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7 de noviembre de 2018

La CGT firmó un bono (anti)salarial y de dudoso cumplimiento

Necesitamos un inmediato paro activo por la reapertura de las paritarias.

La conferencia de prensa de la CGT fue como una de esas malas películas con final previsible. Héctor Daer y Carlos Acuña – el actual binomio de conducción – anunciaron un bono extraordinario de 5 mil pesos, en dos cuotas (noviembre y enero) “no remunerativas”, a cambio del cual se levantaría el “posible” paro anunciado para fin de mes.

"El paro está resuelto. Será por 36 horas con una marcha y sólo nos falta definir la fecha", bravuconeó Acuña hace unas semanas, adelantando lo que en realidad sería una propuesta de la “mesa chica” de la central al Consejo Directivo; que además llegó rebajada a “un paro de 24 horas y sin movilización”.

El coqueteo con el “quinto paro a Macri” nada tuvo que ver con un giro combativo de la burocracia, que viene de dejar pasar la media sanción del Presupuesto del FMI, el cual implica una profundización violenta del ajuste.

Un paro “aislado” sería nuevamente el recurso para disipar la bronca popular, que crece al ritmo del deterioro social y, al mismo tiempo, un instrumento para contener el retiro de nuevos gremios del Consejo Directivo. Los llamados "moyanistas sin Moyano" –Julio Piumato, de judiciales, Hugo Benítez, de textiles, y el panadero Abel Frutos, entre otros– podrían emigrar hacia el Frente Sindical.

Sin embargo, la reciente incorporación de Hugo Moyano y Daer a la “mesa chica” del PJ, encargada del armado electoral 2019, preanuncia la suspensión de las hostilidades y, más allá de las declaraciones ("la CGT vuelve a fallarle a los trabajadores", disparó Pablo Moyano), una componenda.

Un bono miserable y de cobro incierto

La propuesta del bono surgió de una reunión de la CGT, las cámaras empresarias – UIA, la de la Construcción y Comercio – y el ministro de Producción, Dante Sica, que forma parte de un nuevo ensayo de “diálogo social” promovido por la Iglesia.

Los detalles del acuerdo no los conoce ni la CGT, la cual sin embargo exige que tome la forma de un decreto presidencial para garantizar su cumplimiento; “ya que el último no lo cumplieron”, recordó uno de los negociadores, haciendo referencia a la suma de fin de año pactada en 2016 que numerosas patronales pagaron sólo parcialmente y muchas otras simplemente desconocieron.

La precaución no está de más; sobre todo cuando la misma Unión Industrial adelanta que “tal vez no todos los sectores ni todas las empresas estén en condiciones de tomar ese compromiso”.

“En este contexto de recesión, en las Pymes los problemas están agudizados: hay suspensiones, adelanto de vacaciones, etc.”, se atajó Miguel Acevedo, el capo de la UIA. Antes que él, otro hombre fuerte de los industriales, José Urtubey, hermano del gobernador salteño, criticó duramente la política económica del macrismo y consideró que el bono sólo se podría negociar sector por sector. “Hay empresas que van a poder dar bonos y otras a las que no se les puede pedir eso”, advirtió.

En la CGT esperan tener el decreto “con la letra chica para analizarlo” el próximo jueves, cuando se retome la reunión del Consejo Directivo luego del cuarto intermedio. Según trascendió el texto fijaría el monto del bono en "hasta 5.000 pesos”, de modo que actuaría como un techo y abriría la puerta a cualquier interpretación. Lo que se conoció por boca de Sica, es que el acuerdo excluye a los empleados estatales y que se “evalúa su obligatoriedad" con el agregado de una línea de financiamiento con bancos para las empresas que la soliciten. 

También precisó que en aquellos gremios que ya firmaron nuevos ajustes para los próximos meses los empresarios podrían pagar el bono “a cuenta de futuros aumentos”. Este punto fue rechazado por la CGT, pero se puede prever que no habrá ruptura.

Por su parte, Daer se apresuró a aclarar que “no son soluciones de fondo, pero tampoco las podemos encontrar en un momento donde la actividad económica está cayendo” y que “el paro del que se habla nunca fue decretado”.

Perfidia patronal

El titular del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, reconoció que los salarios están “retrasados” y esta compensación – por el bono – “es necesaria”. A reglón seguido, Blanco considera “imprescindible” la reforma laboral.

Pero lo que Blanco denomina “retraso” en materia salarial es, en realidad, un derrumbe. La propia secretaria de Trabajo reconoció que en los últimos 12 meses los ingresos formales o en blanco sufrieron una pérdida de 15,1 puntos.

Tomando un salario promedio de 21 mil pesos eso representa un acumulado casi 18 mil pesos. Es decir que el bono, aún si se pagase, no cubriría ni un tercio de esa merma. Y, fundamentalmente, no elevaría el piso del cálculo de las paritarias 2019. La perfidia de las patronales es ilimitada, se sabe.

Temor al desborde

Son precisamente este derrumbe de los ingresos y el retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores los que presionan por la reapertura general de las negociaciones paritarias. Los últimos acuerdos – camioneros, judiciales, sanidad y bancarios – cerraron el año cerca del 40% de incremento. “Tuvimos principio de año con inflación baja y después se fue para arriba. Entonces ahora no hay que tomar la inflación del 40% sino la promedio”, razonó falazmente, Acevedo.

Más allá de algunos “dibujos” (como contar puntos porcentuales de la paritaria anterior o aplicar los incrementos de forma no acumulativa) y de que la inflación proyectada, de punta a punta, orilla el 50%, estamos muy lejos de los techos que aspiraban imponer el Gobierno y las patronales. Este es uno de los factores que prácticamente decidió la suerte del ahora devenido secretario de Trabajo, Jorge Triaca.

La posibilidad de una escalada de reclamos sindicales es lo que empujó a los empresarios a exigir la intervención estatal “para encauzar las negociaciones”. “La recomposición salarial es un tema urticante” – reconoció Acevedo – “la convocatoria del Gobierno apunta a frenar una ofensiva para volver a discutir paritarias, que pueda poner el riesgo el objetivo de desaceleración de la inflación”; “Sica logró, al menos por ahora, que la presión gremial por la reapertura de paritarias no desborde al sector privado”. ¡Clarito!

En resumen, se trata de un bono de cobro incierto, que apenas cubre un tercio de lo perdido este año, cuya finalidad principal es desviar el reclamo de la reapertura de paritarias y además actúa como excusa para abortar el paro “anunciado para algún día de noviembre”. El mismo carácter fraudulento tiene la otra pata del acuerdo: el freno a los despidos. El gobierno emitirá una resolución administrativa para obligar a que las desvinculaciones pasen antes por la secretaría de Trabajo. O sea, puro humo.

Llamamos a los trabajadores a realizar asambleas en los lugares de trabajo para exigir a las centrales e impulsar un inmediato paro activo de 36 horas; contra la aprobación del Presupuesto en el Senado, por la reapertura inmediata de todas las paritarias y 45% de aumento, con cláusula gatillo; por aumento de emergencia para los jubilados y los beneficiarios de planes sociales; por la prohibición de despidos y suspensiones.

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