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31 de marzo de 2020

Merlo: Royal Door no respeta la cuarentena y el Estado y el sindicato brillan por su ausencia 

Autorizaciones fraudulentas para poder seguir trabajando.

La fábrica de muebles de caños Royal Door, situada en Pontevedra, partido de Merlo, ha inventado los argumentos más descabellados respecto de lo que producen para que la empresa entre dentro de los sectores exceptuados por el decreto de aislamiento obligatorio.

Royal Door se radicó en Pontevedra en el 2006. Produce camas, escritorios, juegos de jardín, mesas y sillas de caño. Este rubro no está exceptuado del cumplimiento del decreto de cuarentena y, por lo tanto, sus trabajadores deberían quedarse en sus casas para evitar la circulación y multiplicar la propagación del contagio. 

Sin embargo, la semana pasada, el dueño de la empresa, Carlos Veiga, extendió un "permiso" trucho a sus empleados donde fundamentaba la convocatoria a trabajar porque la empresa se dedicaba a la industria de la alimentación (!). 

Pero el colmo llegó con el permiso de esta semana. En una declaración jurada a nombre de Veiga se indica que están exceptuados por el artículo 6 (punto 15 y 18) del decreto y por el punto 2 del artículo 1°de la ampliatoria "decisión administrativa" (429/2020). 

El inciso 15 habla de "actividades impostergables con el comercio exterior". Los productos de Royal Door lo más lejos que llegan es a La Plata (¡y no al puerto!). 

Por su parte, el inciso 18 incluye al "transporte público de pasajeros, mercaderías, petróleo y combustibles". Es decir que no coincide con el rubro de los muebles en absolutamente nada. 

La ampliatoria (recule de Alberto Fernandez con la clase capitalista) en su artículo 1° punto 2, señala: "producción y distribución de biocombustibles". Entonces, o Veiga tiene una fábrica pantalla donde para el público hacen muebles y detrás del telón hacen "biocombustibles" o nos está mintiendo con el aval del Estado. 

Vínculos con el Estado existen. Hace un tiempo Royal Door ganó la licitación para proveer al ANSES de muebles de oficina. En este sentido, el dueño también dejó deslizar que "iban a hacer camas para los hospitales". Sin embargo, nada de eso se cumplió. 

Los trabajadores cobran un magro salario que araña los $20 mil por 9 horas de trabajo. Los pasado miércoles, jueves y viernes, cobraron un plus de $600 por día. 

¿Por qué este exiguo dinero extra? Seguramente para acallar a los trabajadores. 

Hace años que no cuentan con la ropa y los zapatos de seguridad que debe proveer la patronal. En estos momentos, elementos de higiene como alcohol en gel, barbijos y guantes, brillan por su ausencia. 

Aunque el trabajo está enmarcado en el sector metalúrgico, los trabajadores están afiliados al sindicato de madereros. No tienen delegado, renunció hace un año y el sindicato primero pasa por la oficina de Veiga y después escucha los reclamos de los trabajadores. 

En esta situación de particular gravedad, el sindicato no apareció. Y el Estado es responsable de este fraude que pone en peligro la salud y la vida de los trabajadores.

Es preciso denunciar las mentiras de las excepciones truchas, la ausencia de las mínimas condiciones de seguridad e higiene y comenzar a dar los pasos para la formación de un comité de trabajadores de la empresa que exija el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Los trabajadores ganan un sueldo miserable, alejadísimo al del convenio. Hay que reclamar que la empresa respete las escalas salariales de convenio.

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