A través de los noticieros y grupos de prestadores nos enteramos que falleció el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, quien había asumido a su cargo de la mano de Ginés González García y era de los pocos funcionarios de su confianza que quedaban posterior a su renuncia luego del escándalo de la vacunación VIP.

El intercesor de las privadas y la burocracia sindical

Zanarini fue repudiado a finales del año pasado por toda el área de discapacidad por sostener que las prestaciones educativas y de transporte no debían estar a cargo de las obras sociales, excusando que las mismas eran de los sectores menos ayudados de parte del Estado en tiempos de pandemia, justificando un feroz ajuste al sector tan vulnerado, cuando unos meses antes fue él mismo el que defendió la gestión diciendo que “este año ya les hemos bajado más de 70 mil millones de pesos, suma que triplica lo dado en años anteriores y no estamos endeudados con las obras sociales” (Estado de alerta, 31/10/20). Además durante este año, aún habiéndose visto debilitado luego de la renuncia de Gines, logró desembolsar para las obras sociales 1.200 millones de pesos en concepto de reintegros para prestaciones complejas (La Nación, 5/5/21), los cuales nunca se vieron reflejados en los ingresos de los prestadores de salud y educación o en los tratamientos.

Salió a principios de este año en defensa de la burocracia que maneja las obras sociales y las prepagas a oponerse al (criticable) proyecto de CFK para la unificación del Sistema de Salud diciendo que “un sistema único e integrado es inviable” (ídem).

Una política consecuente

Fue el hombre de confianza de Ginés para seguir en línea con el ajuste, recortando tratamientos y disciplinas del ya acotado Registro Nacional de Prestadores, siempre en defensa de los ingresos del manejo privado de la salud, en detrimento de las personas con discapacidad y sus familias y los profesionales que ya habíamos sido golpeados sin recibir aumento en el 2019 frente a una inflación del 53% y durante su gestión prácticamente durante el 2020, con un mísero 10% en el mes de diciembre, que se terminó cobrando en el mes de marzo, frente a una inflación del 36%. Zanarini fue consecuente con la política de ajuste del pacto social de Fernández y la burocracia sindical: aumentos a la baja.

Organicémonos en contra del ajuste en discapacidad y en defensa de nuestros ingresos

Lxs prestadores nos hemos visto golpeadxs una vez más por la política de pauperización de este gobierno: el aumento del 34% (que ya es poco frente al aumento del costo de vida) no fue oficializado en el Boletín Oficial, por lo tanto no existe. Durante el año pasado hemos visto cómo muchxs de nuestrxs colegas “colgaron sus ambos” y como los centros cerraron producto de la crisis. El sistema de prestaciones se encuentra quebrado, no por accidente, sino por una política de vaciamiento de todo el sistema de salud puesto en marcha para poder pagar cada centavo de la deuda externa.

Por eso desde “Prestadorxs Precarizadxs S y E” convocamos a una asamblea nacional abierta de prestadorxs, para este sábado 8/5 a las 14hs, para definir cómo nos organizamos frente a esta ofensiva.