Considerando los últimos tres años, el salario de los prestadores se habrá devaluado casi el 100% para fines de 2019, tomando en cuenta la inflación proyectada del 55% de este año y la pérdida de años anteriores. No constituye solamente una pérdida frente a la inflación, sino que anuncia el cierre total de las prestaciones, porque nadie podrá sostenerlas a este ritmo.

Los trabajadores estamos viviendo devaluación e inflación record y paritarias a la baja, tarifazos exorbitantes a los servicios básicos y transporte, despidos y suspensiones.

En el ámbito de la discapacidad, donde los ajustes han sido brutales, no existe una herramienta gremial; como monotributistas, no tenemos la posibilidad de un convenio colectivo o de negociar una paritaria, lo que hace nuestra situación aún más vulnerable, favoreciendo la híper precarización. Existe además un vacío de responsabilidad: ni el Estado, ni las instituciones educativas y terapéuticas que nos contratan, ni las obras sociales y prepagas se hacen cargo de nuestras condiciones laborales, dado el complejo esquema de tercerizaciones.

En sucesivas oportunidades nos movilizamos, sin obtener respuestas, al Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), garantes de impartir los ajustes que van en línea con el recorte presupuestario y el acuerdo del FMI. 

La Agencia Nacional de Discapacidad, dirigida por Santiago Ibarzabal, se desprende de una Comisión Interministerial, regida por la vicepresidenta Grabriela Michetti. Fue creada por el macrismo a mediados del 2017 y sostuvo casi el total recorte de 70.000 pensiones por discapacidad; se encargó de retacear la aprobación de nuevos certificados de discapacidad, la aprobación y horas de tratamientos. Muestra de ello es el brutal recorte en el Programa Incluir Salud, que también se dio con la ayuda de la SSS (que a su vez maneja el Fondo de Redistribución Solidario).

La burocracia sindical 

Con la tarea de encorsetar al movimiento obrero y desocupado, la burocracia sindical pacta la paz social a cambio de 13.000 millones de pesos más intereses que se adeuda a las quebradas obras sociales que controlan. El relanzamiento del proyecto oficial sobre la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria) pretende cooperar con la burocracia en este sentido, mediante el recorte de prestaciones del PMO (Programa Médico Obligatorio) y la reducción de los juicios por el incumplimiento de los tratamientos.

Ahora es cuando 

La CGT y las CTAs se ataron de manos detrás del “hay 2019”; peronistas y kirchneristas barajan los acuerdos electorales, pero junto con la burocracia ya han hecho un acuerdo fundamental: no luchar a fondo contra el ajuste de Macri y los gobernadores, ni contra el FMI. La pantomima de “un paro el feriado” por parte de la Confederación Argentina del Transporte ha sido una nueva y vergonzosa demostración.

Necesitamos una salida independiente de los trabajadores que supere al inmovilismo de la burocracia y de la oposición patronal. Reclamamos un paro activo de 36hs. 

Los prestadores planteamos un ordenamiento social de acuerdo a las necesidades de todos los trabajadores, para defender las prestaciones, los tratamientos y las necesidades de los usuarios y familiares de personas con discapacidad.

Vamos por la reapertura inmediata del nomenclador, aumento del 35% y una revisión de la pérdida de los dos últimos años. Por el fin de la precarización laboral. Llamamos a la unidad de los trabajadores y la izquierda para derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI y que la crisis la paguen los capitalistas.