10/08/2006 | 958

Accidentes de trabajo: Kirchner complota con las patronales

Todo el cabildeo entre el gobierno, las patronales y la burocracia sindical en torno de la llamada ley de riesgos del trabajo gira en torno a tres puntos centrales: cómo mantener y defender a las ART como un negocio capitalista que lucra con los accidentes y la vida de los trabajadores; cómo impedir que los trabajadores accidentados o sus familiares puedan cobrar un resarcimiento integral, como ocurre con cualquier persona que sufre un daño; y cómo liberar a las patronales de las responsabilidades civiles.


Si a una persona le es infringido un daño, ella puede demandar ante la Justicia el pago de una indemnización integral, incluido lucro cesante y daños morales y punitivos. En cambio, por la ley de riesgos del trabajo, el trabajador está obligado a cobrar una indemnización o renta tarifada, muy inferior a la que establecería la Justicia civil. Con esto, las patronales se aseguran varias cosas: un bajo “costo laboral”; que el trabajador no vaya a la Justicia, eximiendo al patrón de responsabilidades civiles; que se estructure un negocio de seguros a cargo de las ART.


Ese fue el gran objetivo de la Ley de Riesgos del Trabajo sancionada bajo el menemismo. Ahora, como la Corte Suprema declaró que esa ley es inconstitucional, el kirchnerismo quiere hacer una reforma que mantenga los objetivos centrales de aquélla. Veamos cómo.


1) Aumentan las indemnizaciones y rentas que fueron fijadas en 2000 y que por la inflación ya están superadas incluso para las propias patronales. Como esas indemnizaciones eran muy bajas, aún con este aumento, una muerte por accidente podrá rondar los 250.000 pesos cuando un resarcimiento integral por la vía civil es dos o tres veces mayor a ese importe. Recientes fallos por incapacidad absoluta fijaron indemnizaciones de 600.000 a 700.000 pesos.


2) Para que el trabajador accidentado no se presente en la Justicia, se establece que “el trabajador deberá elegir entre cobrar la indemnización del sistema o reclamar ante la Justicia Civil —no laboral— por todos los daños. Aun si gana el juicio se deberá contemplar como ‘pago a cuenta’ los pagos en concepto de ‘incapacidad laboral transitoria’, así como las ‘prestaciones en especie, recibidas y a otorgar’. O sea, “la atención médica dada y valorizada por la ART”, dice Clarín (8/8). En otras palabras, si el trabajador incapacitado, o sus familiares en caso de fallecimiento, ganan el juicio, le descontarán lo que le pagó en sustitución del salario la ART durante la atención médica y por la propia atención médica. Lógicamente, el precio de esa atención médica lo pondrá la ART, con lo cual el trabajador no cobrará nada o muy poco.


En lugar de estimular que actúe la Justicia, lo que se busca es “desalentar” a que lo haga el trabajador, y si aún así va a la Justicia y gana el juicio, que cobre lo menos posible. Lo que correspondería es que lo pagado por la ART sea a cuenta de lo que fije la Justicia.


3) “Las indemnizaciones no cambian si la empresa cumple o no con las normas de seguridad. En España, Brasil y Francia el empleador, si no cumple, responde más allá de la tarifa” (Clarín, ídem). Este punto es central porque al no existir el llamado “daño punitivo”, las patronales no tendrán ningún castigo si no cumplen con las normas de seguridad laboral.


4) Se establece una indemnización más baja aún si el accidente se produjo en la vía pública entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Según los diarios, fijar dos escalas de indemnizaciones para una misma incapacidad es inconstitucional.


5) Para asociar a la burocracia, “se crean comités patronal-sindicales de seguridad laboral” (ídem). Los representantes de los trabajadores en esos comités serán los delegados sindicales o los que nombre la burocracia sindical.


6) Se eliminan las responsabilidades de las ART que pasarán a ser asesoras de las empresas. Con esto se quiere evitar que los eventuales juicios de los trabajadores puedan afectar el negocio de las ART.


El Partido Obrero plantea:


• Todo el sistema de Seguridad Laboral debe estar a cargo del Estado, bajo administración obrera, financiado por las patronales.


• Formación de comités obreros encargados de controlar los ritmos de trabajo (causa de los accidentes) y las normas de seguridad.


• Aumento de las indemnizaciones y responsabilidad civil de las patronales para que se vean obligadas a invertir en prevención y seguridad laboral.

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