El proyecto de reforma sanitaria difundido por los equipos de salud del ultrakirchnerismo y lanzado públicamente por Cristina en su discurso en el estadio de La Plata se adapta como anillo al dedo a la exigencia del FMI de reducir el gasto del Estado. No solo eso, sino que se basaría, bajo un maquillaje de sanitarismo “social”, en los principios de la medicina mercantil.

Si ministros del gabinete nacional y funcionarios de salud descalificaron la iniciativa fue por su complicidad con las empresas de medicina privada y con la burocracia sindical que no toleran intromisiones en su manejo de las millonarias sumas en juego. “Totalmente inoportuno” e “inviable” fueron algunos de los calificativos con los que dieron por terminada la cuestión (La Nación, 23/1). Prensa Obrera, en una nota del 18/1 pronosticó que el proyecto nacido en el Instituto Patria, pergeñado por Daniel Gollán y Nicolás Kreplak -titular y vice respectivamente del Ministerio de Salud de la PBA- no iba a ver la luz. Dicho y hecho. Las gerencias de las “prepagas” y los jefes sindicales saltaron como leche hervida, agitando el fantasma de la “socialización de la salud”. Todo porque vislumbraron la intención de enjugar el quebranto de la salud pública con fondos de las obras sociales, incluido el Pami.

Un proyecto confiscatorio

El núcleo del proyecto de Cristina, Gollán, Kreplak, proponía colocar bajo la “gobernanza” (Gollán dixit) del Estado un sistema unificado de los hospitales públicos, las obras sociales y el Pami  -“Sistema Nacional Integrado de Salud”-, que sería un financiador común de prestaciones médicas y compra de medicamentos para más de un 90% de la población. Entre las obras sociales y el Pami cubren a 30 millones de beneficiarios que incluyen titulares y sus familias. El Estado pasaría a disponer de fondos multimillonarios de los aportes a la seguridad social minimizando el presupuesto estatal de salud, que se re direccionará, obviamente, a otros fines, como el pago de la deuda con los bonistas y el FMI.

Y privatista

Aparte de pretender financiar al sistema de la salud pública con los fondos de las obras sociales -que son propiedad de los trabajadores y los jubilados- y no con los de impuestos nacionales y provinciales, el proyecto tiene un alcance más estratégico. Entre las características que trascendieron, figura que el hospital público cobraría sus prestaciones, incluso ofreciendo un 33% de descuento a las obras sociales que ingresen al sistema, integrando la capacidad instalada para “racionalizar recursos”. Una clave de las definiciones que adelantaron consiste en que el financiamiento de las prestaciones de salud no debe responder a la “oferta” (presupuesto) sino a la “demanda” (prestaciones efectivamente brindadas). Es decir todo tiene un valor, se vende y se compra. Bien visto, es una “desestatización” de la salud pública y su integración a un mercado de salud donde el hospital público sumado a las obras sociales que se asociaran, pasarían a jugar como un competidor más en el entramado de intereses de prepagas, prestadores privados, obras sociales y la industria farmacéutica. Una concepción mercantilista que comparte con proyectos previos como la Cobertura Universal de Salud del macrismo o el Hospital de Autogestión del menemismo, todos inspirados en las recetas del Banco Mundial. Es cierto que los recursos de las obras sociales terminan hoy, en su mayoría tercerizadas, en prestadores privados y prepagas, muy pocas tienen instalaciones propias. Pero ello no debe justificar su trasferencia al Estado y su mercantilización para paliar la desinversión en salud pública y contribuir a su privatización.

 “A río revuelto, ganancia de pescadores”

El resultado del revuelo “reformista” es ahora capitalizado por la medicina privada y los jerarcas sindicales. El gobierno está negociando una importante serie de subsidios. Con las obras sociales, fuera de la ayuda por un total de $52.324 millones que les adelantó durante el 2020 como compensación por la caída de la recaudación, está en estudio todo un paquete de reformas que, en trazo grueso, implica descargar la crisis sobre los beneficiarios, con peor servicio y más caro. Incluye el aumento del aporte a la obra social -también para los monotributistas-, una reducción de las prestaciones del Plan Médico Obligatorio (PMO); financiamiento estatal para la atención en discapacidad y una serie de limitaciones a la “libre elección” de obra social que permite la migración a las prepagas de los beneficiarios de más altos sueldos y más jóvenes.

También las privadas recibieron abundantes subsidios con el argumento de la pandemia: reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales sobre la masa salarial y pago de una parte de los salarios del personal (Asistencia al Trabajo y la Producción-ATP). Hasta octubre, según datos del sector, fueron más de $50.000 millones, suma que podría superar los $60.000 millones con los auxilios de noviembre y diciembre (Clarín, 6/1). Suprimido el ATP, el gobierno les ofrece el Repro II, programa para empresas en crisis, que implica $9.000 mensuales por cada trabajador. Según fuentes oficiales, además de aspirar al Repro II, las empresas de salud también sostendrán el reclamo de los beneficios impositivos y las reducciones de las contribuciones patronales que le fueron otorgadas al inicio de la pandemia. Y más de fondo, han presentado a Fernández una serie de propuestas para actualizar de forma automática los precios de la medicina prepaga y los prestadores. El jefe de Estado les prometió analizarlo. (La Nación, 19/1). Si la industria farmacéutica, el jugador más fuerte, no elevó su voz, es porque sabía que era una iniciativa inconsistente. Por algo Integra el riñón de todos los gobiernos.

Impotentes

La salud en Argentina, en todas sus variantes, está dominada por la medicina de mercado y el beneficio. El mencionado PMO, que ahora se quiere cambiar por una canasta de prestaciones más limitada, no se basa en criterios sanitarios sino de costos. Las aspiraciones reformistas de los sanitaristas K han quedado más lejos que la expropiación de Vicentin. Ni siquiera han sido capaces, en casi un año, de someter a la medicina privada a un comando único nacional de lucha contra la pandemia. Un gobierno sometido al capital financiero es incapaz de enfrentar sus ciudadelas mejor guardadas.

Un programa de salud anticapitalista

Hay que empezar por triplicar el presupuesto de salud pública (y no rebajarlo como hace este régimen) para equiparlo y jerarquizar a sus trabajadores. Las Obras sociales y el Pami deben ser reorganizados sobre la base del principio de solidaridad perdido y con direcciones electas de sus trabajadores, independientes del Estado y las burocracias. Todos los sistemas de salud y recursos centralizados bajo un plan único nacional bajo control de los trabajadores, incautando los grandes capitales parasitarios e interviniendo la industria farmacéutica y su sistema de patentes. Con esas medidas básicas marchar a un sistema de salud nacional único, estatal, gratuito, igualitario y de excelencia. Un emprendimiento que requiere de una movilización social, que en su desarrollo, planteará más tarde o más tempano la necesidad de un gobierno de trabajadores.