A comienzo de esta semana, el intendente del distrito bonaerense de San Isidro, Gustavo Posse, y funcionarios del Ministerio de Salud provincial, aparecieron en los medios locales celebrando la incorporación de nuevas camas para la atención de personas gestantes con Covid-19 en el Hospital Materno-Infantil de San Isidro. Esta noticia, lejos de ser una solución al problema sanitario, representa migajas en el contexto de una crisis social y sanitaria. Se incorporaron tan solo tres nuevas camas con respiradores y monitores multiparamétricos.

Este número de camas (UTI) resulta irrisorio ya que suman un total de nueve camas en el Materno-Infantil y veintitrés en total en todo el municipio donde se calcula (según el censo del 2010) que habitan 292.878 personas.

Hasta el momento, desde que comenzó la pandemia, se registraron en todo el país 86.615 fallecidos y actualmente la ocupación de camas UTI en Amba se encuentra en un 73,3%. A esto se suma la proliferación de nuevas cepas, muchas de las cuales no cubren las vacunas disponibles en el mercado. En San Isidro son 34.501 los contagios acumulados desde que comenzó la pandemia y 918 los fallecidos.

En este contexto, la cantidad de vacunas disponibles son insuficientes para revertir el cuadro sanitario, situación que se agrava con la reanudación de las clases presenciales en la provincia. Además las prepagas reclaman un aumento de las cuotas del 35% aduciendo gastos por la pandemia, cuestión que será discutida puertas adentro con el gobierno.

Ante esta avanzada, urge la centralización del sistema de salud en manos de los trabajadores y trabajadoras para terminar con todos los negociados y poner los recursos necesarios al servicio de la población, junto con la triplicación del presupuesto.