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19 de abril de 2018 | #1498

La rebelión de los choferes

Tras el crimen de Leandro Alcaraz

Tras el asesinato de Leandro Alcaraz,chofer de la Línea 620 en Virrey del Pino, y luego del paro del lunes, la continuidad de la huelga -desafiando a la conducción de UTA- fue votada en una masiva asamblea de choferes autoconvocados de diversas líneas de La Matanza y de zona Oeste, en el kilómetro 35 de la Ruta 3.

Durante el paro del lunes ya se había sobrepasado por completo el accionar de los delegados de la UTA, que pretendían frenar la bronca contenida. Hubo piquetes durante toda la noche en General Paz y J.M. de Rosas (ex Provincias Unidas). En la manifestación que se realizó durante el mediodía en la Municipalidad de La Matanza, los delegados de la burocracia fueron insultados y tuvo que intervenir la policía local para salvarles el pellejo ante la furia de unos 400 trabajadores que reclamaban una entrevista con la intendenta, Verónica Magario. Varios choferes relataron que, en sus líneas, los trabajadores desoyeron el pedido de los delegados de hacer un paro “tranquilo en casa” y se movilizaron al kilómetro 35, donde se llegaron a reunir más de 2.500 choferes pidiendo justicia por Leandro e insultando a la dirección de la UTA por no convocar al paro general. Desde el gremio salieron a cruzar el reclamo aduciendo que era una exigencia “maligna y política”. También hubo cánticos contra el gobierno de Macri y la intendenta de La Matanza.

Los choferes dieron una pelea extraordinaria en sus lugares de trabajo y lograron garantizar la medida de fuerza, en primer lugar contra las patronales, que tuvieron que amenazar con suspensiones y despidos, y en segundo lugar, cuerpo a cuerpo, contra los delegados de la burocracia de Roberto Fernández, secretario general de la UTA, que intentaron romper la huelga. 

Además de la 620, pararon decenas de líneas de la zona. El mismo martes, en el velorio de Leandro, mil choferes lo despidieron en una caravana que recorrió varios kilómetros de la ruta 3 hasta llegar a González Catán.

Ritondo y Magario

Frente al reclamo de los choferes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la colocación de botones antipánico y de unas 9.000 cámaras en los colectivos. Para implementarlo, Vidal acordó con unos diez empresarios de la Cámara de Transporte las condiciones de una línea de crédito a “tasa blanda”. Cuando estas medidas se anunciaron en la concentración que llevaban adelante los choferes en el kilómetro 35, el repudio fue general.

Por otro lado, Ritondo denunció que Magario no ejecutó el dinero enviado por la provincia a través del Fondo de Seguridad en 2016. La intendenta le retrucó en conferencia de prensa que le traspase la policía local y que “vuelva a mandar a la Gendarmería”. Magario pretende reforzar su aparato represivo, metido hasta los tuétanos en la organización del delito en el distrito, y seguir militarizando los barrios con la excusa de “cuidar a los matanceros”.

Pero la inseguridad es el subproducto de la descomposición de todo un régimen social, de la criminalización del Estado y de las mafias policiales que organizan el delito, explotando la miseria y la penetración de la droga en los barrios obreros.

La lucha de los choferes por medidas de seguridad expresa una bronca generalizada ante la absoluta desprotección que deben padecer cotidianamente durante su jornada laboral. 

Un planteo para proteger a los trabajadores

Desde el Partido Obrero, apoyamos la rebelión de los choferes contra la burocracia y los gobiernos. Planteamos la instalación obligatoria de cabinas de blindaje para los choferes y cámaras en cada colectivo; que se garantice personal de seguridad a cargo de las empresas en los recorridos nocturnos y que se coloque la luminaria adecuada de los recorridos. Para garantizar el cumplimiento y monitoreo de estas medidas, proponemos la creación de un Comité de Control Obrero de la Seguridad Laboral (CCOSL) conformado por delegados choferes electos por sus compañeros y una representación de usuarios con plenas facultades, para que las patronales y los gobiernos, respondan ante ellos. Estos planteos se encuentran desarrollados en un proyecto de ley que la diputada del Partido Obrero-FIT, Romina Del Plá, ha presentado en el Congreso Nacional.

La reacción obrera frente al asesinato de Alcaraz forma parte de un proceso de deliberación y de bronca entre las bases del gremio contra su dirección sindical, que viene de firmar una paritaria del 15% en cuotas y está dejando pasar un conjunto de ataques a las condiciones laborales de los choferes. Algunos de los carteles que se vieron en los piquetes y manifestaciones fueron “Fernández traidor, la sangre de un compañero no se negocia” y “Fuera Fernández de la UTA”. A la luz de este proceso se empiezan a manifestar reagrupamientos de choferes antiburocráticos y en algunas líneas se empieza a discutir la destitución de los delegados de la burocracia.
Más que nunca necesitamos instancias de deliberación en el sindicato -asambleas, plenarios y congresos de delegados con mandato de las bases- para que los trabajadores discutan colectivamente un programa, impongan un paro activo nacional y desarrollen un plan de lucha, que desenvuelva las tendencias huelguísticas que anidan en el gremio.

Por el cumplimiento de las normas de seguridad, por reabrir la paritaria firmada por Fernández y para poner en pie una nueva dirección que derrote la ofensiva capitalista de Macri y sus aliados.

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