La Seaboard Corporation, dueña del ingenio San Martín de Tabacal, ha presentado una acción judicial de exclusión de tutela sindical contra los compañeros Martín Olivera, Simón Alberto Tolaba, Claudio Colque y Adolfo Molina, miembros de la comisión directiva sindical. El pedido, según reza su escrito, se efectúa “a los fines de permitir el despido con causa en los términos del artículo 242 de la ley 20.744 de los citados trabajadores”.

 

Luego de su derrota en un heroico paro de 72 días el año pasado, la Seaboard Corporation vuelve a la carga con una provocación de baja estofa. En aquella ocasión no pudieron imponer su turno relevante y la rebaja salarial de un 40 %. Ahora pretenden descabezar a la dirección sindical, golpear la organización obrera y deslegitimar una medida colectiva de fuerza apoyada por todo un pueblo.

 

El escrito judicial es un monumento al método de la criminalización de la protesta sindical. Según argumenta la patronal, el paro se habría desencadenado fundamentalmente por las amenazas de la comisión directiva a sus propios compañeros. Dicen textualmente: “… la presencia de estas cuatro personas constituyó una actitud intimidatoria para cualquiera que quisiera hacerles frente (…) El personal de la empresa se vio compelida a acceder a (sus) ilegítimas órdenes”. Es decir que centenares de trabajadores habrían ido  al paro, enfrentándose durante meses a la patronal, la Iglesia y la Infantería,  por la intimidación de los cuatro miembros de la comisión directiva sindical…

 

En otro párrafo, agrega: “el personal accedió (a las peticiones de los cuatro, NdA) a efectos de evitar daños mayores, en atención al conocimiento que tenían de actos de similares características que se produjeron en anteriores ocasiones, cuando afectaron la integridad física de trabajadores, como de los bienes de la compañía y de la empresa encargada de la vigilancia”.  Pero ¿a qué “actos de similares características” se refieren? No los denuncia, mucho menos expone pruebas. De lo que sí hay constancia es que, tanto en 2012 como en 2016, la empresa se ausentó a las mesas de conciliación, llevó a cabo lock outs perjudicando la producción, intentó imponer turnos relevantes y rebajas salariales por afuera de cualquier acuerdo e impulsó junto al gobierno las sangrientas represiones a los trabajadores y vecinos de Yrigoyen, que dejaron decenas de heridos de gravedad.

 

Seaboard actúa con la seguridad de tener, como en todas las situaciones anteriores, el apoyo de un gobierno que viene implementando el mismo método: con las trabajadoras despedidas de la municipalidad de Cerrillos, con los choferes de la UTA (encarcelados durante cuatro meses) o con la docente Silvia Nava, a quien intentaron cesantear por su participación en la huelga de 2014.

 

De cara a un año en que la crisis y los despidos tienden a incrementarse, el gobierno y las patronales ensayan sus primeros ataques contra los trabajadores. Los obreros de Tabacal son un caso especial, pues representan a un sector importante y de referencia dentro del movimiento obrero. Desde el PO iniciamos de inmediato una fuerte campaña de denuncia y rechazo a estos pérfidos ataques de la Seaboard.