Después de atravesar la cuarentena relativamente “tranquilo” el gobierno municipal de Pablo Torres (Frente de Todos) se enfrenta a una crisis de contagios de coronavirus ante la repentina aparición de 91 casos en un lapso de 4 días (Lapridaweb, 12/8), situación para la cual Laprida no se encontraba preparada ni por asomo. Sumado a una decena de pacientes ya curados de Covid-19, la ciudad ya supera el centenar de casos.

Si bien Laprida es una aglomeración pequeña del centro de la Provincia de Buenos Aires que no supera los 10 mil habitantes, eso no impidió que por las irregularidades en los controles por parte del gobierno peronista se dispararan los casos.

Cuando a principios de junio Olavarría, ciudad lindera a Laprida, atravesaba una explosión de casos Torres chicaneó al intendente olavarriense (de Cambiemos) e incluso prohibió el acceso de cualquier persona o vehículo proveniente de Olavarría (incluidos proveedores). Dos meses después, el intendente es responsable de este rebrote asombroso de casos.

Las medidas de control en el acceso a la ciudad resultaron ser pura cosmética porque puertas adentro del municipio se dejó circular como si el virus no existiera, cediendo a la presión de comerciantes y, fundamentalmente, de las patronales agrarias. Esta última actividad, de peso en la economía lapridense, estuvo siempre activa (aún en los primeros momentos de la cuarentena) y no tuvo control alguno de parte del gobierno municipal. Cualquier persona, proveniente desde cualquier lugar de la provincia, podía acceder a los campos de la zona, llevando el virus a los locales que se mueven sin barreras hacia la ciudad.

Como en todos lados, las primeras y principales víctimas del contagio son las y los trabajadores, del campo y de la ciudad. Según el testimonio de una compañera de Tribuna Docente oriunda de Laprida: “Hay varios docentes comprometidos, dos enfermeras y un kinesiólogo contagiados de coronavirus”. Esto último demuestra que no es “culpa de la gente” que se hayan disparado el número de contagios: son los y las trabajadoras de la salud y la educación los que quedan expuestos ante la negligencia del Estado.

Sin embargo, Pablo Torres opta por culpabilizar a la “gente irresponsable”, discurso que usan desde el presidente Alberto Fernández hasta el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, para lavar la cara del Estado y desviar la mirada sobre sus responsabilidades. La grieta se cierra cuando los gobiernos de todo color político descargan las culpas sobre las “mateadas” o las fiestas y reuniones sociales “clandestinas” mientras siguen flexibilizando la cuarentena, aún en el peor momento epidemiológico, a cuenta de las patronales. En Laprida hay más de mil personas aisladas (incluido el propio Torres) como consecuencia de la decisión del intendente de flexibilizar el aislamiento social, producto de esas presiones patronales.

Los gobiernos municipal y provincial deben hacerse responsable de los contagios de Covid-19. Exigimos inmediatamente un impuesto extraordinario a las grande fortunas, empezando por la renta agraria de los grandes terratenientes, para financiar la triplicación del presupuesto de salud (previniendo realmente la saturación en la atención hospitalaria y terminando con la precarización de los  y las trabajadoras de la salud), un subsidio al parado de $30.000 y un plan de viviendas populares en todo el país.