El gobierno de la provincia de Neuquén asegura que no ha firmado la adhesión a la ley nacional Nº 24241 (jubilación privada). El gobernador declara toda vez que puede que la provincia no va a transferir la Caja provincial.

Los gremios estatales, nucleados en el CTA, se han pronunciado en contra de una transferencia de la Caja a la Nación y de su privatización. Los consejeros gremiales en el Consejo de Administración de la Caja coinciden con la posición del CTA.

Si nos atenemos a estas declaraciones, no parece haber nubarrones para los intereses jubilatorios de los trabajadores estatales neuquinos.

Y sin embargo no es así.

Ocurre que nos venimos a enterar por boca del Director de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones, en el Boletín para Afiliados de julio pasado, que “Se están estudiando modificaciones a la legislación provincial (ley Nº 611) para adecuarla a la nacional (ley Nº 24241). Uno de los puntos en estudio es la adecuación de las edades de jubilación a la ley nacional, es decir, 60 años para las mujeres y 65 para los varones, porque actualmente las expectativas de vida útil son superiores a las del momento cuando se sancionó la ley Nº 611. La tendencia hoy en día, es que la persona trabaje mientras esté en condiciones, aun superando la edad jubilatoria”.

Agrega luego: “Es posible que en el futuro sea necesario incrementar los porcentajes de aporte y contribuciones”.

Es decir, el gobierno prepara en los próximos meses la anulación de todas las ventajas que el sistema provincial aún conserva sobre el nacional, incluida especialmente la anulación del 80% del sueldo que cobra un empleado en actividad.

El CTA abre camino

En el Consejo de Administración hay  ocho consejeros. Cuatro son nominados por el Poder Ejecutivo y otros cuatro son electos (3 por los activos y 1 por los pasivos). Tres consejeros son “representantes gremiales”.

En un Informe de Gestión, los consejeros gremiales analizaron el tema jubilatorio y allí queda claro que los puntos de vista de los consejeros coinciden objetivamente con los fines del gobierno:

1) En relación al tema del aumento del aporte que esgrime el vocero oficialista, los consejeros gremiales dicen que “tenemos los aportes y contribuciones más bajos del país, con el 13% (7% el personal y 6% patronal), contra el 25% promedio del resto de las cajas provinciales y el 27% de las AFJP”. Los consejeros gremiales no denuncian, sin embargo, que en Neuquén se da el caso (¿único en el país?) donde el trabajador aporta mayor porcentaje que la patronal.

2) Al igual que el gobierno, los consejeros son también partidarios de “una reforma integral de la ley 611 en su aspecto jubilatorio”. Incluso han encargado un proyecto de modificación a un experto del Consejo Federal de Previsión Social, lógicamente también para “ser elevado a la Legislatura”.

Los consejeros realizan así la tarea artera de abrir los cerrojos desde adentro, para que entren los saqueadores. Luego dirán que las modificaciones que finalmente se voten no son aquellas que los consejeros pensaban. Ningún bienintencionado dejaría en manos de la Legislatura del MPN y el PJ, la posibilidad de meter mano en la legislación que contiene conquistas obreras aún no derogadas. Una Legislatura donde se votan una tras otra las leyes privatizadoras del Ente provincial de Energía, del de Agua y Saneamiento, y de otros  organismos estatales (compañía de aviación, casinos, etc).

Ni los consejeros gremiales ni las comisiones directivas de los gremios estatales han denunciado las declaraciones del Director de Prestaciones de Jubilaciones y Pensiones. Sólo la agrupación Naranja y Blanca de ATE (orientada por el PO) ha hecho una campaña de denuncia. La Naranja y Blanca se pronuncia por:

1) Los consejeros gremiales deben funcionar como una comisión de control obrero sobre la Caja. Estar sometidos a resoluciones de asambleas y ser revocables en su mandato.

2) Defensa irrestricta de las conquistas obreras de la ley 611 (edad, 80%, etc.)

3) Aporte a la Caja a cargo exclusivo del Estado.

4) Rechazo a la transferencia a Nación y a la privatización, pero también rechazo a la “nacionalización” sin transferencia.