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23 de agosto de 2018

Astillero Río Santiago: abajo el desaguace

Todo el apoyo a la lucha de los trabajadores.

De la reunión realizada el pasado 13 de julio en Mar del Plata entre empresarios navales y Macri, se filtró una frase ya famosa entre los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS), la de Domingo Contesti.

El presidente del Astillero y vice de la Federación de la Industria Naval, respondió a la pregunta de Macri, acerca de qué hacer con la empresa: “dinamitarla”, dijo. “¿Y si lo recibís solo con 600 trabajadores?”, le replicó el presidente.

Los intentos de destruir el Astillero vienen de lejos, por lo menos desde la administración menemista. Cavallo y Dromi entregaron las reservas de cargas internacionales de Argentina, un mercado de fletes cautivo del 50% de las cargas internacionales, un derecho internacional.

El decreto 1772 de Cavallo transfirió esa participación a las “banderas de conveniencia”: liberiana, panameña, de las Islas Marshall o Bahamas, todos ‘paraísos’ navales.

Se trata de un régimen de desgravaciones impositivas, eximición de cargas sociales y desconocimiento de la legislación laboral.

Al mismo tiempo, Menem liquidó el Fondo de la Marina Mercante y desreguló y privatizó empresas estratégicas como YPF, incluida su flota.

Los trabajadores de Río Santiago resistieron este proyecto privatizador en una lucha histórica, pero la caída de la producción fue en picada: el Astillero pasó de 8128 trabajadores a 3309, y nunca se recuperó.

Nada cambió durante el gobierno de los Kirchner. La estatización de la industria naviera quedó en anuncios; el Astillero subsistió debido a acuerdos de construcción y reparación con Venezuela, no mediante la revitalización de la flota nacional.

Se mantuvo el esquema de privatización de los puertos, donde operan las multinacionales Maersk Sealand, Mediterranean Shipping Company, Hamburgsud, Cargill, Continental, Archer Daniels, Midland Company, que construyen en el exterior.

La última carga de “dinamita” la aplicó el gobierno de Macri y sus compinches pejotistas, en 2016, mediante la ley 27.418 y el decreto 650/2018.

Esta reglamentación establece un arancel de importación cero para los buques nuevos y usados de hasta 7 años de antigüedad, por el término de dos años. Sirve para amortizar las embarcaciones de las multinacionales y bloquear la producción del Astillero.

Los proyectos que están en el Senado (Pino Solanas–Luenzo), que promueven la creación de un fondo para la Marina mercante (FONDINN), establecen un subsidio del 13% para los astilleros nacionales. Otro proyecto establece un subsidio del 2% de la exportación de soja.

El gobierno de Vidal se opone al subsidio, a sabiendas de las criminales implicancias que eso tiene para el ARS.

La lucha de los trabajadores del Astillero apunta quebrar esta ofensiva privatista final. La idea del gobierno de Macri con el ARS es la de Cresta Roja: buscarle un dueño que lo acepte con 600 trabajadores flexibilizados.

No pagar salarios adeudados, al igual que hicieron en Cresta Roja, es parte de esa tarea de demolición. También el desconocimiento de antigüedades, categorías y hasta las indemnizaciones correspondientes.

La defensa del ARS implica derogar la ley 27.418 y su decreto reglamentario y un plan de desarrollo naval bajo el control de los trabajadores.

 

 

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