Sindicales

7/1/1999|614

Análisis del convenio estatal de UPCN

El convenio firmado entre el gobierno y la burocracia de Andrés Rodríguez, de la Unión Personal Civil de la Nación, permite la aplicación ilimitada de los despidos en masa, la flexibilización labo­ral y la superexplotación de los trabaja­dores del Estado. Introduce además un mecanismo de mediación y arbitraje, que elimina toda posibilidad de que los traba­jadores realicen medidas de fuerza.


El nuevo convenio (el primero firma­do entre un gremio y el Estado) se aplica­rá en 65 organismos. Los convenios sec­toriales deberán adecuarse al convenio general, considerado de jerarquía supe­rior (artículo 5). La encargada de vigilar esta “adecuación” es la Comisión Per­manente de Aplicación y Relaciones La­borales, una paritaria de miembros del Estado y de la burocracia (Co.P.A.R.)


Precarización y despidos masivos.


El convenio establece un período de prueba de 12 meses, durante los cuales no existe estabilidad y la designación puede ser cancelada sin indemnización, si las evaluaciones de la autoridad resul­tan insatisfactorias (artículo 25).


Pero una vez pasado el período y condi­ciones de prueba (artículo 18), tampoco hay estabilidad. Porque se establece (artí­culo 26) que podrá ser eliminado el perso­nal “afectado por medidas de reestructuración que comporten la supre­sión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a los mis­mos, con la eliminación de los respec­tivos cargos”. Esto puede ocurrir previo pago de una indemnización o previo un período de “reubicación y reconver­sión laboral”. En este caso se lo despide cuando no cumple “alguno de los requi­sitos de la capacitación” y se le descuen­ta de la indemnización los meses de sueldo que cobró durante la ‘reconversión’.


Esta es la verdadera clave del conve­nio, porque habilita al Estado a producir despidos en masa de organismos o depen­dencias que sean eliminados por el pro­grama de ‘ajuste’.


Hay otras medidas que apuntan tam­bién a esta ‘limpieza’ laboral. Se estable­ce una jomada de 180 horas mensuales, con un período de descanso mínimo de 12 horas (artículo 38). Las jomadas diarias de 12 horas barrerán con una multitud de empleados que tienen dos empleos.


La “polifuncionalidad” (artículo 37) generará el excedente de empleados para producir los despidos.


No más medidas de fuerza


Entre otras disposiciones, la patronal tiene la prerrogativa de no dar trabajo, con razones fundadas (artículo 30 b); se prohíbe el proselitismo y la acción políti­ca (artículo 34 e); se elimina la promoción automática de las categorías, que sólo se otorgarán por calificaciones adecuadas y acreditaciones dé la competencia laboral (artículos 45 a 47).


Pero el capítulo más antiobrero y an­tisindical de todos, es el que regimenta los conflictos colectivos. Previendo la re­sistencia que provocará la aplicación del convenio, se elaboró un larguísimo y per­verso capítulo III (artículos 71 y siguien­tes) de “mecanismos para la solución de conflictos colectivos laborales”, los cuales contemplan un trámite de “mediación” ultra burocrático, que puede extenderse más de 45 días. Está a cargo de la Co.P.A.R., que impone la suspensión de cualquier medida de fuer­za durante su transcurso. Si fracasa la mediación, habrá que optar entre un “ar­bitraje” vinculante, que obliga a las par­tes a lo que decida el árbitro, o bien la vía judicial.


Queda de lado cualquier medida huelguística de los trabajadores. Y si a pesar de todo este mecanismo los traba­jadores quisieran tomar medidas de ac­ción directa, el artículo 100 establece que “se deberán cumplir guardias míni­mas que establezca el Estado em­pleador”.


El soborno de la burocracia


El necesario lubricante de semejante entregada, se encuentra en el capítulo V, candorosamente titulado “aporte soli­dario”. Allí se establece que el gremio recibirá mensualmente el 0,5 % “del total de la remuneración bruta men­sual”, que se dedicará a “educación, vivienda, salud y turismo”.


Los diri­gentes de ATE estiman la friolera en dólares mensuales.


Que este convenio ‘basura’ haya sido proclamado en una fiesta en el Luna Park con la presencia de Menem, habla de la total subordinación de esta burocra­cia patronal al Banco Mundial que dicta las políticas de ‘reforma del Estado’. Y del pacto con la fracción menemista del PJ, al menos por ahora.


El Partido Obrero llama a los tra­bajadores estatales y a los delegados de todos los gremios a pronunciarse contra la aplicación de este convenio antiobrero y por la organización de asambleas y plenarios que voten un plan de lucha por su derogación.