El Centro Médico Talar, ubicado en el distrito bonaerense de Tigre, fue noticia  en los medios por la enorme cantidad de trabajadores contagiados de Covid-19, con cerca de 40 casos entre camilleros, administrativos, enfermeros y médicos.

Desde que comenzó la pandemia, los trabajadores vienen denunciando que la patronal no ha brindado los materiales de seguridad y protección, como barbijos N 95, mamelucos anti Covid-19, escafandras y guantes. De esta manera, los obliga a procurárselos ellos mismos.También denunciaron que se incumple con los derechos laborales y el pago de sueldo en tiempo y forma. A partir de estos reclamos, votaron a cuatro delegadas como representación gremial. La organización de los trabajadores permitió que luego de múltiples denuncias y concentraciones en la puerta del centro médico llegaran algunos materiales de cuidado y que la ART reconozca al personal infectado.

Pero para intentar quebrar este proceso de organización, la patronal despidió a tres delegadas y en las próximas horas se espera lo mismo con la otra compañera. La desidia es indignante, ya que una de ellas sigue internada con coronavirus. Este accionar representa un salto en la ofensiva contra los trabajadores.

El Centro Médico Talar pertenece al grupo Basa, que tiene más de 18 clínicas y sanatorios, y contratos millonarios con obra sociales y ARTs. Este grupo empresario acumula ya numerosas denuncias por no privilegiar la salud de los pacientes. Es un exponente de la ausencia total de administración del Estado sobre la salud privada, que sufren las y los trabajadores sometidos a condiciones laborales precarias, sin los equipos de protección personal adecuados, sin que se respeten las licencias correspondientes, con jornadas laborales extenuantes y una alta tasa de contagio intrahospitalario.

El vaciamiento del Centro de Salud Norte y el Sanatorio Pelliza en Vicente López, dejando a 500 trabajadores en la calle es otra muestra. Mientras, el gobierno de Kicillof mete la mano en el IOMA para subsidiar a las clínicas y sanatorios privados de la provincia con 400 millones de pesos por mes. El sindicato de Sanidad que nuclea a quienes trabajan en la salud privada deja pasar todos estos ataques, sin convocar a ninguna instancia de deliberación ni acción de lucha.

Reclamamos la inmediata reincorporación de las despedidas y su reconocimiento como delegadas electas por las y los trabajadores, además del cese de la persecución gremial y que se permitan las afiliaciones sindicales. Exigimos a los dueños del Centro Médico Talar y al gobierno municipal y provincial que se realicen hisopados a toda la planta de trabajadores, al igual que a sus familiares y contactos directos.

También reclamamos que se garantice la entrega de elementos necesarios para la prevención (barbijos, guantes de látex, mascarillas, cofias, escafras, camisolines y desinfectantes), el inmediato pago de los sueldos adeudados, un ingreso mínimo igual a la canasta básica y el cumplimiento del escalonamiento salarial y actualizaciones paritarias. Por la puesta en pie una comisión de seguridad e higiene conformada por los trabajadores, que controle todas las medidas sanitarias a tomar.

Quienes ponen en juego su salud para cuidar la del resto no pueden ser quienes paguen los platos rotos por el manejo criminal de las patronales.