01/06/2021

Nuevo pico de Covid-19 en las villas y barrios de CABA

La política criminal que comparten el gobierno nacional y el de la Capital Federal.

En medio del descalabro sanitario que afecta al conjunto del país, se identificó un marcado aumento de casos en las barriadas de la Capital Federal, donde se agravan las dificultades en el acceso a una vivienda digna, al agua y elementos de higiene, y el cumplimiento del famoso “quedate en casa” que el gobierno tanto reclama pero para lo cual no pone los recursos necesarios.

Ya en la primera ola estos sectores populares estuvieron en el centro de los contagios con 300 positivos diarios. Tanto el gobierno nacional como el de la CABA intentaron esconder la responsabilidad de su gestión en el desastre sanitario, prometiendo que iban a concentrar sus esfuerzos en los barrios ya que “ahora sabían donde estaba localizado el virus”. Ahora asistimos a la demostración de que en un año ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad han invertido para evitar una reedición de esta situación, resultado de la hoja de ruta de ajuste exigida por el FMI.

El aumento de casos se puede ver fácilmente en la alta positividad, que como en el resto del país alcanza un 34%, lo cual está 10 puntos arriba del promedio en la Ciudad de Buenos Aires. En algunos lugares, como Villa Lugano, alcanza hasta un 51%. Este registro parcial, aunque no sea de la misma gravedad que en mayo del 2020, es un adelanto de la catástrofe que se puede desatar si no se toman medidas de cuidado de la población.

Lo que se expone primordialmente es que no hay una política sanitaria que contemple la situación de los sectores más empobrecidos, quienes en su gran mayoría obtienen sus ingresos del trabajo precario e informal y no tienen la posibilidad de cumplir un aislamiento -como el determinado por el gobierno 10 días atrás- sin arriesgar sus economías familiares y su supervivencia.

La precarización ha ido en aumento tras los centenares de miles de despidos durante la cuarentena del año pasado. La eliminación del IFE y el recorte de la ayuda social va a su vez de la mano de la desvalorización de los salarios, los aumentos en las tarifas y la inflación del 42% en un año terminaron por obligar a muchísimos sectores a asistir a trabajos donde los protocolos de bioseguridad brillan por su ausencia. En este sentido, viene en ascenso la lucha de las organizaciones sociales como el Polo Obrero que exigen trabajo genuino, un seguro al parado del $40.000 mensuales, y rechazan el abandono de los comedores, con la clara consigna «con hambre no hay cuarentena».

Las condiciones de hacinamiento de las viviendas en las villas y barrios precarios son un factor fundamental. Mientras los gobiernos hacen eje en la “responsabilidad individual” de la población, poniendo el foco en los cuidados personales, la ventilación de ambientes y el uso de barbijos, ninguna respuesta ha dado a la crisis habitacional. Todo lo contrario: permitió la liberación de los precios de los alquileres. Incluso lejos de la promesa del gobierno nacional de una inversión de $900.000 millones hecha en diciembre de 2020, recortó un 20% los fondos destinados a la obra pública.

El hacinamiento de las viviendas es el caldo de cultivo de toda clase de enfermedades respiratorias, desde asma y broncoespasmo hasta cualquier tipo de virus, incluido el Covid-19. El problema también radica en que no se pusieron en marcha dispositivos como la designación de hoteles ante la imposibilidad de aislar a los infectados en sus propios hogares; una política criminal que parte de la reducción en el presupuesto para combatir la pandemia. Esto convierte rápidamente a todos los convivientes en positivos y consecuentemente eleva la tasa de positividad mencionada. Como si no fuera suficiente, se realizan solamente 600 test diarios, cuando la población en los asentamientos era de cerca de 400.000 personas en 2020.

Lo que está de fondo es que el acceso a la salud para los barrios más carenciados de la Ciudad es, cuanto menos, muy limitado. No solo es difícil el acceso a los dispositivos propios de la pandemia como el Detectar, sino también a las cuestiones más elementales como el agua potable; ni siquiera se garantiza lo mínimo para el correcto lavado de manos, un pilar de los cuidados sanitarios. En mayo del año pasado sufrieron dos semanas de corte de agua en la Villa 31, que le costó la vida a Ramona Medina y tantas otras personas, además de que se elevaron estrepitosamente los contagios.

A su vez, el colapso de los hospitales públicos de CABA hace que haya un mayor acercamiento a los Cesac, pero en ellos faltan insumos básicos. En el Cesac N°3 de Villa Lugano, donde la positividad supera 50%, faltan barbijos y solo hay dos pediatras por semana.

Una prueba más de los problemas en el acceso a la salud son las enfermedades prevalentes no tratadas o descompensadas, que pueden convertirse en un factor de riesgo para quienes se contagian de Covid-19. La diabetes, las condiciones cardiovasculares y respiratorias prevalentes y la obesidad son particularmente graves si no se hace un chequeo todos los años o aparecen problemas para conseguir la medicación. El frío, además, acentúa las enfermedades respiratorias. Recién esta semana la Ciudad habilitó la vacunación, que hasta ahora ha sido a cuentagotas, para personas de 18 a 44 años con comorbilidades; pero la falta de conectividad es una traba real para el empadronamiento de la población, a lo que suman los problemas en la logística, como la falta de vacunatorios en el sur de CABA. Quienes nos gobiernan actúan en términos presupuestarios como si la pandemia no existiera. En esto no hay grieta, ya que el ajuste en el presupuesto nacional de salud del 10% ha sido acompañado por Larreta en cada instancia.

Mientras los casos siguen aumentando, cada vez se pone más de manifiesto la importante de la lucha por el aumento del presupuesto de salud, la garantía de las condiciones mínimas de higiene, la puesta en marcha de una gran campaña de vacunación bajo control de los profesionales de la salud, y un plan de viviendas populares accesibles a las familias trabajadores para terminar con el hacinamiento y la degradación de las condiciones de vida. A esto se deben sumar los reclamos de las organizaciones sociales por un seguro al parado, el aumento en la ayuda social y el trabajo genuino. Para garantizar el acceso a la salud de toda la población es necesaria la organización independiente de los trabajadores ocupados y desocupados contra los gobiernos hambreadores y ajustadores resposables del desastre sanitario.

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