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2 de junio de 2020

Córdoba: contratan abogados carneros, mientras recortan salarios a municipales

El intendente Martín Llaryora aplica un feroz ajuste sobre los salarios y condiciones de trabajo de los municipales de la ciudad de Córdoba bajo el argumento de que no hay fondos, mientras maniobra contratando 42 abogados para que se desempeñen bajo el cargo de “promotores de convivencia” para habilitar un negocio espúreo en la recaudación municipal.

Es que los abogados no son simples monotributistas incorporados a la planta política “que se irán con la gestión”. En primer lugar se trata de ir creando un ejército de carneros que ataquen la lucha. Es una clara acción antisindical y de práctica desleal que busca hostigar a las y los municipales, y se inscribe en la línea de las persecuciones judiciales con imputaciones y represión que vienen desplegando los gobiernos de Schiaretti y Llaryora y los fiscales adictos al poder político.

El intendente, que viene desconociendo sistemáticamente el estatuto del trabajador municipal, no tiene pruritos en avanzar sobre las funciones de los trabajadores de planta. Los abogados nombrados realizarán la misma función de los inspectores municipales, lo cual es absolutamente ilegal y arbitrario; puesto que sin son “monotributistas” no deberían hacer actas de infracción porque no tienen ninguna relación laboral con la Municipalidad. Tanto los funcionarios como los empleados son los únicos que pueden hacer tales actas de infracción.

Asimismo LLaryora, al igual que sus predecesores, se vale de los nombramientos para saldar compromisos políticos. Apela a convocar gente “del palo” porque pertenecen a su misma corporación profesional y porque aprovechará la gestión para posicionarse en función de otros objetivos político-electorales.

Con esta contratación no se “complementa” la tarea de los inspectores municipales, por el contrario se habilita un negociado a destajo (comisión) sobre las eventuales infracciones que labren, engrosando la voluminosa recaudación de la “multa”. Establece de este modo una tendencia a la recaudación municipal paralela a los ingresos genuinos que procederían de tasas y gravámenes municipales. No se trata de ver cuánto será lo que cada “promotor comunitario” cobrará por su monotributo: se trata de deschavar el negociado que hay detrás de esta sustitución.

Los trabajadores municipales tenemos que tomar nota de la naturaleza del gobierno de Llaryora y de las medidas antiobreras que sistemáticamente aplica sobre nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo y sacar las conclusiones que amerita este momento. Siguiendo el libreto del FMI, Schiaretti y Llaryora, pretenden descargar la crisis aplicando la reforma laboral y previsional, que no es otra cosa que la destrucción de nuestro Estatuto. Ambos gobierno vienen aprovechando maliciosamente la cuarentena para imponer esa agenda.

De la acción decidida del conjunto de reparticiones municipales dependerá el destino de nuestro Estatuto. Nuestro sindicato debe lanzar un plan de lucha de conjunto para derrotar esta política anti obrera, con paros y movilizaciones. Y también es fundamental impulsar el paro provincial de las CGT y CTA contra el robo jubilatorio. Los derechos se defienden sin tregua.

 

 

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