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9 de abril de 2019

Blanqueo y obras sociales: la burocracia negocia con el gobierno a expensas de la salud y el trabajo

En el día de hoy el oficialismo relanzó dos proyectos legislativos ligados a la reforma laboral flexibilizadora, presentándolos para su debate en comisiones del Senado: el de “blanqueo laboral” y el de creación de una Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (Agnet).

En la previa, Macri había negociado la entrega a la burocracia de 13 mil millones de pesos más intereses adeudados al “Fondo Solidario de Redistribución” para las obras sociales, bajo la condición –confesaban hoy fuentes oficiales a La Nación (9/4) – de que la CGT diera su visto bueno al proyecto de “blanqueo”.

Sin embargo, el tratamiento de este debió posponerse, ante el faltazo a la reunión plenaria de comisiones por parte de la CGT. La central arguyó que “la ausencia de Daer [Héctor, uno de los dos secretarios generales de la central] se debió a cambios introducidos a último momento por el ministerio de Producción y Trabajo que encabeza Dante Sica” (MinutoUno, 9/4), sin mayores explicaciones de cuáles eran tales cambios. Así las cosas, las negociaciones entre el gobierno y la CGT continúan en su tren de idas y vueltas, como siempre a espaldas de los trabajadores.

Blanqueo

En su acuerdo con el gobierno, la burocracia ratificó su apoyo al proyecto de blanqueo originalmente presentado por el senador Eduardo Basualdo, cuyo propósito declarado es “reducir la litigiosidad” (iProfesional, 9/4), es decir, bloquear la realización de juicios contra las patronales por parte de los trabajadores en negro. Según el Indec, los trabajadores en esa condición hoy suman unos 4.850.000 (el 35% de la masa laboral).

A cambio de regularizar a sus empleados en el plazo de un año – un mes, si el afectado presenta denuncia –, se condona a los empresarios de acciones penales, infracciones y multas y se lo elimina del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales. Luego, se los exime por los siguientes dos años del pago de contribuciones, un beneficio que – bajo el argumento de la “promoción del empleo” – también se otorga a quienes “den inicio a nuevas relaciones laborales”, golpeando aún más al desfinanciado sistema previsional.

En contraste con semejantes beneficios a los patrones, los empleados “tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes” (5 años), sin importar cuánto tiempo hayan estado trabajando de forma irregular. A su vez, tales meses “regularizados” no serán considerados para el cálculo de dos partes integrantes de su jubilación: la prestación adicional por permanencia y la prestación compensatoria.

Finalmente, la indemnización a pagar por parte del empleador que no registrare una relación laboral se limita a un 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil –a valor de hoy, 3 mil pesos– por mes no registrado, eliminándose el monto mínimo previsto actualmente por ley, equivalente a tres veces el mejor salario percibido por el empleado.

La agencia contra la salud

Por su parte, el proyecto de creación de una Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías (Agnet) tiene como objetivo colocar un freno a las cuantiosas demandas de afiliados a obras sociales por servicios médicos no prestados –que ahora deberían pasar por la Agencia antes de llegar a la Justicia–, y reducir las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio.

La creación de la Agnet es particularmente deseada por las conducciones de la CGT, en un cuadro de quebranto estrepitoso de las obras sociales, consecuencia de la evasión de contribuciones patronales, el encarecimiento en pesos de los insumos dolarizados, la migración de aportistas a prepagas, la retención de fondos por parte del gobierno (los 13 mil millones son solo una parte de la deuda) y la propia política de entrega de la burocracia, que firmó paritarias por debajo de la inflación.

Con la Agnet, las conducciones sindicales buscan que este quebranto lo paguen (más bien, lo sigan pagando) los afiliados, con la degradación definitiva de las prestaciones –en esta línea, días atrás se acordó con el gobierno un ajuste en el tratamiento de enfermedades graves como cáncer y VIH. De buscar salud por otro lado, el trabajador se encuentra con hospitales públicos bajo el ajuste permanente del gobierno nacional y los provinciales, y prepagas que aumentaron, con el aval del gobierno, la friolera de un 42,2% en el último año (Página12, 29/3).

Paro

Mientras que la reforma laboral no ha podido ser tratada en bloque en el Congreso, ante el temor de desatar una nueva rebelión como la que suscitó la reforma previsional en diciembre de 2017, la burocracia viene aceitando su avance por partes, acordando la entrega de convenios a la baja en numerosas ramas (petroleros, industria láctea, marina mercante…), negociando su apoyo a los proyectos legislativos en danza a cambio de prebendas, y bloqueando a cambio de ellas cualquier perspectiva de un paro general, cuando arrecian los despidos, las suspensiones y los tarifazos.

Para los trabajadores, urge la lucha por imponer un paro activo de 36 horas y un plan de lucha hasta quebrar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores, imponiendo con ello un golpe fatal a la reforma laboral anhelada por todos los bloques patronales.

 

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