Semanas atrás, los principales medios de comunicación se encargaron de oficializar nuestro anticipo: Clarín (14/2) informa que “La idea es construir un edificio moderno, que permita el ahorro de energía y respete la calidad medioambiental. El lugar elegido es un predio en Amancio Alcorta y Perdriel, en la misma manzana donde están los hospitales Borda y Rawson, frente a la plaza España. Allí se mudarán todas las oficinas de la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, y los ministerios de Desarrollo Urbano, Espacio Público y Hacienda”.
La noticia cayó como un balde de agua fría entre los trabajadores y profesionales del Hospital, aunque no como “rayo en cielo sereno”. En los últimos años, el cierre amenaza ser el destino de un progresivo desmantelamiento: el año pasado, como fue de público conocimiento, el Hospital Borda permaneció durante los meses de invierno con la mayor parte de las instalaciones sin gas (hasta el día de hoy, muchos Servicios siguen en la misma situación), sumado al traslado de la Unidad Penal 20 a Ezeiza (por decisión del Gobierno Nacional) y el cierre de los Servicios 14/22 (para adicciones) y 74 (Psicología Social).
En los primeros días de enero de este año, el gobierno de Macri, a través de la Resolución Nº 52 del Ministerio de Salud, oficializó una licitación para la contratación de internaciones de “larga duración” para pacientes privados en clínicas psiquiátricas, por lo que no hace falta una brillante lectura para caracterizar el destino que se pretende imponer a una parte importante de la población interna de los hospitales Borda y Moyano, especialmente a los pacientes llamados “crónicos”.
Ya en los primeros días del mes de febrero, comenzaron a aparecer sorpresivamente algunas obras de “demolición” en algunos sectores del hospital.
Por el momento, la mayoría de los gremios (muchos de los cuales oficiaron como anfitriones en las recorridas de campaña del otrora candidato Filmus por el Borda) aparecen ahora como voceros del propio macrismo: en la última asamblea del Hospital, informaron que las autoridades comunales se han comprometido a avanzar con el Proyecto del Centro Cívico “sin cerrar los hospitales”, lo cuál generó el repudio de la mayoría de los asistentes, porque la aparente ingenuidad resonó como una pérfida complicidad.
No es casual: desde que hace semanas, a pesar de la disputa del macrismo con el Gobierno Nacional por el traspaso del subte, ningún funcionario de la Dirección Nacional de Salud Mental ha planteado denuncia alguna por el inminente cierre de los neuropsiquiátricos de la Ciudad. Tampoco, los legisladores del Frente para la Victoria.
Para peor, algunos “cuadros técnicos” en el Área, referenciados con el kirchnerismo, reconocen que denunciar el cierre del Borda y el Moyano sería ir contra el espíritu de la nueva Ley Nacional de Salud Mental (impulsada por el gobierno nacional y votada por toda la oposición), la que justamente plantea -en su artículo 27- el cierre “paulatino” de los monovalentes en nombre de una política de presunta “desmanicomialización” (además de relegar muchos dispositivos sustitutivos en el sector privado y en ONGs).
A pesar del clima de desmoralización que, por el momento, los sindicatos y las asociaciones profesionales pretenden imponer (el cual oscila entre el “hecho consumado” y la creencia en palabra oficial del macrismo sobre el Borda y el Moyano), un importante sector de trabajadores y profesionales ya ha comenzado a discutir un plan de acción inmediato para enfrentar esta nueva escalada contra el Borda.
