El gobierno de Mendoza se vio obligado a reconocer que “la situación sanitaria es crítica”, en boca de su ministro de Gobierno Víctor Ibáñez. Según la ministra de salud, Ana María Nadal, la ocupación de camas críticas es del 95,13% en el gran Mendoza, y el nivel de mortalidad de quienes entran en terapia intensiva oscila entre el 65 y 70%. También circulan las cepas Manaos y del Reino Unido en el territorio provincial. Se ha naturalizado como práctica el tener que elegir el paciente al cual ponerle el respirador.

La “normalidad” que el gobierno de Rodolfo Suárez se esmera por mostrar contrasta con los hospitales colapsados, el personal extenuado y el aumento de contagios y fallecimientos diarios que viene batiendo récord. Esta política es criminal contra los trabajadores, y los del Estado en particular. Los supervisores, directores o administradores ocultan deliberadamente los contagios para evitar la suspensión de actividades. Se presiona para que los trabajadores de grupos de riesgos acepten “voluntariamente” reintegrarse al trabajo, de lo contrario pierden presentimos y adicionales que son significativos en su salario.

La “defensa de la educación” que esgrimen los funcionarios para sostener la presencialidad escolar choca contra la realidad marcada por docentes con los peores salarios del país, escuelas sin agua o con baños muy deteriorados, sin condiciones para hacer frente a la división de burbujas; la conectividad es inexistente, los celulares y las notebooks no están al alcance de la mayoría de las familias.

El colapso del sistema sanitario ha planteado además la urgencia de personal médico capacitado y de la capacidad de las instalaciones.

Las restricciones a la circulación que estableció el gobernador Rodolfo Suarez son insulsas, ya que se limitan a salidas a comprar por DNI y la prohibición de reuniones sociales al aire libre. Las medidas que significarían una verdadera reducción de la circulación como suspender la presencialidad en la educación o la rotación 15 x 15 entre los empleados públicos son rechazadas por el Poder Ejecutivo.

Mientras en los hospitales públicos se improvisan camas en los pasillos, las clínicas privadas han alquilado hoteles para “internar” pacientes. Las prepagas y clínicas privadas resuelven el problema aumentando los pagos y “robando” personal al sistema público, que tiene salarios de miseria. Como nunca se expone crudamente el carácter clasista del gobierno de Rodolfo Suarez: quien tiene recursos económicos puede acceder a atención médica, frente a la inmensa mayoría de la población que depende del sistema público o de obras sociales.

Juntos por el Cambio no defiende la economía, solo cuida el interés de las grandes patronales que no están dispuestas a paralizar su rentabilidad. Esto, lógicamente, contra el interés mayoritario del pueblo trabajador.

La miseria del Frente de Todos

Los principales voceros del Frente de Todos recién advierten que el gobierno provincial manipula la información, algo que viene siendo denunciado por los gremios de salud y los trabajadores desde hace meses, al mismo tiempo que desarrollaban medidas de lucha por salarios y mayor inversión para enfrentar la pandemia.

Los jefes del peronismo mendocino se colocan como los “defensores de la vida” y demagógicamente plantean la necesidad de aumentar las restricciones y avanzar en las vacunas, ocultando deliberadamente la responsabilidad de su gobierno nacional en estos dos puntos.

En primer lugar, no se puede limitar la circulación de quienes viven de trabajo informal o changas si no es estableciendo una asistencia económica. El gobierno nacional no estableció ni $1 en el Presupuesto 2021 para atender los efectos de eventuales restricciones, y ni siquiera tiene pensado mantener los $10 mil pesos cada dos meses del IFE, e incluso intenta dar de baja 50 mil programas sociales. Después del escándalo por los sobreprecios pagados por el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno resolvió el problema recortando el envío de alimentos para los comedores populares. El peronismo mendocino guarda silencio sobre éste aspecto, al igual que con los obscenos aumentos de la nafta, con una inflación imparable que refleja el fracaso de los “precios cuidados”.

Algo similar ocurre con las vacunas, cuya distribución choca no solo con el acaparamiento internacional de los países imperialistas sino a su vez con los compromisos pactados con Hugo Sigman, dueño del laboratorio que produce el activo para la vacuna de AstraZeneca en Argentina para luego exportarlo a México y Estados Unidos, cuando como confirman las gestiones para producir la Sputnik V nuestro país cuenta con la capacidad productiva para completar todo el proceso de fabricación. Bastaría con que el gobierno intervenga el laboratorio de Sigman y disponga su envasado aquí para garantizar la aplicación de millones de vacunas en nuestro país.

Que el gobierno nacional y provincial no son lo mismo está claro, pero el manejo de la pandemia de los dos bloques políticos ha resultado en que Argentina esté entre los registros más altos de muertes y contagios por millón de habitantes del mundo.

Es necesario una salida de los trabajadores

La pandemia ha potenciado el proceso de destrucción del sistema de salud y educación, el empobrecimiento de vastos sectores de la población, el aumento de la desocupación y la crisis social. Esto no es patrimonio de uno u otro gobierno provincial o nacional, sino responsabilidad de todos los que gobernaron las últimas décadas.

Para enfrentar esta situación es necesario tomar medidas de urgencia, como la centralización del sistema de salud público, privado y de obras sociales bajo control de los trabajadores y profesionales médicos, la inmediata suspensión del pago de la deuda nacional y provincial para destinar recursos a la salud, la educación y la asistencia social. También intervenir el laboratorio que produce el activo de la vacuna para exportarlo. Hemos propuesto difundido ampliamente las 10 medidas urgentes.

Urge el desarrollo de una política que exprese las grandes luchas de los trabajadores de salud, de la educación, de los vitivinícolas de los miles de desempleados que se organizan y garantizan la comida en los barrios populares. Es necesario desarrollar una alternativa obrera y socialista.