En medio de la pandemia, que puso al desnudo el estado ruinoso del sistema sanitario, la Cámara de Diputados de la Nación dio, el jueves 21, tras un tratamiento exprés, media sanción a un proyecto de ley de recetas que avanza sobre las condiciones de los trabajadores de la salud. Todo el arco patronal votó a favor, y solo el bloque del Frente de Izquierda rechazó y denunció este ataque.

La iniciativa fue presentada públicamente como el marco legal para la digitalización de las recetas y prescripciones médicas, una medida práctica y necesaria más en las actuales condiciones. Sin embargo el proyecto, impulsado por las grandes patronales, trafica la habilitación de la telemedicina, una modalidad que en los términos planteados en el articulado establece un marco legal que abre la puerta a la flexibilidad y precarización laboral de los profesionales de la salud.

En el texto no se hace mención alguna al marco regulatorio de la actividad ni las condiciones de trabajo, en un ámbito donde está muy extendida la contratación bajo la modalidad de monotributo, el pluriempleo, las extenuantes jornadas laborales y salarios de pobreza. Por eso en el trámite parlamentario no participaron los trabajadores ni sus organizaciones sindicales.

El caballo de Troya

La digitalización de las recetas y prescripciones ya se aplica en varias provincias (como San Juan y Neuquén), en algunos centros de la Ciudad de Buenos Aires y en el PAMI -que es la obra social más grande del país. En esa experiencia salta a la vista que es también un mecanismo que aprovechan las empresas para mantener pacientes cautivos en las farmacias integradas al sistema digital.

La telemedicina es útil para determinados procesos como tratamientos de pacientes crónicos en especialidades, para un seguimiento clínico o para evitar el traslado del paciente cuando ello no es conveniente. Pero es totalmente ineficaz para diagnosticar en el caso que suprima el contacto directo, porque no permite realizar exámenes físicos, ni siquiera auscultar al paciente, que son medidas de control básicas.

La ley, que ahora tiene media sanción, plantea la institucionalización de la telemedicina en términos generales y no excepcionalmente, por lo que la intención es avanzar hacia la flexibilización de la consulta sanitaria. Omite además un aspecto central, que es la necesidad de que tanto el profesional como el paciente deben contar con dispositivos tecnológicos y conectividad, a lo que se suman los gastos de electricidad del trabajador. Esta carencia de recursos es una parte sustancial del fracaso de la forzada virtualización educativa.

La ley no asigna un presupuesto para garantizar este servicio, por lo que ni siquiera mejora los términos de acceso a la salud. Esto porque una gran mayoría de trabajadores no cuenta con los recursos técnicos necesarios para acceder a una “teleconsulta” de calidad, y tampoco se establece una adecuación de la tecnología hospitalaria.

Lo que está detrás es el interés de las empresas de medicina prepagas, a las cuales se les abre un amplio mercado con esta modalidad. Con esta ley probablemente acentúen los contratos basura o la figura de monotributista para esconder la relación de dependencia. Permite además bajar costos en términos de estructura edilicia, ahorrándose de montar consultorios para la atención de los especialistas.

El bloque del Frente de Izquierda propuso separar el proyecto en dos, para tratarlos rigurosamente y con claridad a fin de evitar que detrás de una disposición progresiva se esconda un caballo de Troya contra los derechos laborales trabajadores de la salud y el derecho de la población a acceder al sistema sanitario. El rechazo de los bloques patronales a este planteo pone en evidencia qué intereses defienden con esta iniciativa.

Un verdadero programa

La implementación de las recetas y prescripciones electrónicas de manera favorable para los profesionales y para los pacientes requiere terminar con el vaciamiento del sistema sanitario, que se agrava al compás del pago de la deuda y el rescate a los grandes capitalistas.

Los trabajadores necesitamos medidas de fondo y urgentes para enfrentar la pandemia, empezando por la centralización del sistema de salud bajo control de sus trabajadores y la triplicación del presupuesto. Para evitar el pluriempleo, es necesario un aumento de emergencia que iguale el salario inicial de los trabajadores de la salud/efectores al valor de la canasta familiar, el pase a planta de todo el personal sanitario, y la incorporación con salario de convenio de los estudiantes del último año de Medicina y Enfermería. Ello, junto a la provisión de insumos, elementos de protección personal y las mejoras edilicias. Los recursos para garantizarlo deben obtenerse, en primer lugar, dejando de pagar la deuda usuraria y fijando un impuesto real a las grandes rentas y fortunas.