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19 de mayo de 2016 | #1411

La huelga general en la UTA Córdoba

Una vez decretada la huelga, el gobierno de Schiaretti estableció todos los mecanismos del Estado para derrotar la iniciativa. Desde el Ministerio de Trabajo se decretó la ilegalidad del paro y se amenazó públicamente a los trabajadores con el despido. El propio ministro llamó a la intervención gremial de la seccional. La Justicia envió sus fiscales a perseguir a los trabajadores que organizaban los piquetes para garantizar la huelga. Se militarizó, con la Infantería, todas las puntas de línea, los recorridos e incluso las unidades

Hace más de un mes, los trabajadores de la empresa Autobuses Santa Fe se autoconvocaron para reclamar contra el vaciamiento empresarial, imponiendo la asamblea general y el paro. La patronal respondió con el despido de seis compañeros. Desde el Ministerio de Trabajo y la UTA seccional se orquestó la conciliación obligatoria, pero con los despedidos afuera. El viernes 5 de mayo, los trabajadores marcharon nuevamente a la huelga en Autobuses, pero esta vez exigieron que se extendiera a todo el transporte. El lunes 9 de mayo, la asamblea de Autobuses se trasladó a la sede sindical y arrancó la huelga general de todo el sindicato, que fue decretada por una parte mayoritaria de la directiva, a partir de las cero horas del día siguiente.

De inmediato, los empresarios, el Estado capitalista y la burocracia sindical cerraron filas para derrotar la huelga general. Hasta ese momento, el intendente Mestre había “denunciado” la responsabilidad de Autobuses, pero su objetivo estaba dirigido a que la empresa Ersa, en la cual tiene participación, asumiera los recorridos de aquélla. Ersa ya se quedó con todos los recorridos de la quebrada Ciudad de Córdoba. Existe una disputa empresarial por el control de los negociados millonarios que se cocinan en el transporte, del que usufructúan empresarios, gobierno provincial y municipal. Esos negociados tienen como punto común un fenomenal vaciamiento del sistema, que pagan los choferes y los trabajadores y usuarios. Este año, estas patronales recibirán 740 millones de pesos en concepto de subsidio nacional y 120 millones de subsidio municipal, sin contar el 10% del subsidio al boleto que pagan todos los contribuyentes municipales. Además, el boleto de Córdoba es uno de los más caros del país.

Una vez decretada la huelga, el gobierno de Schiaretti estableció todos los mecanismos del Estado para derrotar la iniciativa. Desde el Ministerio de Trabajo se decretó la ilegalidad del paro y se amenazó públicamente a los trabajadores con el despido. El propio ministro llamó a la intervención gremial de la seccional. La Justicia envió sus fiscales a perseguir a los trabajadores que organizaban los piquetes para garantizar la huelga. Se militarizó, con la Infantería, todas las puntas de línea, los recorridos e incluso las unidades.

Pero el ataque más certero provino desde la propia UTA. El secretario general Salerno, una parte minoritaria de la directiva local y la UTA nacional desconocieron la medida y se lanzaron con los empresarios y la policía a desorganizar y suprimir la huelga. La sede gremial fue desalojada por completo y también militarizada. Salerno nunca apareció. Este ataque dividió a los trabajadores y los debilitó frente a la patronal y el gobierno. La dirección de la huelga quedó en manos de la fracción mayoritaria de la directiva que había cedido frente a la presión obrera, pero esta dirección no se preparó ni preparó a los trabajadores para la lucha. Esa fracción ha dejado que proceda el vaciamiento, que pasen los despidos y que las patronales avancen sobre un sinnúmero de derechos laborales en un terreno plagado de irregularidades. Así la huelga general de UTA se disolvió, ya entrada la noche del 10 de mayo.

Corresponde hacer un balance y sacar conclusiones. Lo primero que hay que decir es que el paro de cinco días de Autobuses Santa Fe es la respuesta más genuina de los trabajadores a dos años de venir sufriendo despidos, regimentaciones, rebajas salariales y el desguace del transporte. Esta situación sólo ha sido revertida en casos aislados y mediante la lucha, como en Trolebuses, donde la movilización de sus trabajadoras logró que se incorporaran siete unidades nuevas.

Las posibilidades de los trabajadores de UTA de conquistar sus reclamos no dependen de su fuerza, que es enorme, sino de su dirección y de cómo se prepara cada lucha. Ha quedado demostrado el carácter antiobrero, reaccionario de UTA nacional y de sus seguidores, que ahora se encaminan a la intervención de hecho del gremio y a la separación de la fracción que decretó la huelga. Pero también quedó demostrado que la fracción mayoritaria fue incapaz de defender la huelga. Como queda dicho esa fracción nunca se preparó ni preparó a los trabajadores para la lucha; es más, en varias ocasiones ha sido hostil a ella. Desde que asumió, la nueva directiva nunca convocó una asamblea general, mucho menos denunció el vaciamiento y sus responsables. Y ello porque en esa fracción operan también elementos del gobierno y las patronales.

Muchos compañeros han concluido en que hay que hacer como la Línea 60, que lograron la reincorporación de 57 compañeros saliendo a trabajar sin cobrar el boleto. Esa medida puede ser acertada. Pero la conclusión más importante que queda se refiere a la dirección. La lucha sólo puede triunfar si es llevada adelante por una dirección combativa e independiente, que no tenga ningún compromiso con la patronal, ni con sus partidos y funcione mandatada por las asambleas obreras y por sus programas.

¡Viva la huelga general de UTA Córdoba!

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