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12 de septiembre de 2019 | #1564

Vamos con todo al Encuentro Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados

En el camping del Sutna de Pilar, el 14 de Setiembre a las 11 horas
Vamos con todo al Encuentro Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados

El 7 de septiembre se realizó una reunión preparatoria para organizar el Encuentro. Foto Sergio Santillán

El 7 de setiembre, en la sede del Sutna-San Fernando, se realizó una reunión abierta convocada a instancias del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) para organizar un gran Encuentro Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, dirigido a “impulsar la intervención directa de los trabajadores  en el marco del cuadro de ataques actual”. 

Por fuera del PSC participaron el “Encuentro de Zona Norte”, el “Movimiento de Agrupaciones Clasistas” y organizaciones piqueteras independientes. Todos ellos han sido, sin embargo, partícipes de varias de las iniciativas promovidas por el PSC como la marcha del 22 de agosto o la concentración frente a la Secretaría de Trabajo el 30, en reclamo de un  salario mínimo de 35 mil pesos y el paro activo de 36 horas, que desafió la tregua de las centrales.

No participaron de esta primera instancia, pero hicieron llegar su apoyo a la iniciativa dirigentes del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Jesús María, entre otros. 

El plenario, que fue abierto por Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, desarrolló  un debate político de alcance estratégico para el movimiento obrero, centrado en la cuestión de delimitarse o no del futuro gobierno peronista y en las acciones necesarias para superar la contención de la burocracia sindical.

Se destacó la gran lucha -con huelgas y piquetes- de Chubut; los paros del 30 de agosto resueltos por Ademys, AGD, los Suteba de Ensenada y de La Matanza que dieron lugar al plenario  multicolor y al masivo paro del 10; las movilizaciones piqueteras; el planteo de reapertura de paritarias del Sutna, como ejemplo de una tendencia que busca romper la política de inmovilización “ordenada” por los Fernández, funcional a  los planes de ajuste y repago de la deuda.

La reunión votó un pliego de resoluciones: el apoyo al acampe piquetero, las  huelgas de los Suteba Combativos, de ATE, Conadu Histórica y judiciales, el respaldo a la lucha de las fábricas bajo gestión obrera y en particular el rechazo al intento de remate de Cerámica Neuquén. También el repudio a la represión contra los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba y a la patota de la burocracia sindical petrolera de Chubut contra los docentes de esa provincia, la libertad inmediata de Daniel Ruiz y el desprocesamiento de todos los trabajadores perseguidos por luchar, como Patricia Jure y los trabajadores municipales de Neuquén, de José Meniño y otros trabajadores del Neumático o los choferes de la Línea 60, entre muchos otros. 

La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero participó de esta primera reunión con una destacada delegación y se empeñará en movilizar al encuentro del 14  representaciones sindicales  de todo el país. 

Una reunión posterior al plenario acordó una propuesta de declaración que fija una clara delimitación del régimen del FMI, de Macri, de la burocracia sindical y, en particular, del virtual nuevo gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández. El texto caracteriza el Pacto Social que se prepara, como un recurso contra los salarios y los convenios laborales. 

Entre las resoluciones principales se propondrá una gran jornada nacional de lucha unificada  de ocupados y desocupados, que se dirija al centro del poder político en Plaza de Mayo y se replique en todo el país, con movilizaciones, actos y cortes.

La Coordinadora Sindical Clasista levanta como un eje para la etapa actual  la realización de asambleas en cada lugar de trabajo y en cada gremio para impulsar un Congreso de delegados mandatados por un programa obrero de lucha y de salida a la crisis: reapertura de paritarias, salario y jubilación mínimas de 35 mil pesos, prohibición de despidos, por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha para enfrentar al régimen del FMI, de Macri y los gobernadores.

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