Salud

29/5/2020

Salud-Córdoba: “Si te contagias te imputan”

Tensa situación se vive en hospitales y centros de salud ante las precarias condiciones en las que combaten la pandemia.

El gobierno de Schiaretti recibió un duro revés contra su política de persecución y criminalización descargada sobre el personal de salud. Luego de la enorme caravana del día lunes 25 que recorrió la ciudad con más de 2.500 autos y réplicas en varias ciudades de la provincia, las reuniones y asambleas en diferentes hospitales no se hicieron esperar. El jueves se realizó una nueva caravana que había sido convocada con anterioridad por la Unión de Trabajadores de la Salud.


Las imputaciones efectuadas por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) a cargo de Andrés Godoy contra los médicos Lucas Figueroa (imputado por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”) y Marcelo Santiago Lázaro, director médico del geriátrico de Saldán (por “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”), fueron impulsadas por los mismos funcionarios provinciales que debían garantizar las medidas de bioseguridad. La embestida judicial se asienta en el hecho de haberse “detectado graves y serios incumplimientos e irregularidades por parte del personal médico que desempeñaba tareas en el geriátrico mencionado respecto de los protocolos elaborados por la autoridad sanitaria” (comunicado de la Ufes). Sin embargo, durante semanas, se desoyeron intencionalmente las demandas y requerimientos del personal médico ante el faltante de equipamiento adecuado y testeos periódicos.



Sin duda, las imputaciones a los médicos del geriátrico en Saldán fueron el detonante de una tensa situación que se vive en hospitales y centros de salud ante las precarias condiciones en las que combaten la pandemia. Sucede que, ante los reiterados reclamos de médicos/as y enfermeras/os por el retaceo constante de los equipos de protección personal y la miseria salarial que empuja a la inmensa mayoría del personal de salud al pluriempleo, la respuesta oficial fue lanzar una política de persecución y amedrentamiento sobre los agentes sanitarios.


Apenas unos días antes de consumarse las imputaciones, el gobierno había enviado una resolución ministerial donde se instruye a los directores de los establecimientos asistenciales dependientes de esta cartera de Salud a reiterar al personal de salud la obligatoriedad del uso de los Elementos de Protección Personal (EEP) y el cumplimiento de los protocolos dispuestos, alertando que su incumplimiento constituye una falta grave, susceptible de ser sancionada. La resolución vino acompañada de una declaración jurada, que intentaron imponer al personal de los hospitales más grandes, en la que se hace responsable al trabajador por el uso adecuado del EEP como así también a certificar su estado de salud a la hora de tomar servicio.


Las medidas dispuestas vienen a ocultar que desde hace una semana en Córdoba se ha instruido a todos los hospitales la suspensión de los testeos al personal, incluyendo personal que atiende casos febriles, a quienes por razones personales se trasladan entre diferentes ciudades de la provincia o a quienes declaren trabajar en varios lugares. Mientras tanto, diariamente crecen las denuncias por el retaceo de los EEP o la distribución de elementos de mala calidad.


La situación se agrava en la salud privada, donde al faltante de insumos y equipamiento se suma la reducción de jornada, la suspensión de consultas externas y por ende, una brutal reducción salarial a la inmensa mayoría del personal. No es menor que un gran componente de la masiva caravana haya sido personal de la medicina privada, que además de ser uno de los sectores más expuestos y precarizados, como lo reveló el terrible caso del Hospital Italiano, es de los más castigados económicamente.


En este mismo terreno se encuentran les residentes, quienes desde hace un mes vienen sufriendo amenazas y presiones por parte de las autoridades hospitalarias por prestar servicios en la órbita privada. Primero con amenazas de sumarios, y luego con la firma obligatoria de una declaración jurada, persiguen a les residentes que se ven obligados a completar su magro salario de $35.000 con trabajo particular. Estamos hablando de médicos que transitan una especialización, y ven bloqueado su título pero sin percibir un peso por ello.


Las disposiciones oficiales son de una brutalidad absoluta. Obliga a las y los trabajadores de la salud a trabajar en un estado de desprotección y exposición permanente, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias, convirtiéndolos en potenciales agentes de transmisión, pero si se enferman son imputados. Así lo denunciaron las y los médicos en la caravana masiva bajo la consigna “Somos médicos, no criminales”, “No somos héroes ni asesinos”, “Basta de condenar inocentes”, “Basta de maltratos”. En este cuadro, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes) no es más que una herramienta judicial para criminalizar al personal de salud y encubrir al Estado.


Cansados de los aprietes y persecuciones, la tensión que crecía dentro de los hospitales estalló en la masiva caravana. Desde Tribuna de Salud y la Unión de Trabajadores de la Salud, venimos denunciando y organizando al activo de los hospitales contra el vaciamiento y el ajuste salarial desde el comienzo de la pandemia. Hemos impulsado una serie de movilizaciónes y protestas, una campaña por que se implemente una política efectiva de testeos masivos, y la organización de los hospitales con el objetivo de poner en pie comité de bioseguridad dirigidos por sus trabajadores.


En esta línea, es necesario profundizar la organización de los hospitales, armando pliegos de reclamos, impulsando reuniones y asambleas, para rechazar las imputaciones, frenar la política de persecución sobre el personal de salud y arrancar al gobierno de Schiaretti todos los recursos necesarios para garantizar la protección del personal y el aumento salarial de emergencia.