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13 de septiembre de 2012 | #1239

Moyano y los graves problemas de los camioneros

La guerra con el kirchnerismo le ha quitado a Moyano resortes vitales en su poder sindical. Es el caso de la parte estatal de los fondos de obras sociales (que él administró en beneficio de su burocracia), el subsidio de 1.000 millones anuales a las empresas camioneras sólo por estar en blanco y el negocio de 100 millones anuales del examen psicofísico a los choferes de camiones y fletes.

Todo ello le quita poder como burócrata sindical y, en el caso del subsidio a las empresas camioneras, la posibilidad de aspirar a parte de ese subsidio a la patronal para volcarlo en salarios y obtener algún diferencial para los trabajadores -algo que no provenía de la ganancia patronal, sino de un subsidio adicional a esas ganancias. Es decir que Moyano se hizo fuerte como lobbista de las empresas camioneras y, por ese motivo, muchas de sus movilizaciones son facilitadas por la patronal, la que da permisos a los trabajadores, les paga el día y hasta colabora para los micros. Moyano no ha tenido hasta acá un poder de movilización contra las patronales, sino con las patronales.

El divorcio político con Cristina agrava esta situación. El gobierno prepara una ley de "envíe nacional" -parafraseando al "compre nacional"- que consistirá en que ninguna dependencia estatal puede hacer su correspondencia por medio de correos privados, sino por el Correo Argentino. Hasta ahora, Moyano fue un fuerte delegado de las patronales de la llamada "rama clearing", la cual incluye jugadores como Oca, Andreotti y hasta Unir (del grupo Clarín), que fueron destinatarios de licitaciones y convenios de todo tipo para la distribución y envíos postales del Estado, justamente por presión del propio dirigente camionero. Moyano las premió con convenios absolutamente negreros como el de Oca (toda la rama es similar) los que establecieron el salario por pieza y fraccionaron vacaciones de acuerdo a las necesidades patronales, al calor de la reforma laboral que el propio Moyano denunció.

Por otro lado, Quilmes (ver nota) se transforma en la experiencia piloto de una racionalización de los gastos de recolección de basura o de reprivatizaciones para liquidar los jugosos contratos de Covelia, ligada a Moyano, en 12 distritos de Buenos Aires. Ya hubo conflictos por ello en Bahía Blanca y Esteban Echeverría, así como cancelaciones de contratos en San Miguel y Berazategui, que precedieron al fuerte conflicto quilmeño.

En estos ataques cristinistas a Moyano se ponen en juego miles y miles de puestos de trabajo, con ajustes en la plantilla de personal, como también en las condiciones de convenio y salario de los trabajadores -al menos en el caso de la recolección de basura. En el caso de correos, de prosperar la ley vendrá una presión sobre los costos laborales de los trabajadores para equipararlos a las condiciones de trabajo por productividad introducida por el propio Moyano en las empresas de la rama. Y, desde luego, una ola de despidos en las empresas de correos privados, muchas de las cuales están colgadas de contratos con el Estado. El Estado puede, además, obligar a concesionarios privados de servicios públicos a seguir las mismas normas.

Como se aprecia, el futuro de los trabajadores camioneros está lleno de amenazas que ya se están haciendo realidad. Motivo suficiente para que se abra una gran deliberación en las filas de los trabajadores de las empresas camioneras -en especial de recolección y de clearing. Hay que establecer un programa contra los despidos: cualquier reorganización de los servicios públicos o de alguna de sus actividades tercerizadas debe realizarse con la continuidad del total de los trabajadores y la vigencia de su convenio colectivo camionero. Esto no se arregla con discursos contra el gobierno, ni con actos donde se proclama que los sindicatos son de Perón, o manifestaciones por la memoria de Rucci como la que plantea Moyano para fin de mes. El gremio camionero se tiene que poner en pie y basarse en asambleas que fijen un programa y organicen la lucha por la defensa de los puestos de trabajo y el convenio, al mismo tiempo que se reclama por salario familiar para todos y anulación del impuesto al salario.

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