El decreto 788/2019, publicado en el Boletín Oficial, crea el “Régimen de Alta Dirección Pública” para funcionarios jerárquicos concursados, otorgándoles estabilidad durante los próximos cinco años o, en el caso de que el próximo gobierno los desplace, garantizándoles el pago de todos los sueldos hasta cumplir ese plazo.

UPCN presenta este decreto, que homologa un acta acuerdo de la paritaria de junio de 2019, como una conquista para los estatales con la especie de que garantizaría la autonomía de los funcionarios respecto de los gobiernos de turno, y por lo tanto, el acceso de los estatales a los cargos de dirección.

Pero lo cierto es que, mientras en la misma paritaria se acordaba un aumento muy por debajo de la inflación, dejaba pasar los despidos y la precarización laboral, este régimen garantiza indemnizaciones de, según los primeros cálculos, diez millones de pesos a quienes llevaron adelante los despidos masivos. A su vez, constituye una nueva violación del Convenio Colectivo mayoritario de los estatales (SINEP).

UPCN, sin embargo, es el sindicato que ha hecho punta en el movimiento obrero planteando que no le va a reclamar a Alberto Fernández un bono de fin de año que compense la pérdida del poder adquisitivo para los estatales, en sintonía con la política del Pacto Social que promueve la CGT, y a la que se han integrado ambas CTA.

El planteo de ATE Capital

La conducción Verde y Blanca de ATE Capital ha sacado un comunicado de rechazo al decreto y ha convocado a un paro y movilización para la próxima semana. El rechazo, se basa en dos aspectos centrales: que la estabilidad debe ser para los trabajadores y no para los funcionarios, y que este decreto buscaría “condicionar” al próximo gobierno mediante la “colonización” de los cargos jerárquicos por parte de funcionarios del macrismo.

La estabilidad de los trabajadores estatales ha sido negada por doce años de gobiernos kirchneristas y es esa precariedad laboral la que ha facilitado el despido de miles de estatales durante la gestión Macri. A su vez, la política de pacto social con el nuevo gobierno de Fernández, a la que también suscribe ATE Capital (junto a  UPCN), no prevé el reclamo para que pasen a planta permanente a todas y todos los precarizados.

El “condicionamiento” que denuncian es relativo, dado que el nuevo gobierno puede derogar con un nuevo decreto el régimen acordado entre Macri y UPCN. Sin embargo cabe la pregunta, ¿desautorizará Fernández a UPCN, que defiende a capa y espada este nuevo régimen? En definitiva, los funcionarios que nombre el próximo Gobierno ¿no serán beneficiados por este nuevo régimen (que además incluye una recomposición salarial extraordinaria a partir de enero de 2020)?

 Por la autonomía de las organizaciones obreras

Para voltear esta nueva provocación del macrismo, y avanzar con una lucha consecuente por la reincoporación de todos los despedidos, por el pase a planta de todos los precarizados que aún continúan en el Estado, así como por un bono de fin de año y la reapertura inmediata de la paritarias, es indispensable que los sindicatos estatales preserven su autonomía respecto del nuevo gobierno y que rechacen la política de paz social cuyo garante es la misma burocracia que entregó a los trabajadores bajo el macrismo.

Por ello, el paro y movilización convocados por ATE Capital, deben ser el inicio de un plan de lucha por todas las reivindicaciones, con eje en asambleas en todos los lugares de trabajo. Así también movilizar el próximo 18 de diciembre junto al sindicalismo combativo.