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6 de mayo de 2018

Ley "para prohibir los despidos en el Estado": un fraude

El jueves 3 de mayo fue presentada una "ley que declara la Emergencia Ocupacional en la Administración Pública". ATE Capital, el sindicato dirigido por Daniel Catalano, se exhibe como impulsor del proyecto, que es a todas luces una iniciativa política del kirchnerismo. En la presentación estuvo el jefe del bloque FPV-PJ, Agustín Rossi; se anunció que, además de ese diputado, la propuesta lleva las firmas de Correa, Larroque, Siley, Salvarezza, Mendoza, Pietragalla, Yasky, Máximo Kirchner y Gioja (por el FPV-PJ); Grosso y Ferreira (por el Peronismo para la Victoria); y Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra (por el PTS-FIT).

El planteo es un fraude por múltiples motivos. En primer lugar, el proyecto establece en su artículo 2 que desde su publicación en el boletín oficial "quedan prohibidos por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días los despidos o suspensiones, sin justa causa, de trabajadores en el ámbito público nacional". De este modo, se convalidan las cesantías ya ejecutadas por el gobierno en el pasado, incluso aquellas por las que existen luchas ahora mismo -como ser el INTI, Río Turbio o SENASA. En cualquier caso, ni siquiera esto es lo más grave: es evidente que a los promotores de la iniciativa no les importa en absoluto que se apruebe. Se trata únicamente de un operativo de autoblanqueo e impostura; ¿cómo entender, si no, que los pejotistas, responsables de despidos y ajuste en sus provincias, aparezcan "solidarios" con las penurias de los estatales? Mientras el FPV ajusta bestialmente a los estatales santacruceños con una paritaria del 0% al básico y $2.000 miserables en negro, sus diputados hacen conferencias de prensa "contra los despidos". Al leer los artículos siguientes, el detector de hipocresía directamente estalla; sucede que el kirchnerismo plantea "garantizar los mecanismos para que los trabajadores y trabajadoras contratados que ingresaron a la Administración Pública Nacional antes del 31 de diciembre de 2015 obtengan en forma definitiva la estabilidad del empleado público". O sea, quienes precarizaron a una masa gigantesca de estatales, pavimentando así los despidos de Macri, ahora dicen que "habría que pasar a planta" -lo que no realizaron en 12 años. Se burlan en nuestra cara.

No es casual que buena parte de la burocracia sindical vinculada al kirchnerismo y la Corriente Federal aparezca entre los firmantes y/o impulsores. Como versión devaluada de la vetada ley antidespidos de 2016, que la burocracia utilizó como excusa para no impulsar una lucha real, esta iniciativa busca un manto de encubrimiento a los que vienen de firmar paritarias a la baja, según la pauta oficial -como el Sitraju-. Entre los estatales es particularmente grotesco el papel de ATE Capital, que realizó hace pocos días una asamblea general para aprobar la memoria y balance a libro cerrado sin plan de lucha, mientras siguen los despidos.

Por todos estos motivos, el apoyo de un sector de la izquierda al proyecto es negativo. Indudablemente, iniciativas prácticas que contribuyan a la movilización o a la conquista de reivindicaciones obreras pueden implicar coincidencias en tiempo y espacio con partidos patronales u organizaciones burocráticas. Este, evidentemente, no es el caso. Estamos frente a una iniciativa que reivindicativamente es estéril, y hasta negativa, y que políticamente contribuye al blanqueo del kirchnerismo y de la "necesidad" de un frente antimacrista sin fronteras de clase, como postuló el propio Agustín Rossi. Por ello, llamamos la atención sobre la firma del PTS al proyecto, y la presencia de las agrupaciones Marrón (también del PTS) y de ATE desde abajo en la conferencia citada.

Desde el punto de vista parlamentario, mucho mejor sería impulsar el proyecto que oportunamente presentó Pitrola -y ahora retoma Romina Del Plá- respecto de la prohibición de despidos y suspensiones, y la declaración de apoyo a la lucha del SENASA. Más importante aún, es confrontar políticamente con la orientación desorganizadora y desmoralizante de la burocracia kirchnerista, y plantear la necesidad de que los sindicatos adopten una lucha en serio contra el ajuste de Macri y los gobernadores, mediante asambleas y congresos que unan por abajo a las bases. Esto, y la separación de trabajadores y trabajadoras respecto de un nacionalismo burgués decadente, son parte de la misma tarea.

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