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8 de abril de 2020

CGT Córdoba: la aliada de Schiaretti para ajustar salarios y jubilaciones 

Por Corresponsal
Coordinadora Sindical Clasista Córdoba

Las declaraciones del ministro de finanzas de la provincia de Córdoba Osvaldo Giordano sobre la posibilidad de no pagar salarios en el mes de abril son mucho más que la confesión del fracaso de una política de endeudamiento que ha llevado a la provincia a una situación profundamente crítica, antes incluso de la pandemia del coronavirus. El gobierno prepara el terreno para ir a un fuerte ajuste contra el salario y la jubilación y vocifera a los gritos que pretende que los trabajadores paguen la crisis que el propio gobierno generó.

El anuncio del no pago se realiza apenas unos días después de que el gobierno haya firmado el acuerdo salarial con los docentes y empleados públicos, en ambos casos de forma espuria y sin el aval del conjunto de los trabajadores. Primero el SEP (Empleados Públicos), cuyo secretario general oficia también de titular de la CGT Regional Córdoba y de legislador oficialista, utilizó el comienzo de la cuarentena para terminar de sellar un preacuerdo que tenía con el gobierno y que no había sido ni discutido ni aprobado por ninguna asamblea. El punto era de sumo interés para el gobierno, puesto que idéntica oferta había sido rechazada por los docentes. Acto seguido, la burocracia sindical de Uepc (docentes), se apuró a firmar un acta acuerdo con el gobierno aceptando la propuesta que habían rechazado la docencia, las escuelas y la propia asamblea provincial del sindicato. Ahora, con acuerdos ya firmados, la provincia empieza a abrir la posibilidad de no pagar los sueldos o hacerlo mediante bonos. La complicidad de la burocracia sindical con esta política antisalarial del gobierno es brutal.

En el anuncio del ajuste entran de lleno las jubilaciones. Giordano, que tiene experiencia en ello por haber sido titular de la Caja de Jubilaciones durante la vigencia de la ley 10078 de De La Sota- que postergaba los aumentos a los pasivos-, habló del diferimiento del pago a los jubilados, algo que estaban discutiendo antes incluso de que estalle la crisis por el Covid-19 y se declare la cuarentena. El ajuste contra el salario y la jubilación es parte intrínseca de la política del gobierno y no está atada de forma exclusiva a la atención de la pandemia. Ya el año pasado, aludiendo a problemas de recaudación, Schiaretti suspendió el pago de la cláusula gatillo, que luego nunca retomó. Además, señalando el déficit de la Caja de jubilaciones, que el propio gobierno creó al dilapidar los fondos de los trabajadores, pretende avanzar en una reforma jubilatoria que deje en el olvido el régimen previsional de la provincia y el 82% móvil. 

En este ajuste previsional la complicidad de la burocracia sindical también es flagrante. El propio acuerdo salarial con estatales y docentes incluye una reforma en el camino de la armonización definitiva y total del régimen jubilatorio de la provincia y la destrucción del régimen especial de los docentes. Con el acuerdo paritario el gobierno de Schiaretti aplicó una nueva reducción en los aportes personales, utilizando la plata del salario del trabajador para ofrecer el aumento salarial y armonizando la contabilidad del financiamiento de la Caja.

Así como la CGT, luego de juntarse con la UIA (Unión Industrial Argentina), les garantizó a los empresarios la salida de la cuarentena a costa de la salud de los trabajadores, la tregua de las conducciones sindicales cordobesas y su alineamiento político con el gobierno prepararon el terreno para el ajuste contra el salario y la jubilación. Allí busca Schiaretti las garantías para su política. La defensa del salario, del régimen previsional, del 82% móvil y de nuestras condiciones de trabajo requiere la intervención decidida de los trabajadores de forma independiente a la política del gobierno. Exigimos:

-    Ningún ajuste ni recorte de los salarios. 

-    Aumento de emergencia que lleve el mínimo al costo de la canasta familiar.

-    No a la reforma jubilatoria. Por el 82% móvil. Vigencia de la ley 8024. No a la anulación de los regímenes especiales de los trabajadores. Derogación de la 10333.

-    Designación de todos los cargos suplentes que quedaron en suspenso por la cuarentena.

-    Pago inmediato a todos los compañeros anotados que quedaron sin poder tomar cargos u horas debido a la suspensión de la actividad por la pandemia.

-    Que el gobierno cubra un mínimo salarial de $35000 para todos los docentes que por la construcción de su carga laboral no lleguen a ese monto.
 


 

 

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