En una entrevista publicada el martes 31 de marzo en el portal Infobae Económico el economista Daniel Artana (de la consultora FIEL) sostuvo que el gobierno nacional debería coordinar con provincias y municipios para que “todos bajen los salarios del sector público. Cortar los salarios políticos suena bien pero no alcanza, y los salarios públicos de todo el país son el 10 por ciento del PBI. Si no lo hacen, las provincias van a terminar emitiendo cuasimonedas y esto será un desastre”.

Recoge así un planteo formulado hace varias semanas (antes del impacto mundial de la pandemia) por Carlos Rodríguez, economista del CEMA y exfuncionario menemista, que propuso recortar el 30% del salario de los estatales con el objetivo de reunir fondos para el repago de la deuda externa. Evidentemente existe una corriente de pensamiento, entre los medios de la burguesía, que tiende a apuntar contra los trabajadores del Estado para pilotear los rescates al capital.

El planteo de Artana empalma con la rebaja de los sueldos de los funcionarios, jueces y legisladores que agitan los voceros de Cambiemos y que fue tomada por varios gobernadores peronistas. Dicha propuesta fue impulsada en un cacerolazo el lunes por la noche, con la lógica de que “si el sector privado hace un esfuerzo, el sector público también debe hacerlo”. En esa línea fue presentado el proyecto de ley presentado por el senador del PRO Humberto Schiavoni para reducir los salarios en todos los poderes del Estado un 20% para sueldos mayores a los $150.000 y un 5% para sueldos mayores a $70.000 brutos, los que equivalen a $57.000 pesos de bolsillo (cuando la canasta familiar fue fijada en $64.000). Sergio Massa recogió el guante anunciando un recorte del 40% de las dietas de los diputados nacionales.

Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, hizo punta con medidas de este tipo a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires los intendentes amenazan con bajar salarios a los municipales y reclaman fondos provinciales, aunque sea al precio de emitir una cuasimoneda para abonar a los proveedores y los sueldos estatales. El pago con bonos también fue barajado por Mariano Arcioni de Chubut, que adeuda los salarios a 50.000 trabajadores del Estado.

Sin embargo, las rebajas salariales en el empleo público no necesariamente requieren recortes nominales como hicieron De la Rúa y López Murphy en 2001 recortando el 13% de los sueldos, sino que se viene ejecutando a través de aumentos paritarios muy por debajo de la inflación. Ahora se lleva adelante un operativo contra las paritarias, que comenzó con la suspensión de las cláusulas gatillo adeudadas en varias provincias (Tucumán, Santa Fe) o con la imposición de sumas fijas como hizo el gobierno nacional para evitar la aplicación de la cláusula de revisión paritaria fijada para marzo.

El escenario se completa con los ataques a los puestos de trabajo, desde los 400 despidos ejecutados por Aníbal Fernández en Yacimiento Carboníferos Río Turbio, en Santa Cruz, o con la no renovación de contratos en la dirección bonaerense de Educación por parte del gobierno de Axel Kicillof.

Reclamamos a los sindicatos estatales ATE, UPCN y las asociaciones provinciales y municipales una campaña contra esta ofensiva. En esa dirección, promovemos la más amplia deliberación entre los trabajadores a partir de reuniones y plenarios virtuales que organicen la lucha en defensa de los salarios y de los puestos de trabajo, exigiendo una recomposición para recuperar el poder adquisitivo perdido y la reincorporación de los despedidos durante los últimos cuatro años.