El impacto del coronavirus en Lanús ha pegado un nuevo salto. Conforme a los datos otorgados por el Ministerio de Salud de la provincia, son 7.044 los casos confirmados de Covid-19 al día de hoy, 7 de agosto. A más de una semana del anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores Axel Kicillof y Rodríguez Larreta respecto a la flexibilización de la cuarentena, los resultados están rápidamente a la vista.

En menos de un mes, y a pesar de la baja cantidad de testeos que se realizan, se ha más que duplicado el número de infectados; una clara expresión de que el desmantelamiento de la cuarentena ejecutado por los gobiernos carece de sustento sanitario. Por el contrario, fue impuesto progresivamente bajo la presión del interés patronal. En Lanús, los números confirmados según grupo etario indican un predominio de contagios entre la población económicamente activa (entre los 20 y los 50 años), y sobre el total de los casos, un 64,6% son epidemiológicamente calificados como contagios de transmisión comunitaria. Esto pone de manifiesto que la circulación del virus es consecuencia directa de la apertura masiva de sectores fabriles y comerciales, cuya esencialidad en gran medida es nula. Otro número inquietante es el porcentaje de contagios pertinente a los trabajadores de la salud, que constituyen un 6,3% del total. El colapso del Hospital Evita, que ya cuenta con más de doscientos trabajadores infectados, se suma a los 178 empleados municipales que están en la misma situación (Arriba Lanús, 29/7) y son apenas un pantallazo de la bancarrota sanitaria del distrito. La concentración de casos en los lugares de trabajo es indicativo de que son los trabajadores quienes están pagando con su salud la apertura económica. Actualmente, la ocupación de camas de terapia intensiva en el sistema sanitario del distrito se encuentra al 70% (Política del Sur, 29/7), incluso cuando todos los indicadores señalan que el pico de contagios aún no llegó.

Mientras tanto, en el distrito se profundiza el impacto de la orientación antiobrera de los gobiernos. A la batería de exenciones impositivas y moratorias concedidas por el intendente Néstor Grindetti a la clase capitalista en el mes de marzo, y al despido de trabajadores municipales, se añade ahora un soez reforzamiento de la militarización y la presencia policial. Tras el reciente acuerdo represivo que protagonizaron la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, la Gendarmería Nacional junto a las demás fuerzas federales comenzaron a desplegar sus tropas en las barriadas de Lanús, debutando con operativos en Villa Diamante (Info Región, 28/7). Los resultados no demoraron en aparecer: en las últimas horas, la Policía Federal llevó a cabo una violenta y arbitraria detención a trabajadores senegaleses en las inmediaciones de la estación. Esto no tiene otro fin que configurar un clima de intimidación y disciplinamiento social, a la vez que la crisis se profundiza y sienta las bases para que los reclamos populares se multipliquen enérgicamente.

Es necesario que la población trabajadora oponga un rumbo antagónico. La lucha por la centralización del sistema de salud, la creación de comités de trabajadores para garantizar los protocolos básicos de sanidad e higiene en los lugares de trabajo, el pago de un seguro al desocupado de no menos de $30.000 y el control popular de la cuarentena adquieren un carácter vital para defenderla genuinamente y evitar así una catástrofe sanitaria.

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