Un año atrás, el gobierno anunció la transferencia de las escuelas y hospitales nacionales a las provincias y a la Municipalidad de Buenos Aires Ahora, el secretario de Salud de Bouer —el Dr. Peluso— acaba de anunciar que está previsto justamente el cierre de tales hospitales (Lagleize, Borda, Moyano, de Odontología, Rivadavia y María Ferrer). Es una medida que apunta a la liquidación del exhausto sistema de salud pública, para convertir sus restos en la base del negocio millonario de los pulpos de la medicina privada. El objetivo es “ajustar” la red de hospitales públicos para esta empresa. Con sus planteles reducidos, explotando el buen nivel técnico del personal médico y para-médico, y su amplia capacidad instalada —todo ello debidamente “racionalizado”—, los monopolios empresarios buscan “asociarse” al hospital estatal en búsqueda de superganancias, echando mano a los millones de dólares que se mueven en esta órbita. El reciente decreto gubernamental de “desregulación de las obras sociales” (ver Prensa Obrera Nº381) tuvo justamente la finalidad de promover la fusión de las obras sociales entre sí y con empresas privadas, para la explotación de un mercado de 7.000 millones de dólares.

El sistema vigente en PAMI es una experiencia piloto de estos proyectos. Bajo la administración de Matilde Menéndez, se profundizó la política de intermediación de la atención médica a través de un grupo de empresas que “gerencian” las prestaciones médicas para millones de afiliados al PAMI, embolsan la recaudación per cápita (automática y por adelantado) y contratan a su vez los servicios médicos y de laboratorios, tanto de servicios privados como públicos (hospitales municipales, universitarios, etc.). Un negocio sin riesgos y todo a ganancia.

El proceso de privatización hospitalaria ha venido avanzando (ya desde la administración radical) por otro carril. La comida, la limpieza y la vigilancia están concesionadas a privados. Todas las prestaciones están arancelizadas. El pago en bonos de las mismas es quasi obligatorio. La recaudación la manejan las Cooperadoras, que a su vez explotan los bares, los quioscos de revistas y expendedoras de bebidas.

Una serie de servicios están semiprivatizados mediante la financiación de fundaciones o empresas que “donan” instalaciones y aparatología. Los tomógrafos computados instalados o en proceso de instalación en los hospitales municipales, son concesiones a empresas privadas que los instalan a cambio de su explotación comercial a 10 años, utilizando las instalaciones edilicias del hospital. El hospital Rivadavia tiene cedido una parte del edificio al CEMIC, empresa privada, y se proyecta entregar el resto a la Universidad Católica. El hospital José María Ferrer está en tratativas para ser entregado a la fundación FAIAM, dirigida por la mujer de Richard Handley (Página 12, 12/2). El Durand cedió gratuitamente dos pabellones a la Universidad privada Maimónides (Cronista, 12/2).

El abandono del sistema estatal de salud y el criterio de beneficio capitalista que se promueve, dará como resultado la liquidación de la salud pública (“no rentable”) con la consecuente pérdida de camas, equipos de investigación y de promoción de salud, aún existentes. El nivel general de las prestaciones de salud caerá por el piso, como consecuencia de la necesidad capitalista de reducir las “prestaciones básicas” para acrecentar el beneficio.

El plan es inaplicable sin un ataque en regla no sólo contra las condiciones de salud, de la población sino de los trabajadores de la salud cuyos “excedentes” en el plan de ajuste serán desplazados y cuyos salarios serán depreciados en función de las mayores ganancias de los pulpos que monopolicen el “mercado”.

La cuestión fundamental frente a esta política es organizar el rechazo por parte de los sectores afectados. Médicos, técnicos y enfermeras deben retomar las movilizaciones del año pasado, llamando a la población y organizaciones populares a la defensa de la salud pública, al aumento del presupuesto para el sector, contra los cierres y privatizaciones y por aumento salarial para los trabajadores de la salud. La dirección de los hospitales y de la salud pública debe estar en manos de los propios trabajadores.