09/07/1998 | 592

Abajo el proceso contra Lunita

La secretaria general de la Asociación Trabajadores del Estado de Santiago del Estero, Alba Luna Aguirre de Castillo se encuentra sometida a una persecución policial y gremial por el gobierno de Carlos Juárez.


Lunita, como se la conoce popularmente en Santiago, es una luchadora de larga trayectoria. Participó del Santiagueñazo, así como de todas las luchas populares contra los planes de ajuste y desocupación que lleva adelante el gobierno provincial.


Lunita viene siendo objeto de una persecución bajo formas judiciales, en momentos en que Juarez se ha ungido a si mismo como ‘interventor’ del Poder Judicial.


En este contexto, un Juez que trabajaba como policía a las órdenes del gobernador, basándose en meros informes policiales, sin ningún asidero jurídico, plagados de irregularidades procesales y afirmaciones falsas, le inició una causa por supuesta «defraudación».


El «delito» radicaría en haberle prestado el teléfono al Sindicato A.T.E., por cuyo uso lógicamente ATE pagó las llamadas; en haber comprado un auto para el Sindicato y haber pagado horas extras a quienes efectivamente las trabajaron.


Ninguna de estas conductas constituye delito, salvo para los policías y este Juez quienes consideran que Lunita se hizo pagar el teléfono, se compró un auto, y delinquió al pagar horas de más.


Estos disparates se encuentran debidamente documentados, para lo que basta leer la copia del expediente policial-penal urdido bajo la intervención del Poder Judicial.


De prosperar este juicio contra Lunita, asistiremos a un gravísimo ataque a las libertades democráticas, en primer lugar el derecho de defensa (se ha probado en el Expediente que no existen tales delitos) así como el de libertad sindical y de organización de los trabajadores ( arts. 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional).


Llamamos a todos los sectores del movimiento obrero a pronunciarse contra esta persecución, exigiendo el inmediato cese de este procedimiento ilegal contra Lunita, así como los seguidos contra más de setecientos luchadores populares actualmente procesados en todo el país.

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