La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) viene desarrollando una campaña de denuncia y de lucha por la desamiantación del subte. Es producto de esa actividad y en particular de los delegados de las líneas y talleres, que se ha obligado a que Metrovías y el gobierno porteño reconozcan la presencia del peligroso asbesto (amianto) en el subte y se vean obligados a tomar algunas medidas, como comenzar la detección de partes contaminadas en las formaciones por medio de su análisis por institutos especializados. O el control médico de una parte -aún mínima- del personal, para detectar posibles patologías vinculadas o signos de presencia de asbesto en el organismo.

Hay que destacar que ambos sectores (la gerenciadora Metrovías y el gobierno propietario del subte -SBASE-) hacen lo imposible por dilatar la solución de este grave problema. Por ejemplo, han limitado hasta ahora a la línea B y su taller Rancagua, los estudios de detección y algunas medidas preventivas como la eliminación de las estufas de las cabinas de conducción que tienen partes de dicho material -y esto porque los trabajadores del taller han decidido no trabajar sobre piezas sospechosas y los conductores y guardas amenazaron con medidas de acción directa. Un paso adelante. En cambio nada se hace sobre las líneas C y E, donde la parte obrera ha demostrado la presencia de asbesto, o en el resto de las líneas donde hay fundadas sospechas de que puede haberlo. Trabajadores de todos los sectores comienzan a preguntarse si ellos están condenados, como sus compañeros del Metro de Madrid, a la exposición de un contaminante de fibras invisibles, que puede provocar con el tiempo serias enfermedades incluyendo el cáncer.

No solo se parcializa el abordaje sobre una sola línea, sino que las tareas de análisis y remoción de piezas se dilatan. Tampoco la Policía de Trabajo concreta, sospechosamente, las conclusiones -más que evidentes- de sus inspecciones. Se postergan así las inversiones necesarias para reconvertir formaciones e instalaciones y la confesión de la responsabilidad -penal- en haber adquirido material desechable y contaminado. El cuerpo de delegados centra su reclamo en que Metrovías y SBASE presenten un plan general de desamiantación por una empresa especializada, con sus respectivos procedimientos y plazos, y ha comenzado una campaña pública explicando en volantes al usuario el alcance y gravedad de la cuestión y la necesidad urgente de encarar esas tareas en formaciones, talleres y túneles. Un punto importante a reclamar es el control de los procedimientos por una comisión obrera con derecho a interrumpir tareas riesgosas.

Si el plan de la patronal no aparece, el sentido de auto preservación de los trabajadores va a poner en cuestión el funcionamiento del servicio.