Este 15 de junio, Día Internacional contra los Abusos y Maltratos a los Adultos Mayores, se realizó una concentración en la que participaron diversas organizaciones como el Plenario de Trabajadores Jubilados (PTJ), la Mesa Coordinadora/CTA y otras.

El acto fue sobradamente oportuno, en momentos en que el gobierno nacional, con el apoyo sin grietas de la oposición patronal de los Macri y Milei, acaba de resolver el uso de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad para rescatar los bonos del Tesoro en caída por la corrida cambiaria.

Desde el PTJ denunciamos la nueva ley de Moratoria Previsional presentada recientemente por el gobierno en el Senado. En primer lugar es la confesión de que hay miles de adultos mayores que no acceden a la jubilación porque no llegan a los aportes necesarios para ello. La Ley Jubilatoria exige tener 30 años de aportes en blanco al momento de jubilarse. Son miles de trabajadores explotados toda la vida que no cumplen con ese requisito.

Algunos de ellos porque fueron cesanteados, especialmente durante el gobierno de Menen , cuando se privatizaron las empresas públicas. Incluso cientos y cientos tenían 30 años de aportes cuando los cesantearon pero no estaban aportando al momento de cumplir la edad (exypefianos, ex-Segba, ex-Correo, etc). Otros porque fueron despedidos en las sucesivas crisis productivas, por cierre de fábricas, traslados, desindustrialización, entre otros.

El gobierno reconoce en el proyecto que serían unas 742.000 personas las que podrían acceder a esta moratoria (Ambito, 14/6/), incluso dice que “actualmente sólo una de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres pueden jubilarse”. Eso si, en esta moratoria, como en las anteriores, es el propio trabajador adulto mayor el que a través de cuotas paga los aportes faltantes hasta el 2008.

Otros sectores, como las trabajadoras de casas particulares, los albañiles, los trabajadores agrarios que incluso han entrado a trabajar con 12 o 14 años, producto de haber trabajado en negro, quedan afuera de la moratoria. Con este sector incluido, unos dos millones de adultos mayores no accederían a la jubilación ordinaria.

En el acto se planteó la necesidad de reclamar una moratoria general, desenvolver una lucha por el 82% móvil basado en el mejor sueldo, por una mínima de 100.000 pesos, equivalente a la canasta del adulto mayor, una movilidad automática acorde a los sueldos y a la inflación, por la devolución de todos los fondos confiscados a la Anses, a las cajas provinciales y a Pami y obras sociales, y que la dirección de estos organismos sea electa por trabajadores y jubilados. Para eso desde la Mesa propusieron actualizar los proyectos enviados al Congreso .

Desde el PTJ se propuso realizar un nuevo plenario nacional de organizaciones y preparar una gran marcha para fines de agosto, para enfrentar el nuevo ajuste de septiembre, que como viene pasando, estará por debajo de la inflación y agudizará las penurias de los adultos mayores cuyo haber es la tercera parte de la canasta.

El acuerdo con el FMI, que coloca en primer lugar el achicamiento de las jubilaciones, está en marcha.