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26 de mayo de 2017 | #1459

Santa Cruz: Crece el repudio al crimen de una patota sindical

Por Corresponsal
En la Cámara Oral de Caleta Olivia se está realizando el juicio oral y público por la muerte de Reynaldo Vargas, un trabajador del gremio de la Uocra agredido el 9 de abril de 2015 por una patota organizada por la burocracia del sindicato de petroleros y su secretario general, Claudio Vidal.
 
La abogada Claudia Ferrero, de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), acercó su solidaridad a las víctimas y sumó su reclamo por Justicia y por el fin a la impunidad de las patotas sindicales. En la jornada del miércoles pasado declaró: “En este caso se vuelve a verificar que la acción de los gatilleros y las patotas de un gremio es imposible sin la orden directa, o por lo menos el consentimiento, de los secretarios generales del sindicato que recurren a esos métodos”.
 
Los petroleros Cristian Roldán y Roberto Hernández, y los municipales Oscar Carranza y Juan “Chiquito” Quiroga (quienes hacían “servicios de seguridad para el sindicato petrolero”), acusados de homicidio triplemente calificado por la muerte de Reynaldo Vargas y por tentativa de homicidio (por las lesiones producidas a Bonifacio Barrera), comenzaron a ser juzgados en este mes.
 
A más de dos años se tratará de dilucidar quién asesinó a Vargas, que falleció al recibir un impacto de bala en el pecho que habría partido del edificio del gremio petrolero, y provocó las lesiones a Bonifacio Barrera, quien ese día recibió dos disparos de arma de fuego y salvó su vida milagrosamente.
 
El conflicto se originó en la localidad de Pico Truncado, cuando operarios de la Uocra fueron despedidos por la empresa que realiza la obra de la nueva sede del sindicato de petroleros. De este modo, dirigentes del gremio de la construcción iniciaron el reclamo al gremio petrolero por la reincorporación de los despedidos. Por ese motivo, los manifestantes decidieron llevar el reclamo al gremio petrolero de Caleta Olivia. Hasta allí se dirigieron alrededor de treinta personas, que portaban bombos y arribaron con cánticos.
 
Desde el interior del gremio se produjo el ataque con armas de fuego. Los testigos en el juicio oral precisaron que cuando se encontraban en la puerta del sindicato llegó un automóvil Gol blanco, del que bajaron personas con un bolso que habría contenido armas. A los pocos momentos, comenzaron los disparos desde el sindicato, luego los atacantes se retiraron en un Gol bordó, que minutos después fue interceptado por la policía. Sus integrantes dieron positivo en el dermotest (estudio que verifica que habían utilizado armas de fuego momentos antes). En el camino de su huida, los atacantes se desprendieron de un bolso que contenía diez armas de fuego, entre las que luego se verificaría que se encontraba el arma de la cual había salido el disparo que puso fin a la vida de Vargas. Dentro del sindicato permanecieron atrincheradas cerca de treinta personas varias horas, a las que se le realizó también el dermotest y cuatro personas más dieron positivo en ese examen.
 
Las primeras jornadas del juicio dejaron en evidencia cómo una vez más la burocracia sindical utiliza para sus fines personas armadas, entre las cuales no sólo se encuentran miembros del gremio, sino también barrabravas o patotas que son convocadas por sus dirigentes al único efecto de efectuar los disparos contra los disidentes y/o sector que lo enfrenta.
 
Al juicio sólo llegaron cuatro personas, a pesar que se demostró que siete habían usado armas. Los dos municipales fueron convocados especialmente por los hombres de la “seguridad” del sindicato de petroleros que responden directamente a Vidal. Son parte de la prueba los múltiples cruces de llamadas y mensajes que acreditan esto; sin embargo, en el banquillo de los acusados sólo quedaron los gatilleros, quedando hasta ahora impune la responsabilidad de los autores intelectuales.

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