Los efectos catastróficos del ajuste sobre la Salud se hacen evidentes en materia de vacunación.

En relación con la adquisición de las vacunas, un reciente informe de la Secretaría de Salud recogido por Página12 (1/7) reconoce profundas caídas en el contraste 2016-2018: la Sabin pasó de 7,73 millones de dosis a 2 millones; contra la varicela, de 1 millón a 500 mil; la DTA (difteria) de 2,594 millones a 1,5; contra el rotavirus, de 1,6 millones a 1,1; la Salk contra poliomelitis, de 1,08 millones a 840 mil. En el caso de la Hepatitis A, pasaron de 880 mil a 401 mil, mientras que las unidades adquiridas contra la B cayeron de 715.939 a 300 mil. La tendencia se mantiene en líneas generales en 2019, con excepcionales repuntes.

Ya en el último mes se venían multiplicando los reclamos por déficits en las entregas que Nación debe hacer a las provincias de inmunizaciones contra meningitis, entre ellos los de San Luis, Chubut, Misiones, Santa Fe y La Pampa. Ante la imposibilidad de cumplir con el calendario correspondiente, se advierte ante “la amenaza de brotes de esta enfermedad que puede resultar mortal para los menores de 11 años” (Ámbito, 27/6). El gobierno nacional atribuye el asunto a una demora del laboratorio al que se adquiere la vacuna, señalando que hay 1,5 millones de dosis ya pagadas pero no entregadas; causas similares había esgrimido en 2018, para suspender el refuerzo de los 11 años, que fueron desmentidas por el laboratorio.

Esto cuando las familias trabajadoras ya sufren diversas complicaciones para llevar a sus hijos a inmunizarse, entre otras por los restringidos horarios de los vacunatorios. En todo escenario, leyes como la de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación aprobada meses atrás -que establece entre otros puntos que la certificación del cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación debe ser requerida en trámites de inscripción escolar y expedición de DNI y pasaportes (entre otros)- se vuelven un verdadero saludo a la bandera.

También en estos días se sumaron los reportes por los efectos de la demora del gobierno en iniciar la campaña de vacunación antigripal y antineumocócica, que debía haber comenzado en marzo para llegar al invierno habiendo generado anticuerpos. “Los lugares donde más crecieron las infecciones coinciden con los sitios del interior en los cuales enviaron más tarde las dosis”, recaba Tiempo Argentino, recogiendo situaciones como la de Salta, donde hay “al menos 106 casos de gripe A confirmados (casi un 20% en menores de dos años). En la misma época del año pasado no superaban los cinco” y “760 casos de virus respiratorio sincitial (VSR), 517 de ellos en menores de un año, cuando el año pasado para esta época había 114”. Para los casos de bronquiolitis en menores de dos años, los guarismos de las provincias del noroeste, Corrientes, Chaco, Mendoza y San Luis “son los más altos de los últimos cinco años”.

En una mirada más extendida, esta área registra con datos alarmantes los impactos de los sucesivos ajustes presupuestarios (votados por los principales bloques patronales) y subejecuciones en Salud –que suponen también el no aumento del personal, mientras las vacunas del calendario pasaron de ocho a 20 entre 2003 y  la actualidad-, así como del déficit de campañas de promoción. En el período 2013-2017, acorde a un informe de Chequeado (18/6) en base a datos oficiales, cayó el porcentaje de cobertura poblacional en relación con el neumococo, polio, sarampión-rubeola-paperas, Hepatitis B, tuberculosis, las vacunas cuádruple y quíntuple y la de Hepatitis A, en este último pasando de 97 a 87,5%. En todos los casos se ubica por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de un 95% de cobertura, y para algunas provincias la cobertura contra ciertas enfermedades está en el orden del 50%.

Los mitos anticientíficos sobre las vacunas inciden también en estas caídas, como muestra de manera alarmante la situación europea y la expansión del sarampión en Estados Unidos (así como registros recientes de esta enfermedad en Argentina, que había tenido su último endémico en el 2000). La diputada de Cambiemos Paula Urroz marcó en 2017 la confluencia de estas tendencias oscurantistas con las políticas de ajuste, con un proyecto que eliminaba la obligatoriedad de la vacunación a los menores de edad e instaba a “alertar sobre los riesgos de las vacunas” a los padres. Ante el escándalo generado, el interbloque oficial debió salir a desmarcarse de Urroz, quien llegó a su cargo de la mano de Patricia Bullrich.

La crisis en materia de vacunación expresa crudamente la que envuelve al conjunto de la Salud, víctima preferencial de las políticas acordadas con el FMI que tanto el macrismo como sus socios opositores se han comprometido a continuar.

El necesario programa de reorganización que necesita el país, por y para los trabajadores, tiene entre sus medidas elementales que se garantice el cumplimiento del calendario vacunatorio, un plan integral de inmunización y la puesta en pie de laboratorios estatales bajo control obrero.