El pasado martes 26/5 se realizó una reunión en la villa 1-11-14, a instancias de la jueza Elena Liberatori, por la crítica situación del barrio frente al avance del Covid-19. De esta reunión participaron el director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra, el representante de la Defensoría del Pueblo, Alejandro Amor, delegados de manzana y referentes de las organizaciones que intervienen en el barrio.

Los problemas que presentaron tanto las organizaciones como algunos delegados, como el hacinamiento que viven las familias y la necesidad de la asistencia alimentaria para sobrellevar la cuarentena, vienen ya de hace rato y hasta ahora, a pesar de haberse presentado en diversas instancias, no han tenido respuesta. La falta de agua en una gran porción del barrio y la falsa urbanización son otras de las problemáticas que siguen sin resolverse.

Con hambre no hay cuarentena

Debemos denunciar que a las familias que deben cumplir el aislamiento estricto, por estar contagiadas o a la espera de resultados, no les dan las cajas de alimento de las que tanto hablaron las autoridades y, cuando las dan, no alcanzan para todos sus integrantes. En un caso donde 7 familias comparten el mismo hogar, el Instituto de la Vivienda sólo entregó 3 cajas, que no satisfacen ni por asomo las necesidades para poder cumplir con el aislamiento. La llegada de la cuarentena provocó que muchos trabajadores pierdan su fuente de ingreso. El Ingreso Familiar de Emergencia, que dejó afuera a 4 millones de personas, no tiene perspectiva de volver a cobrarse. Los 10 mil pesos cobrados por familia son menos de 150 pesos por día, si se los divide por los 70 que llevamos de cuarentena. Frente a esto, exigimos un seguro al desocupado de 30 mil pesos para hacer frente al hambre que crece en las barriadas.

Una crisis sanitaria previa a la pandemia

Desde el Polo Obrero de Bajo Flores llevamos a la reunión el reclamo de los trabajadores del Hospital Piñero, que en ese mismo momento estaban realizando un corte en Cobo y Curapaligüe, junto con la red de docentes y las organizaciones del barrio, en reclamo de sus condiciones de trabajo, por elementos de protección personal y por un bono y salario para todos los trabajadores de salud. Hay que destacar la situación de este hospital, que frente a la crisis sanitaria por la que pasan los barrios de esta parte de la ciudad, se encuentra sobrepasado. Si tenemos en cuenta que nunca se llevaron adelante las tareas de reacondicionamiento del Hospital Grierson de Lugano, para convertirlo en uno de alta complejidad, queda claro por qué tanto los vecinos de este barrio como los de Villa Soldati acuden al Piñero. El número cada vez mayor de casos de coronavirus se suma a los de dengue, que desde hace meses está presente en el barrio.

Un punto importante que se tocó en la discusión fue acerca del operativo DetectAR y las postas de salud, armadas en conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Salud nacional. Los informes oficiales presentados, que muestran que un 52% de los testeos que se realizan dan positivo, y la forma en que es llevado adelante el operativo, muestran la ausencia de un protocolo efectivo para el combate de la pandemia. Como ya hemos señalado anteriormente en Prensa Obrera, se dan casos donde los vehículos que trasladan a los vecinos testeados, juntan casos positivos con otros sin confirmar, aumentando las posibilidades de contagio, e incluso no se testean a los familiares de los positivos si no presentan síntomas, a pesar de que vivan en el mismo hogar. El debate con el resto de las organizaciones que conforman el "comité de crisis" gira en torno a si deben ser estas o el Estado, con la contratación de trabajadores bajo convenio y con todos los elementos de protección personal, quien debe garantizar el funcionamiento de las postas y las tareas sanitarias en el barrio. Los contagios de militantes sociales que participaban de las postas sanitarias en las diferentes barriadas de la ciudad muestran que se busca poner a los vecinos como los responsables de garantizar la salud del barrio.

Villa Azul también en la ciudad

A esta situación se le agrega el hecho de que a partir del aumento de los contagios se busca imponer la presencia del ejército en la villa. Con la excusa de reemplazar a vecinos que hasta la semana pasada se encargaban del reparto de comida, que ahora no lo pueden hacer por estar contagiados, tratan que sean las fuerzas represivas la cara visible de la asistencia social. Mientras que por la agudización de la crisis aumentan las listas de espera de los comedores populares, los alimentos que debería garantizar el Estado no llegan. La única respuesta es la presencia del ejército, que se prepara para reprimir cuando la crisis estalle por el hambre y la miseria. La situación que se vive por estos días en Villa Azul, en la Buenos Aires de Axel Kicillof, sitiada por las fuerzas armadas, tiene su correlato en la Capital donde ya desde hace rato que buscan convertir a las villas en guetos de pobres.

La responsabilidad del Estado es evidente, y el argumento de que la dura situación actual es así por la ausencia estatal es erróneo. El planteo de que hace falta mayor presencia del Estado se muestra incorrecto cuando se ve el aumento de las fuerzas represivas antes mencionado, lo que es precisamente una expresión de la presencia estatal. La Iglesia y algunos delegados ligados al gobierno exigen mayor presencia militar para mitigar la situación. Pero frente a la crisis sanitaria y social producida por un Estado que sigue usando los recursos en pos de pagar una deuda usuraria, no hace falta más Estado sino la organización independiente de los trabajadores y vecinos del barrio.

Una salida independiente

Desde el Polo Obrero presentamos un protocolo elaborado junto con los vecinos donde se plantea la necesidad de que sea el Gobierno de la Ciudad, a través del IVC, junto con los ministerios de Salud y Desarrollo Social de Nación, los encargados de llevar adelante esta tarea. Que se apruebe una partida presupuestaria especial frente a la emergencia que contemple la provisión de agua, de elementos de higiene y limpieza, la realización de testeos masivos, el otorgamiento de un subsidio alimentario y económico, como también la garantía de una vivienda en condiciones para quienes deban realizar el aislamiento, son puntos clave de este protocolo, que ya ha sido presentado como proyecto de ley en la legislatura porteña y para el cual exigimos que se haga una sesión extraordinaria que permita su tratamiento.

En las actas que circularon luego de la reunión no figura este documento, si bien creemos que puede servir como un punto de apoyo para la organización en el barrio. En la Villa 20, las organizaciones que integran la mesa técnica por la reurbanización del barrio, acordaron una declaración con estos mismos puntos. Creemos que es el camino para exigirle al gobierno el cumplimiento de nuestros reclamos.