El colapso sanitario en Neuquén, advertido por sus profesionales y confirmado luego por las propias autoridades provinciales, es una de las caras de la crisis sanitaria que se está profundizando en el país. Los relatos son escalofriantes. En Alto Valle de Río Negro debieron ventilar a una persona manualmente durante 14 horas porque no había respiradores; en la ciudad de Rosario queda solo una cama y ya activaron los protocolos para decidir qué pacientes serán tratados y cuáles pasarán a cuidados paliativos; en el distrito bonaerense de Tres Arroyos el municipio afirmó que quien tenga que internarse “deberá hacerlo desde su casa” frente a la ocupación del 100%.

La misma tendencia se ve en el resto de Argentina. La gran mayoría de las provincias sufrió un pronunciado aumento en el número de casos en los últimos dos días, y se estancó el leve descenso del índice general que se había visto a finales de abril. En Córdoba los días 11 y 12 de mayo se registró un salto de un promedio de 1.500 casos a 2.500; Formosa y Río Negro alcanzaron el 12 su pico histórico con 885 y 510 casos respectivamente; Santa Fe pasó de 1.300 a 2.200. Otras provincias como Santiago del Estero y Salta acumularon números similares a los de octubre y noviembre del año pasado, cuando transitaban el pico de la primera ola. También registraron subas Catamarca, La Pampa y La Rioja.

Son tendencias que parecen indicar que, como ocurrió en la primera ola, hay un traslado del virus desde el Amba hacia el interior y que próximamente atravesaremos un rebrote nacional de la segunda ola o una tercera propiamente dicha. Sea cual sea la denominación que tome, se agrava el cuadro cuando entramos en los meses de invierno, que tienden a modificar el comportamiento social y la población permanece más en ambientes cerrados, favoreciendo la transmisión.

Pero la situación es distinta al pico que transitamos en octubre del año pasado: el altísimo piso de contagios del Amba y la alta circulación de gente por la ausencia de restricciones a las actividad económica. Con respecto a la situación del Gran Buenos Aires el amesetamiento que los ministerios de Salud salieron a festejar es extremadamente alto, con un promedio de por encima de los 3.500 diarios para CABA y 8.700 para la provincia, cuando en el pico del año pasado el promedio era de poco más de la mitad de estas cifras. De hecho, los números de estos últimos dos días fueron similares a los de dos semanas atrás, lo que deja en claro que aún no se superó la crecida. Esto se reflejó también a nivel país: los casos totales aumentaron levemente y el promedio se ubicó en 20.932, 500 más que la semana anterior.

En este contexto, la mera prohibición de circular entre las 20 y las 6, que poco se hace cumplir, poco sirvió para mover el amperímetro de la situación epidemiológica. Durante el pico de 2020 al menos había un aislamiento en algunos sectores, si bien muchas actividades económicas estaban abiertas producto de la presión patronal. Agreguemos que en este 2021 se canceló hasta el IFE y se recortan programas sociales, por lo que no hay ninguna ayuda para que la población pueda resguardarse.

De más está decir que, si el sistema de salud del Amba es frágil, el de las provincias lo es bastante más. Es por eso que el colapso llega más rápido, al contar con menos camas, menos profesionales y menos presupuesto. En las denuncias de los trabajadores de la salud se escuchan los reclamos por aumento de presupuesto, mejoras salariales y de condiciones laborales, y plantean la centralización del sistema de salud como medida elemental para evitar un desastre. Los gobiernos nacional y provinciales no responden a las advertencias de los profesionales, porque sus prioridades están puestas en mantener la producción -por lo que no hay prácticamente restricciones y donde las hay son limitadas y localizadas, y por supuesto que las clases presenciales siguen vigentes- y el ajuste que dicta el FMI.

El gobierno no solo no quiere condicionar las actividades económicas por la reactivación que le prometió a los sectores patronales, sino también porque aplicar más restricciones significaría tener que destinar una porción del presupuesto a la ayuda social para garantizar que las familias obreras se mantengan en sus hogares y no estén obligadas a salir a buscar de qué manera sobrevivir en medio de una profunda crisis social. Esta política sanitaria está destinada al fracaso.