Sindicales
7/1/1999|614
Análisis del convenio estatal de UPCN
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El convenio firmado entre el gobierno y la burocracia de Andrés Rodríguez, de la Unión Personal Civil de la Nación, permite la aplicación ilimitada de los despidos en masa, la flexibilización laboral y la superexplotación de los trabajadores del Estado. Introduce además un mecanismo de mediación y arbitraje, que elimina toda posibilidad de que los trabajadores realicen medidas de fuerza.
El nuevo convenio (el primero firmado entre un gremio y el Estado) se aplicará en 65 organismos. Los convenios sectoriales deberán adecuarse al convenio general, considerado de jerarquía superior (artículo 5). La encargada de vigilar esta “adecuación” es la Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales, una paritaria de miembros del Estado y de la burocracia (Co.P.A.R.)
Precarización y despidos masivos.
El convenio establece un período de prueba de 12 meses, durante los cuales no existe estabilidad y la designación puede ser cancelada sin indemnización, si las evaluaciones de la autoridad resultan insatisfactorias (artículo 25).
Pero una vez pasado el período y condiciones de prueba (artículo 18), tampoco hay estabilidad. Porque se establece (artículo 26) que podrá ser eliminado el personal “afectado por medidas de reestructuración que comporten la supresión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a los mismos, con la eliminación de los respectivos cargos”. Esto puede ocurrir previo pago de una indemnización o previo un período de “reubicación y reconversión laboral”. En este caso se lo despide cuando no cumple “alguno de los requisitos de la capacitación” y se le descuenta de la indemnización los meses de sueldo que cobró durante la ‘reconversión’.
Esta es la verdadera clave del convenio, porque habilita al Estado a producir despidos en masa de organismos o dependencias que sean eliminados por el programa de ‘ajuste’.
Hay otras medidas que apuntan también a esta ‘limpieza’ laboral. Se establece una jomada de 180 horas mensuales, con un período de descanso mínimo de 12 horas (artículo 38). Las jomadas diarias de 12 horas barrerán con una multitud de empleados que tienen dos empleos.
La “polifuncionalidad” (artículo 37) generará el excedente de empleados para producir los despidos.
No más medidas de fuerza
Entre otras disposiciones, la patronal tiene la prerrogativa de no dar trabajo, con razones fundadas (artículo 30 b); se prohíbe el proselitismo y la acción política (artículo 34 e); se elimina la promoción automática de las categorías, que sólo se otorgarán por calificaciones adecuadas y acreditaciones dé la competencia laboral (artículos 45 a 47).
Pero el capítulo más antiobrero y antisindical de todos, es el que regimenta los conflictos colectivos. Previendo la resistencia que provocará la aplicación del convenio, se elaboró un larguísimo y perverso capítulo III (artículos 71 y siguientes) de “mecanismos para la solución de conflictos colectivos laborales”, los cuales contemplan un trámite de “mediación” ultra burocrático, que puede extenderse más de 45 días. Está a cargo de la Co.P.A.R., que impone la suspensión de cualquier medida de fuerza durante su transcurso. Si fracasa la mediación, habrá que optar entre un “arbitraje” vinculante, que obliga a las partes a lo que decida el árbitro, o bien la vía judicial.
Queda de lado cualquier medida huelguística de los trabajadores. Y si a pesar de todo este mecanismo los trabajadores quisieran tomar medidas de acción directa, el artículo 100 establece que “se deberán cumplir guardias mínimas que establezca el Estado empleador”.
El soborno de la burocracia
El necesario lubricante de semejante entregada, se encuentra en el capítulo V, candorosamente titulado “aporte solidario”. Allí se establece que el gremio recibirá mensualmente el 0,5 % “del total de la remuneración bruta mensual”, que se dedicará a “educación, vivienda, salud y turismo”.
Los dirigentes de ATE estiman la friolera en dólares mensuales.
Que este convenio ‘basura’ haya sido proclamado en una fiesta en el Luna Park con la presencia de Menem, habla de la total subordinación de esta burocracia patronal al Banco Mundial que dicta las políticas de ‘reforma del Estado’. Y del pacto con la fracción menemista del PJ, al menos por ahora.
El Partido Obrero llama a los trabajadores estatales y a los delegados de todos los gremios a pronunciarse contra la aplicación de este convenio antiobrero y por la organización de asambleas y plenarios que voten un plan de lucha por su derogación.