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27 de marzo de 2020

Monotributistas de salud, Covid-19: para las obras sociales no es claro si nos van a pagar

Organicemos el cobro de nuestro salario.
Por Pamela Chomiak
Fonoaudióloga, MP: 8227 Córdoba TE: 3515586474

El día 19/3 el Directorio Único de Prestaciones Básicas en Discapacidad ha firmado el Acta N° 392 en la que se expide sobre la actual situación de emergencia sanitaria nacional: suspende bajo criterios epidemiológicos las actividades de los CET (centros educativos terapéuticos), las prestaciones de apoyo, centros de día, servicios de rehabilitación, y la integración escolar, en sintonía con las medidas decretadas por el gobierno nacional. Señala que “en razón de la adopción de las medidas mencionadas, se hace necesario que la Superintendencia de Servicios de Salud y el PAMI emitan los actos administrativos y comunicaciones pertinentes, para garantizar la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales que se vean afectadas por esta medida y se encuentran previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas en Discapacidad conforme resolución 428/99”.

Ante ello, los profesionales nos pusimos de inmediato a trabajar de forma virtual: desde la integradora que adapta los contenidos que les docentes están enviando hasta las terapistas que, mediante videollamadas, lista de ejercicios, y lo que la imaginación nos dé, seguimos asistiendo y conteniendo a nuestros pacientes de manera virtual. Para quienes trabajamos en atención domiciliaria, las empresas se apresuraron a enviar credenciales para circular, exponiendo nuestra salud y la de nuestros pacientes y ofreciendo con suerte algún insumo de protección.

La Superintendencia de Servicios de Salud ha emitido sendos comunicados, indicando que garantizará la cobertura de aquellas prestaciones incluidas en el Programa Incluir Salud, PAMI y en el Sistema de Integración previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas en Discapacidad conforme Resolución 428/99. Sin embargo en los últimos días recibimos mails de distintas obras sociales y prepagas poniendo la duda sobre el pago con mensajes como “que tengamos paciencia frente a la situación”, “que colaboremos”, sembrando desconcierto donde no debería haberlo: la SSS y la ANDis se han expedido en favor del pago de las prestaciones presupuestadas. Los profesionales debemos presentar facturación de mes completo autorizado, con plan de trabajo realizado y las planillas firmadas las haremos llegar cuando la cuarentena lo permita. 
Ante la situación de emergencia, tanto las Obras Sociales Provinciales como las prepagas que no se encuentran reguladas por el “Mecanismo de Integración” (como OSDE), así como también prestaciones por fuera del Nomenclador Nacional (como el Acompañamiento Terapéutico) deberán plegarse a la resolución del Ministerio de Salud mediante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS) y garantizar los pagos de las prestaciones. 

Sobre llovido, mojado

Muchos trabajadores de la salud que prestamos servicios en el Estado, en clínicas privadas, consultorios, centros de rehabilitación o que desarrollamos atención domiciliaria para obras sociales, programas de asistencia del Estado, (como Profe o Prosad) formamos parte del amplio espectro de monotributistas. La precarización que sufrimos se manifiesta ante la desproporción entre los ingresos que percibimos y los impuestos que debemos pagar para estar habilitados al ejercicio de nuestras profesiones y se evidencia en la pérdida de derechos laborales respecto de los trabajadores que están bajo convenio.

El monto de ingresos que percibimos oscila mes a mes, dependiendo de la cantidad de prestaciones realizadas, de lo estipulado por los nomencladores -que bajan el monto de la prestación si se trata de programas asistenciales-, del porcentaje que retienen los centros oferentes que tercerizan nuestros servicios y de los plazos en los que las obras sociales efectivizan los pagos, en general nunca inferior a 60 días (ha llegado a superar los 12 meses) y siempre a valor histórico, lo que significa que sufre la depreciación inflacionaria. Los prestadores que trabajamos en discapacidad y los que no corremos con la misma suerte: pagos atrasadísimos y muy por debajo de lo estipulado por los propios colegios profesionales. Sin embargo, para poder ofrecer nuestro servicio debemos pagar mensualmente el monotributo, el Colegio Profesional o la matrícula, el seguro de mala praxis, y en algunos casos la caja complementaria profesional.

Somos el último eslabón en una cadena de lucro empresarial manejado por empresas tercerizadoras y centros terapéuticos, propiedad en su mayoría de algún funcionario de PAMI o de alguna otra obra social sindical, lucro que se construye con la retención de un porcentaje del honorario del profesional de quien brinda las prestaciones, que puede llegar hasta un 50% de los mismos. 
El diferimiento de nuestro salario es responsabilidad del Estado, que a través de la SSS se toma 2 meses con suerte para depositar los pagos a las obras sociales que son parte del sistema de integración; las que no entran dentro de este mecanismo y las prepagas se aprovechan de esos plazos para continuar lucrando con nuestro dinero. La situación crítica se agrava por las auditorías establecidas ante el cambio de gobierno, que retrasaron aún más los pagos: en marzo cobramos lo facturado en diciembre y la carga de los meses posteriores se cobrarían con suerte a fines de abril. 

Mientras las obras sociales y las prepagas perciben mensualmente los aportes de los trabajadores, pagan a cuentagotas. Unas y otras son resortes para las ganancias del poder político: son las cajas donde se mete mano para campañas, es el dinero que se “trabaja” o simplemente una caja a mano que la burocracia sindical maneja a discreción. Las prepagas son multinacionales que, después de fugar ganancias, presentan crisis y el Estado las rescata, para sostener el negociado de la salud privada… Es decir, los que perdemos siempre y sostenemos esta área de la salud, somos los trabajadorxs precarizadxs. 

Esta política de precarización arranca desde el estado, a nivel nacional las personas que están cobrando pensiones no contributivas pueden acceder al ProFe, mediante esta cobertura van a tener garantizados la “canasta básica” de prestaciones médicas, prestaciones médicas que los profesionales cobramos a 90 días como mínimo y por debajo del nomenclador de discapacidad que plantea el propio Estado.

En Córdoba el Prosad (Programa de Servicios a las Personas con Discapacidad) paga $470 contra $702,24 s/nomenclador y a 90 días como mínimo. Una nota particular merece el Apross, la “obra social provincial” que funciona como una gerenciadora. Paga la atención modulada, quiere decir que, si un paciente tiene 3 terapias o 5, les profesionales deben dividir el módulo entre esas terapias, lo que los deja con un monto inferior o miserable. 

Exigimos inmediato pago de la deuda salarial y que se cumplan íntegros los pagos de los presupuestos aprobados de todos los tratamientos. 

La descentralización del sistema de salud en general y de los tratamientos en discapacidad en particular, deja en evidencia la necesidad de un Nomenclador Nacional y un Sistema Único de Salud que regule las prestaciones y los pagos, para todas las Obras Sociales (Nacionales y Provinciales) y Prepagas. Como también la de la inclusión en el mismo de aquellas prestaciones como el Acompañamiento Terapéutico, que no es contemplada.

Es urgente que se pague a los trabajadores los salarios adeudados por las prestaciones brindadas a la fecha, que el gobierno disponga los mecanismos necesarios para que se carguen las prestaciones de enero, febrero, y las de marzo vía virtual. Que se inste a las obras sociales a no especular con la situación y garantizar los pagos de las prestaciones al conjunto de los profesionales. Que las prestadoras estatales (Profe, Prosad, Apross, etc.) se pongan al día y paguen íntegros los tratamientos aprobados. 

Exigimos que las autoridades pertinentes (el presidente de la Nación y el ministro de Salud) garanticen los pagos de todas las prestaciones aprobadas y presupuestadas por Obras Sociales y Prepagas, ante esta situación de emergencia.

Desde Prestadorxs Precarizadxs, una organización nacional de base de miles de compañeros, estamos realizando un relevamiento para que el Estado exija a todas las obras sociales la cobertura total de las prestaciones autorizadas. En Córdoba estamos organizando el reclamo mediante la firma del petitorio y en grupos de Whath Sapp. ¡Sumate! 

Pamela Chomiak, Fonoaudióloga, MP: 8227 Córdoba TE: 3515586474

Firma el petitorio:

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