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30 de junio de 2017

Córdoba: sigue la lucha contra el ajuste jubilatorio

El pasado 22 de junio nos movilizamos en Córdoba por la defensa de la Caja de Jubilaciones, para recuperar el 82% móvil y rechazar el proceso de armonización. La movilización fue resuelta en un nutrido plenario en la sede de la mutual de los bancarios provinciales con la presencia de trabajadores activos y jubilados de los distintos gremios estatales, delegados y miembros de directivas sindicales y las organizaciones de jubilados más importantes de la provincia. Tal cual se resolvió en dicho plenario, ese día presentamos desde la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura de Córdoba, por medio del legislador Eduardo Salas, un proyecto de ley por la defensa integral de las jubilaciones. El proyecto plantea la anulación de la ley 10333 que roba un 11% del haber jubilatorio y la derogación de todas las leyes y decretos que avanzan hacia la armonización previsional, y resuelve la vigencia de la ley provincial 8024 para garantizar el 82% móvil. Además, el proyecto estipula el cese de la intervención de la Caja que se sostiene desde hace 20 años, y establece un plazo de 60 días para la normalización y la elección de un directorio integrado por los trabajadores, tal como ordena el propio estatuto de la entidad. Como dijo Eduardo Salas en la movilización, este proyecto establece un programa para la lucha por la defensa de la jubilación de los trabajadores cordobeses.
 
El ajuste jubilatorio no sólo es parte de la agenda política de los gobiernos nacional y provincial, sino que los muestra activos, unidos en un mismo programa. Al objetivo del gobierno nacional de aumento de la edad jubilatoria hay que sumarle el propósito de armonizar los sistemas previsionales provinciales con el régimen nacional, y convertir la jubilación en una asignación universal mínima a la vejez. Esta es una herencia de la política kirchnerista de la que no reniega ni en apariencia el gobierno de Macri. Juntos son responsables de una mínima apenas por encima de los 6 mil pesos, que condena literalmente a la vejez a una muerte anticipada. En Córdoba, el gobierno de Schiaretti está desfinanciando a todas luces la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, como parte de este plan de armonización. Luego de subirse a la ley ómnibus y acordar con Macri por el déficit de la Caja, dictaminó por decreto (1492/16) una reducción de las contribuciones patronales y comenzó a adecuar los aportes personales. Redujo el aporte de los empleados públicos un 2% y, más grave aún, estableció como parte del acuerdo salarial docente una reducción de 3,5%. El desfinanciamiento es flagrante y promueve un descomunal ajuste jubilatorio. Sólo con la quita de contribuciones patronales se preveía para este año un déficit para la Caja superior a los 5.000 millones de pesos. La complicidad de las conducciones del SEP (empleados públicos) y la UEPC (docentes) los convierte en actores clave de un ataque a los trabajadores de dimensiones históricas.
 
Esta política es fuertemente rechazada por los trabajadores. Los estatales de Córdoba realizamos un aporte extraordinario a un fondo complementario para sostener un 82% móvil que ya no existe más, ha sido birlado por sucesivos gobiernos e intervenciones de la Caja y eliminado definitivamente por la ley 10333 que estipula un haber de alrededor de 73% (82% del 89%). La armonización del sistema jubilatorio hace desaparecer esos aportes y destruye los derechos previsionales de los trabajadores cordobeses. La movilización del 22, su convocatoria y la campaña que la precedió, son la expresión del rechazo a esta política y de la tendencia a la lucha de los trabajadores para derrotar este ajuste.
 
La burocracia sindical ataca esta tendencia porque la entiende incluso como un peligro para su propia subsistencia. El año pasado conformó una Coordinadora de gremios estatales no para impulsar la lucha contra el recorte jubilatorio, sino al contrario para evitarla y enfrentar al activismo que ya impulsaba la intervención independiente. Esa Coordinadora no tuvo más vida ni función que la de intentar quebrar el frente de trabajadores que convocó a un plenario provincial, instaló una carpa el año pasado en el centro de la ciudad y convocó ahora a una movilización por la defensa de la Caja. Ahora la UEPC, el gremio estatal más grande de la provincia, no sólo ha aceptado una quita de los aportes, sino que conformó una mesa con el gobierno de Schiaretti para negociar la armonización. Separan a los docentes del resto de los estatales, buscando ser incluidos en el régimen especial nacional, sin considerar que este régimen ya está derogado. La UEPC está apurando el proceso de armonización y, en un afán de saltar del barco, va a terminar ahogándose antes que nadie. La perfidia de la burocracia Celeste de UEPC condena no sólo a los docentes sino a todos los trabajadores estatales a un recorte jubilatorio descomunal.
 
La burocracia sindical interviene no para frenar el ajuste en las jubilaciones, sino para evitar que la lucha que necesariamente encaran los trabajadores y que cuestiona su dirección, le repare peligros mayores. En la movilización del 22 participaron minoritariamente sectores de algunas directivas sindicales como Luz y Fuerza, pero la participación no fue debatida ni por asomo por los delegados y el conjunto del gremio. Otros sindicatos se ausentaron olímpicamente. Este posicionamiento no es gratuito en el seno de las propias directivas sindicales, desde ya divididas por intereses políticos patronales. Comprometida con el gobierno y la disputa electoral, la burocracia pretende desplazar la intervención de los trabajadores del terreno de la lucha y llevarla hacia un derrotero de especulación política. Así intervinieron ambas CGTs de la provincia en el conflicto todavía vigente de UTA y por eso no convocaron al paro provincial, a pesar de haberlo anunciado repetidas veces. Un paro provincial marcaría un norte de lucha para los trabajadores y serviría para brindar una respuesta de conjunto, completamente opuesta a los intereses del gobierno. Nada más ajeno a las intenciones de las conducciones sindicales.
 
Esta situación debe ser debatida profundamente para poder impulsar y orientar la lucha hacia una victoria. Es necesario sostener el plan de lucha que impulsamos en el plenario que convocó a la movilización. Por ello proponemos lanzar una campaña por un paro activo provincial y convocar a un nuevo plenario para agosto que mantenga la movilización y lance un plan de acción. Es una tarea necesaria para enfrentar la política antiobrera del gobierno.

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