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2 de agosto de 2018 | #1513

Camioneros, Suteba: defendamos el derecho de huelga

Camioneros, Suteba: defendamos el derecho de huelga

Foto: Javier Entrerriano

Las multas a Camioneros y Suteba por no acatar conciliaciones obligatorias se han transformado en una avanzada vertebral del gobierno Macri contra el derecho de huelga. El punto merece la lucha de todo el movimiento obrero en defensa de estos sindicatos, porque está en juego el derecho a luchar con los métodos de clase frente al monstruoso ajuste del FMI que ejecutan Macri y los gobernadores.

A Camioneros se le aplicó una astronómica multa de 809 millones de pesos por no acatar una conciliación obligatoria a principios de año, cuando el sindicato reclamaba un bono de fin de año en compensación por la inflación. El “instrumento” legal es una ley de Menem de 1998 (Ley N° 25.212), que reglamenta incumplimientos graves de fallos laborales administrativos que siempre son de las patronales, pero en su artículo cuarto incluye “las partes” de una conciliación obligatoria no aplicada.

Triaca no aplica jamás una conciliación para retrotraer despidos. No lo hizo en el Inti, no lo hizo en el Turbio, no lo hace en Télam, no lo hizo en AGR ni en Pepsico, donde los conflictos colectivos con medidas de fuerza justificaron largamente la intervención del ministerio; por otra parte, reclamada en forma reiterada por los trabajadores. En cambio, aplica conciliación contra un reclamo salarial donde los trabajadores sólo pierden, porque tienen que levantar la medida de fuerza sin que la patronal otorgue aumento alguno. Sólo sirve para enfriar y desmontar el proceso de lucha de la clase obrera.

El Partido Obrero rechaza el arbitraje del Estado sobre los sindicatos y las acciones de lucha de la clase obrera en general. Lo hemos rechazado en oportunidad de las infinitas conciliaciones de Tomada contra las huelgas salariales, justamente para hacer cumplir los topes paritarios que marcaba Moyano. Recordemos las conciliaciones absurdas en bancarios antes que la huelga siquiera empezara, contra su mero anuncio. Pero en numerosas ocasiones se arrancaron conciliaciones con reincorporación efectiva de los despedidos que crearon escenarios para reforzar el movimiento huelguístico teniendo a los despedidos otra vez entre sus compañeros.

Macri y Triaca ejercitan el arbitraje del Estado en el sentido más reaccionario, como un instrumento unidireccional a favor de la patronal. Pero ahora van más lejos al embargar por montos multimillonarios capaces de quebrar al más poderoso sindicato.

La multa al Suteba de otra friolera, 659,7 millones de pesos, viene como dardo envenenado. Le aplican una ley, la 26.941, de mayo de 2014, en pleno gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que modifica y agrava las multas de la 25.212. Justamente le aplican al Suteba el monto que surge de multiplicar la cantidad de afiliados por el salario mínimo, vital y móvil. El argumento es que se multiplica por la cantidad de “afectados” que serían los protagonistas de la huelga docente de la provincia, los que habrían parado en su totalidad porque se le aplica al total del número de afiliados. Un disparate de características monumentales que, no obstante, pone de relieve que los legisladores “nacionales y populares” no tuvieron en cuenta que agravaban las penalidades de una ley de arbitraje que puede sancionar por igual a “partes” tan desiguales como el capital y el trabajo, como los explotadores y los explotados, como los dueños de los medios de producción y los que sólo tienen su fuerza de trabajo para vender, cada día más barata.

A esta altura, vamos al núcleo de la situación planteada y las tareas urgentes que de ella se deducen. Se trata de un ataque vertebral al derecho de huelga cuando recrudece el ajuste macrista, varias veces fracasado en estos dos años y medio, hacia su fase más brutal: recesión, despidos, devaluación y desvalorización de salarios, ataque al sistema jubilatorio mediante rebaja de aportes patronales, rebaja de asignaciones familiares y agravamiento del impuesto al salario por inflación, nuevos y más amplios tarifazos a los combustibles, gas, electricidad y transporte y recortes a las provincias por 100 mil millones de pesos en el marco de un ajuste general de 300 mil millones de pesos en el Presupuesto Público.

Una pulseada decisiva

El paro docente es revelador porque fue decretado en cinco provincias: las de Vidal y Larreta, Peppo (Chaco), Bertone (Tierra del Fuego) y la Santa Cruz de Alicia Kirchner. Es decir, todo el espinel político patronal. Atacan el derecho de huelga para defender a un régimen político entero contra la clase obrera, el régimen de los partidos que gobernaron la Argentina los últimos 40 años en función de la banca acreedora, los grupos económicos y la burguesía en su conjunto.

Todas las entidades del capital agrario, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) apoyan el “rumbo” del gobierno, aunque reclaman por más concesiones. Y acaban de obtener el compromiso de Macri en la UIA y de Michetti en la Rural, de que no habrá vuelta atrás en las rebajas de aportes patronales y retenciones sugeridas por el mismísimo FMI en sus textos del acuerdo y condiciones del rescate.

Por otro lado, las patronales atacan en todos los frentes. Están violando el convenio en los bancos, apretando en los ritmos de producción en toda la industria, atacando convenios colectivos emblemáticos como Luz y Fuerza (Córdoba) y el Turbio, imponiendo convenios flexibles (ferroviarios, leche, Smata), atacando los cuerpos de activistas, usando el cierre de plantas para tercerizar y/o flexibilizar (AGR, Pepsico).

Estamos ante un nuevo y más profundo capítulo del pasaje de un régimen de contención (el kirchnerismo) a un régimen de ofensiva contra las masas (Macri y los gobernadores). Este ataque, no obstante, lo tiene que afrontar el gobierno tras dos años de fracasos, con un giro de las masas contra el gobierno y un aumento de la bronca popular que venimos marcando desde estas páginas desde diciembre pasado en oportunidad de la trilogía de reformas jubilatoria, tributaria y laboral. Un giro por abajo que se ha profundizado ante la corrida cambiaria, la devaluación y la apelación al odiado FMI.

Por otro lado, si bien las luchas obreras no encuentran una vía de victoria -salvo excepciones como la huelga docente neuquina-, el régimen se topa todo el tiempo con nuevas huelgas como la de Télam. Las reacciones de los trabajadores que se manifiestan especialmente cuando se encuentra un canal y un objetivo de conjunto como en las jornadas de diciembre, cosa que se volvió a vivir en el paro del 25 de junio. Pero la burocracia sindical (y sus socios menores del centroizquierda sindical y el trío social San Cayetano) usa el paro dominguero del 25 como factor de reacomodamiento para mejor frenar y aislar a los movimientos de lucha. Algo que comprende a reputados miembros de la Corriente Federal kirchnerista como Palazzo, que abandona a los activistas perseguidos por las poderosas patronales bancarias.

Ante tamaño ataque al derecho de huelga, todo el movimiento obrero tiene que salir en plan de lucha para defender a Camioneros y al Suteba. Le reclamamos a esas direcciones, ambas convocantes del 21F, que convoquen un inmediato plenario de sindicatos de todas las centrales para disponer un plan de lucha contra las multas a Camioneros y al Suteba. Empezando por convocar asambleas de sus propios trabajadores camioneros y docentes de Ctera en todas las seccionales del país. Las reivindicaciones se enlazan una con otras, en defensa de los salarios, contra los despidos y este ataque al derecho de huelga, hoy más que nunca vamos por el paro activo nacional de 36 horas, para enfrentar movilizados por millones al régimen del FMI.

A nuestra clase obrera le sobran historia y reservas de lucha para afrontar esta ofensiva de un gobierno repudiado y fracasado. Se trata de una pulseada decisiva, y la podemos ganar. Más que nunca adelante con el programa y las iniciativas del Plenario de Lanús que marca una perspectiva y un método para superar a la burocracia sindical.
 

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