Mientras el gobierno provincial de Oscar Ahuad anuncia con bombos y platillos una supuesta compra de 100 respiradores y el otorgamiento de créditos flexibles a las clínicas privadas, los hospitales públicos se ven forzados a recurrir a la solidaridad del pueblo pidiendo donaciones para afrontar la crisis sanitaria.

El ajuste a la salud pública es una política que desde hace años lleva adelante el gobierno Renovador. Ello se traduce en la precarización laboral de los trabajadores de la salud y salarios de miseria, a lo que se suma el desguace de los Centros de Atención Primaria y de los hospitales locales. 

En toda la provincia el personal de salud tiene sueldos iniciales que no llegan ni a $20.000, con altos componentes en negro, y es constante la práctica de emplearlos mediante contratos que vencen cada tres o seis meses. Un alto porcentaje de ellos ni siquiera son trabajadores formales, si no que el Estado los emplea como “becarios" y los expone a prácticas laborales para las que no cuentan con los insumos necesarios.

De los cuatro hospitales nuevos inaugurados pro el gobierno, tres de ellos –A. Del Valle, Oberá y Eldorado– carecen del  equipamiento y personal necesario, no solo para tratar la pandemia sino cualquier enfermedad de alta complejidad. La situación es peor en los CAPs, que en los mejores casos cuentan con un médico general una o dos veces a la semana, y carecen de especialistas, insumos y medicamentos.

La política sanitaria del gobierno provincial se basa en el desguace de los hospitales locales en detrimento de un hospital centralizado, que es manejado por una “fundación” que maneja fondos millonarios del presupuesto provincial sin que nadie sepa a dónde van a parar. Es una política de privatización de la salud. Todas las medidas para contener al coronavirus (y al dengue) consisten en otorgar créditos con tasas subsidiadas a los sanatorios privados, mientras convoca a voluntariados y donaciones de alcohol en gel y vestimenta de friselina para los centros de salud pública.

El sistema de salud provincial no está preparado para enfrentar un brote del virus que tiene en vilo al mundo, así como nunca estuvo preparado para atender la epidemia del dengue, que superó los 3.000 infectados en Misiones.

Desde el Partido Obrero reclamamos un plan de equipamiento de la salud pública que parta de la triplicación del presupuesto del área, un aumento salarial inmediato que lleve a $45.000 el cargo inicial de los trabajadores de la salud y el pase a planta de los contratados y becarios, la duplicación de la planta laboral y reducción de la jornada de trabajo, además del reparto gratuito de elementos de limpieza, barbijos, alcohol en gel y repelente a toda la población misionera.

Para ello alcanzaría con afectar los recursos estatales destinados a subsidiar a los monopolios de transporte, las exenciones impositivas a las Iglesias, las grandes constructoras y los monopolios tealeros y yerbateros de la provincia.

Planteamos además la centralización del sistema de salud, público y privado, bajo gestión y control de un comité electo por los trabajadores, para poner todos los recursos sanitarios de la provincia a disposición de la atención de toda la población, sin restricciones de cobertura.