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25 de octubre de 2016

Luego de la brutal represión, continúa el paro de los choferes de la línea Este y 520

Todos por el triunfo de esta gran lucha.
Por Flor S.

Desde hace diez días, los choferes de las líneas Este y 520  se encuentran de paro por la reincorporación de cinco compañeros despedidos y en reclamo de elección de delegados.

El lunes fueron brutalmente reprimidos. Por la mañana, una patota del sindicato atacó a los trabajadores de la línea 202, que había resuelto ir al paro ante la amenaza de despidos. Por la tarde, la policía bonaerense reprimió a los trabajadores de la línea Este que ocupaban la terminal ubicada en ruta 11 y los desalojó.

Ambas empresas pertenecen al mismo empresario, Osmar Corbelli, uno de los grandes beneficiarios de los subsidios de la “década ganada” y ahora recibe el apoyo del intendente macrista, Julio Garro.

Anoche, luego de la violenta represión con más de 20 detenidos, las organizaciones gremiales, políticas y estudiantiles realizamos un corte en 7 y 50 junto a los choferes para reclamar la liberación de los detenidos. Esta madrugada, los choferes retomaron el corte en la terminal de ruta 11 y bloquearon la salida de los coches. 

Este ataque combinado de patotas y represión policial tiene un objetivo que es combatir el proceso de organización antiburocrático de los trabajadores.

Los choferes tienen pactada una audiencia en el Ministerio de Trabajo. El Partido Obrero se movilizará junto a ellos. Esta lucha tiene en vilo a todos los trabajadores de las líneas de la zona.

¡Vamos con todo por el triunfo de los compañeros!

Denuncia colectiva por brutal represión

La Asociación de Profesionales en Lucha, CORREPI, el Colectivo La Ciega y el CEPRODH presentaron una denuncia penal contra los funcionarios policiales que ordenaron y participaron del desalojo de los trabajadores en huelga en la terminal de colectivos de la Línea Expreso La Plata Buenos Aires. La denuncia penal fue presentada por lesiones, abuso de autoridad, abuso de armas, amenazas y delitos contra la libertad individual.

“La violenta represión ocurrió por cuenta y orden del intendente Garro, quien presentó la denuncia y exigió a la justicia ordene de inmediato el desalojo. Esta avanzada sobre los derechos de los trabajadores tiene un fin aleccionador para toda la clase obrera y se inscribe en la criminalización de la protesta”, declaró Pía Garralda, abogada denunciante. La denuncia quedó radicada en la UFI N°3.

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