia y extrema necesidad de tener los elementos para un correcto tratamiento.