En un reportaje a Página 12 Hugo Yasky, secretario general de la CTA T y diputado nacional del Frente de Todos, justifica la reducción salarial para los trabajadores suspendidos en la cuarentena. Convalida de esta forma el pacto entre la UIA, la CGT y el gobierno de Alberto Fernández que establece un acuerdo para rebajar los salarios en un 25% de bolsillo, una forma de descargar la crisis sobre la clase obrera. Al “dirigente en grupo de riesgo” (según el diario oficialista) no se le mueve un pelo a pesar de que este contubernio antisalarial viola el decreto que establecía el pago íntegro del salario por dos meses. Con la reducción salarial oficializada por el Ministerio de Trabajo se termina de sepultar un DNU que fue siempre papel mojado y un arco sin red.

 Hugo Yasky, que viene de compartir cartelera y escenario virtual con Alberto Fernández para el 1° de mayo, disimula y presenta esta reducción de salarios como un error de comunicación del gobierno y de la propia CGT. Textualmente aclara que una cosa es decir que se recortó el salario en un 25% (“traducir el acuerdo al lenguaje empresario”) y otra muy distinta hubiese sido señalar que “hay una continuidad del 75% del salario”. El dirigente de la “central” le baja línea a los burócratas del pacto social sobre cómo hay que vender esta entregada y de paso ensalza a las patronales que ajustan a sus trabajadores. Del “miserables” al grupo Techint, los nacionales y populares pasaron a la compasión por las pobres empresas de “productividad cero”.

Trascartón, Yasky se queja de que la CTA T fue dejada afuera “a pesar que representamos sectores que están afectados”. No se trata con seguridad del sindicato del neumático cuya dirección combativa y clasista del Sutna rechazó las pretensiones patronales de avanzar sobre el salario y fijó las condiciones de un protocolo obrero, cuando el gobierno exceptuó a estas empresas de la cuarentena obligatoria a pesar de no ser servicios esenciales. Ni hablar de su socio Wasiejko, quien tampoco jugó ningún papel en la defensa de los trabajadores del neumático, pese a que Yasky aun le costea el "salario". Tampoco piensa Yasky en los docentes que son incorporados al plan PIEDAS (subsidio de magros $10.500 en la provincia de Buenos Aires) cuando fue Kicillof quien estableció el condicionante de un servicio presencial que en los hechos es un ataque al aislamiento social obligatorio en educación. En oposición a esta política, los Suteba Multicolor y el sindicalismo docente combativo luchan por un seguro al docente desocupado y subocupado no inferior al costo de la canasta básica.

El burócrata kirchnerista de la CTA T finge ignorar que estos ataques al salario, que afectan a un millón de suspendidos, cumplen una doble función. Por un lado, pretenden prevenir contra todo reclamo de aumento salarial o reapertura de las paritarias cuando la canasta de pobreza llegó a los 42 mil pesos; y por el otro, es son un golpe por hambre a la cuarentena, como parte de las presiones del capital por liberar el funcionamiento de las empresas a costa de la salud y la vida de los trabajadores. Significativamente, desde el gobierno ya se habla de “contagio administrado” en el mes de mayo, cuando se espera que llegue el pico de la pandemia para fin de mes o principios de junio. Desde la Asociación Judicial Bonaerense se denuncia que se quiere forzar la vuelta al trabajo de los empleados judiciales de la provincia, poniendo en riesgo a los trabajadores. Las rebajas salariales en la “emergencia” pretenden perpetuarse para establecer un nuevo piso salarial a la baja (ahora nominal), que se suma al golpe inflacionario, que acompañe a la masa de despidos y precarizados (aumento de la desocupación y la pobreza) como mano de obra barata y presión del capital contra todos los salarios.

Pero además, este sostén a una medida patronal y antiobrera coincide con una campaña para avanzar en la reducción nominal de los salarios de los empleados públicos en nombre de un “criterio equitativo” con los trabajadores privados que están suspendidos. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) elaboró hasta una tablita con los descuentos salariales a partir de los $50.000 netos, señal de que se trata de algo más que un rumor. Para que no queden dudas, el IARAF destaca que el problema es el déficit fiscal y los compromisos de pago de deuda. La Ctera de Yasky, Alesso y Baradel está dejando pasar estos ataques como lo hizo con el desconocimiento de los gobernadores a las cláusulas de actualización salarial y el recorte de salarios en Salta.

El discurseo de Yasky en Página 12 es la expresión de la parálisis de la CTA T y de todas las burocracias que actúan como lobistas de los capitalistas y del ajuste de los salarios, como exige el FMI, ahora amigable para el gobierno nacional, para Cristina y los kirchneristas. La comprensión que demuestra Yasky para con las empresas lo reafirma como un “hombre de Estado” al servicio de los capitalistas. Refiriéndose al impuesto a la riqueza dijo que la “clave es construir legitimidad y consenso social para avanzar con esto”, es decir, llevarlas a la larga y podar cada vez más el gravamen a los capitalistas (si es que sale algún día), mientras se desangra a los trabajadores.

Los trabajadores tenemos que intervenir para romper este pacto social a la medida de las patronales. Ningún recorte a los salarios. Prohibición efectiva, y por ley, de despidos y suspensiones. Actualización salarial por inflación. Reapertura de paritarias y seguro al desocupado no inferior a la canasta básica.

La tarea de la hora es poner en pie a los sindicatos e impulsar la convocatoria y autoconvocatoria de los delegados y activistas, por congresos de trabajadores.