El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, dispuso la intervención del Sindicato Único de Recolectores de Córdoba (Surrbac), en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, entre otros delitos, por la que están detenidos el secretario General, Mauricio Saillén y su Adjunto, Pascual Catrambone.

Moroni determinó esta medida a pedido del juez Federal Ricardo Bustos Fierro con el fin de “normalizar la situación generada a través de años de incumplimientos normativos, contabilización informal o paralela que fue, con el paso del tiempo, generando en el entorno familiar de los principales implicados un cúmulo de bienes que, analizados en perspectiva, ocasionaron un verdadero estupor en toda la comunidad”. (Cba24N, 20/02)

El fiscal federal a cargo de la causa, Enrique Senestrari, determinó que se habrían cometido cinco tipos delictivos: lavado de activos, evasión agravada, asociación ilícita fiscal, defraudación por administración fraudulenta y tentativa de aprovechamiento ilegítimo de beneficios fiscales.

A pesar de que la letra de la intervención establece que esta tendría fines “conservatorios”, el interventor deslizó que en el marco de la normalización del gremio una elección de autoridades “forma parte de la intervención”, y que “lograr que la entidad tenga sus autoridades legítimas a través del voto” es uno de los objetivos (La Voz, 20/02). En el mismo sentido se pronunció Sappia, exsecretario de Trabajo de la Nación, quien aseveró que la intervención tiene que “necesariamente llamar a una elección”. Por su lado para el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Norberto Ciaravino, si bien la intervención tiene fines ordenativos y faculta al interventor para actos conservatorios de la administración", explicó y aclaró que la dificultad se plantea "en torno a la competencia y a los alcances (ya que) una situación similar se dio en el Soeme, en la provincia de Buenos Aires, y hubo una cierta conflictividad entre el fuero penal y de trabajo".

La intervención del Surrbac fue precedida por allanamientos realizados en agosto de 2019 donde se secuestraron alrededor de $7 millones, oro, 20 autos de alta gama y armas de uso civil registradas. Las armas fueron secuestradas a raíz de una denuncia anterior contra Saillén, efectuada por un exmiembro del gremio y rival de la conducción, que tras la denuncia, fue baleado.

Es importante destacar que la familia Saillén colaboró activamente para llevar a la presidencia a Alberto Fernández, aportando la mitad de la concurrencia en su acto en Córdoba, pero una vez que se conoció la detención de los líderes sindicales en plena campaña, el entonces candidato presidencial sugirió el apartamiento de Franco Saillén (en ese momento legislador por la lista kirchnerista) del cuarto lugar de la lista provincial de diputados nacionales.

Sobre llovido, mojado

Al día siguiente de la intervención del Surrbac se sumó un nuevo capítulo a los millonarios manejos de dinero del servicio de basura de la ciudad de Córdoba con la imputación a 16 directivos de la empresa recolectora Cotreco, y a ocho exfuncionarios de esta firma. Entre estos imputados se cuenta su presidente y extitular de la Cámara de Comercio de Córdoba, Horacio Busso. Se los investiga por asociación ilícita, lavado de activos, retención de aportes, insolvencia fiscal y quiebras fraudulentas

Sin embargo esto no queda acá, Senestrari también le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que investigara la historia fiscal de los integrantes del primer directorio del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), organismo creado a principio de noviembre de 2015 por Mestre con los votos del PJ. Ese año, el intendente de Cambiemos era reelecto por apenas el 32,2% de los votos y sostenido por el peronismo provincial.

Durante gobiernos kirchneristas, radicales y juecistas, sumas millonarias de los contribuyentes municipales fueron dilapidados por empresas públicas y privadas creadas para prestar un mismo servicio y dirigidas por jefes que, a su vez, debían ser controlados por ellos mismos.

Para tener una noción de semejante negocio, sólo el año pasado, el gasto en basura creció un 34% ($ 1.500 millones extras) respecto a los 4.688,2 millones de pesos presupuestados. Por lo tanto, sólo el costo del servicio de higiene urbana se llevó 6.198,2 millones de pesos en 2019. Semejante incremento en el costo de la basura coincide con el arranque del nuevo servicio de higiene urbana, que desde diciembre incorporó tres firmas privadas que participan del negocio de la basura: Lusa, LAM y Urbacor a costa de precarizar el servicio. Con este nuevo esquema, la Municipalidad gasta este año 500 millones de pesos mensuales, el 15% de las erogaciones anuales del Municipio.

Éramos pocos y apareció Moyano

Hugo Moyano apareció hace una década como aliado del entonces intendente K Daniel Giacomino integrando CRESE mediante Guía Laboral, una empresa que tercerizaba trabajadores. Por entonces, Moyano y Mauricio Saillén eran socios en la Federación de Camioneros, de la que Saillén se va en 2013 tras obtener el visto bueno del gobierno kirchnerista, y se llevó con él los recursos propios de la actividad sindical y de la mutual.

Tiempo después la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunció a Moyano por haber utilizado una red de sociedades y cooperativas, de la cual Guía Laboral habría sido parte, para lavar y evadir cuatro mil millones de pesos. El vértice de esa pirámide empresarial sería el correo OCA.

Las principales especulaciones de los medios giran alrededor de que Schiaretti necesita… “quitar un obstáculo importante a la recién iniciada gestión de Martín Llaryora en la intendencia… o que el camionero Hugo Moyano, logró tocar los botones apropiados en el nuevo gobierno para dar el golpe de gracia contra sus rivales cordobeses” (La Voz, 20/02).

Si bien es claro que hay una guerra de rapiña por el control del negocio millonario de la basura, el control de la obra social y la caja del gremio también hay un tercer factor que no escapa a los trabajadores del Surrbac, quienes movilizaron tras la intervención, y a toda la clase obrera cordobesa. Los sindicatos que aún mantienen buenos convenios han sido sistemáticamente atacados por todos los gobiernos y la prensa oficialista. A esta ola se sube ahora Fernández con el total silencio del conjunto de ambas CGTs y CTAs. Ya sea por su disciplina para con el ajuste, o por el temor a correr la misma suerte.

Rechazamos la intervención o intromisión del Estado en las organizaciones obreras ya que lejos de terminar con las conducciones empresariales, las refuerzan. Sólo la intervención independiente de cualquier gobierno patronal por parte de los trabajadores puede democratizar los sindicatos y recuperarlos para la lucha. Por este camino, los trabajadores del Surrbac tienen que enfrentar la intervención, defender su convenio y su salario.