¿”Una tregua para evitar la quiebra”, como tituló Clarín (27/7)? La asamblea de accionistas que debía tratar la continuidad de Aerolíneas Argentinas adoptó, en contubernio con el gobierno, una única decisión fundamental: someter a los trabajadores a un “procedimiento de reestructuración productiva”, para lograr “reducciones significativas de empleo”, “nuevos convenios colectivos”, “reducciones de salarios” (según la ley y la resolución del Ministerio de Trabajo, que estará a cargo de la ‘mediación’ durante treinta días).

El Estado español hizo un falso anunció de que aportaba al rescate de Aerolíneas Argentina 208 millones de dolares, cuando “ese dinero ya fue desembolsado por la (española) Sociedad de Participaciones Industriales, dueña del 68% de la empresa y responsable de su gestión, durante los últimos cinco meses” (Clarín, 25/7). Por su parte, el otro socio ‘privado’ de Aerolíneas Argentinas anunció que “no pondrá un peso en la capitalización propuesta por España” y se retiró de la empresa.

¿Quién rescata a Aerolíneas?

La ‘salvación’ de Aerolíneas quedó así en las exclusivas manos de los trabajadores: “Recién habrá dinero fresco si los sindicatos aceptan un plan de ajuste que contempla 1.200 empleos menos sobre una plantilla de 6.700, una baja de hasta 20% en los sueldos y cambios en las condiciones de trabajo” (ídem). El plan del Estado español “apuntará a canjear beneficios laborales por acciones de la compañía aérea. Es decir que los descuentos en los salarios o en otros ingresos sostengan la participación de los empleados en el directorio, que peligra ante la próxima capitalización”. Los pilotos ya habrían acordado ese tratamiento. Para otros gremios, con ingresos menores, “la flexibilización de los convenios podría negociarse a cambio de dividendos en las ganancias operativas” (La Nación, 26/7). Machinea declaró, luego del acuerdo, que aunque “nos interesa que se preserven las fuentes de trabajo”, “no podemos meternos en una política que define el sector privado” (El Tribuno, 26/7). Lógicamente los despidos tomarán la forma de retiros voluntarios y el trabajador que no se avenga será puesto ‘en disponibilidad’, como ya se ha anunciado.

El fin del vaciamiento

La propuesta del Estado español, avalada por el gobierno argentino, es un plan final de vaciamiento. Prevé la eliminación de varias rutas que serían resignadas a Iberia (que actúa en alianza con American Airlines, British Airways y Lan Chile). Se prevé apelar al sistema de “códigos compartidos con otras aerolíneas”, lo cual convierte a AA en contratista para otros.

Aerolíneas se dedicaría sólo a las tareas para las que es ‘más eficiente’, lo que supone un plan masivo de tercerizaciones y contratación de áreas y servicios.

Pero, por sobre todo, el Estado español exige que el Estado argentino condone las deudas previsionales e impositivas de Aerolíneas y, además, le rebaje las tasas aeroportuarias, no incremente el vuelo de competidoras de Europa y garantice el monopolio en ciertas rutas de cabotaje.

Aun así, ¿se ‘salva’?

‘Privatizada’ sin deudas hace diez años, Aerolíneas debe hoy más de 900 millones de dólares. El grueso de estos compromisos proviene de la operación fraudulenta, de haber comprado la empresa endeudándola.

El año ‘99 cerró con una pérdida de 240 millones y el plan de guerra contra los trabajadores podrá significar una reducción de 140 millones al año, en el mejor de los casos. El ‘plan’ para ‘salvar’ a Aerolíneas, por lo tanto, no existe, desde el momento que el Estado español no se hace cargo de ese endeudamiento. “La tregua para evitar la quiebra” no es más que un operativo de extorsión.

Como alternativa al rescate de los españoles por parte del Estado y los trabajadores argentinos, esta quiebra plantea su liquidación y la adopción de la política de cielos abiertos que exige Estados Unidos, permitiendo el ingreso de aerolíneas de otros países.

Qué salida

Para salvar a AA es necesario su reestatización sin pago, transfiriendo la deuda a España, y su funcionamiento bajo control de una comisión elegida por los propios trabajadores. La inmediata investigación del vaciamiento permitiría denunciar a los responsables de la inmensa confiscación producida desde 1990 y llevar a la cárcel a los responsables del vaciamiento.

La política de los sindicatos, centrada hasta ahora en la oposición a los “cielos abiertos”, o sea en una salida en beneficio del Estado español, ha fracasado.