La escalada de Recalde contra los compañeros de tráfico -suspensión de trabajadores con causas armadas- culminó con el despido de Cristian Fontana, ex delegado y referente de la oposición a la burocracia de Llano. Este año, casualmente, hay elecciones en APA, sindicato del personal de tierra al que Llano y La Cámpora han transformado en una oficina de personal de Aerolíneas.

Entre las acusaciones, figura la de ejercer su derecho a difundir la convocatoria al último paro de la CTA. No se trata de un caso aislado. La persecución al activismo está vinculada con la "sintonía fina" del ajuste en una empresa que es, claramente, la principal caja de financiamiento de la "juventud que vuelve a la política".

Los ataques a los trabajadores se vienen produciendo en todos los sectores. Comenzaron con el intento de quitar la personería de Apta, desplazando a los jefes en Ezeiza que no aceptaran pasar por alto las deficientes condiciones de seguridad. Además, desconocieron lo firmado por el mismo Recalde, en 2010, en concepto de categorías. Exigen que las tripulaciones violenten las normas de trabajo, retrasan el pago de salarios y prolongan la jornada laboral con la reducción de los descansos. Quieren instalar una verdadera dictadura. Recalde ya debutó con su propio Proyecto X: pidió listas de aquellos que participan en asambleas, en las cuales se discriminaba quiénes hacen uso de la palabra.

La juventud camporista no acepta reunirse en paritarias como lo hacen todos los trabajadores del país con sus patronales, incluyendo las "grandes corporaciones". El propio Recalde recorrió sectores de tráfico amenazando con "equiparar hacia abajo" los salarios de los trabajadores de rampa. Por ese motivo, luego de ningunear el reclamo masivo de una asamblea general (petitorio), Cirielli lanza un plan de acción para el próximo viernes, cuyo resultado a favor de los trabajadores dependerá, en definitiva, de la irrupción masiva de la base de los técnicos en la elaboración y en la ejecución del plan.

La persecución a los activistas también se siente entre los trabajadores tercerizados de Aeropuertos Argentina 2000, quienes realizan todo tipo de tareas otrora incluidas dentro de los convenios aeronáuticos y que -como en Securitas, Has y otras- son perseguidos y despedidos cuando deciden salir a organizarse contra las condiciones miserables. Por eso, se realizó un nuevo encadenamiento de compañeros despedidos de Securitas en Ezeiza, en reclamo del reconocimiento de la representatividad gremial y por las condiciones de trabajo. Los tercerizados de HAS cortaron la costanera en reclamo de paritarias salariales y fueron reprimidos por la Policía. A días del comienzo del juicio a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra, la situación de los tercerizados aeronáuticos es explosiva. La responsabilidad solidaria del Estado y de AA 2000 es, acá también, ineludible.

Por una respuesta de conjunto

Los aprietes en APA se pueden realizar sobre la base de una masiva incorporación clientelar de trabajadores en tráfico. Es conocido el caso de un despedido por no pagar el 10% de su salario a La Cámpora.

Pero la patronal que administra Aerolíneas es del mismo gobierno que, a las apuradas, firmó un acuerdo concediendo todos los reclamos de los controladores aéreos -quienes con su trabajo a reglamento paralizaron Aeroparque- y de los técnicos de Apta -los que le pararon la chata en el acto cuando buscaron intensificar ritmos de trabajo y retrasar el pago de salarios. Se puede seguir ese camino y, así, se puede ganar.

El viernes 20, centenares de trabajadores de varios gremios -incluidos los aeronáuticos, la Fuba, AGD-UBA, Agtsyp y delegaciones de trabajadores de la CTA- realizaron un acto de repudio en el hall de Aeroparque. Un comienzo con impacto, pero que no será suficiente si no sirve a la organización de una lucha, hacia dentro de la empresa, por la reincorporación de Fontana, además de apuntar al paro y/o a la interrupción de las operaciones.

Unifiquemos a los trabajadores por encima de la división forzosa a la que nos llevan los dirigentes burocráticos. El reclamo de un salario mínimo conformado de 5.000 pesos para la jornada de ocho horas para todos los tercerizados puede ser un gran punto unificador que, mediante asambleas y acciones comunes, acumule la fuerza necesaria para ganar y para poner fin también a la persecución sindical.