Lucini paga los favores. Su ascenso a camarista ahora que ha dejado la causa de Cromañón, lo paga amoldando la causa judicial para la absolución de funcionarios y para distanciar aún más a Ibarra del proceso penal.

 

Primero resolvieron cambiar la carátula de Chabán de homicidio a estrago. De esta manera instalaron en la causa las bases necesarias para plantear que no estamos frente a la acción deliberada de anteponer la ganancia capitalista a la vida de los jóvenes, sino que estaríamos frente a un incendio fatal.

 

Luego equipararon la responsabilidad entre Callejeros y Chabán, subiendo la carátula de los integrantes del grupo a estrago doloso.

 

Y por último disminuyeron la carátula de los funcionarios, de homicidio a incumplimiento de deberes de funcionario público.

 

De esta forma, prefiguraron un cuadro en el cual el responsable máximo es el chico de la bengala, luego le sigue Callejeros, luego Chabán y allá lejos un grupo de funcionarios negligentes. Si esto fuera así, no sólo se garantizaría la impunidad de los asesinos, sino que quedaría en manos de las bandas de rock el cuidado de la ciudadanía. Un fallo ejemplificador de la sociedad capitalista.

 

Sin embargo, este último fallo a la vez que disminuye la pena de los funcionarios, confirma que deberán ir a juicio oral (siempre y cuando el juicio suceda antes de 2007, porque de lo contrario prescribirán los tiempos para los funcionarios y entonces habrán zafado del juicio también).

 

Este aspecto debe ser tenido en cuenta, porque el juez, aunque hubiera querido, viendo estas movidas judiciales, no pudo dejar afuera a los funcionarios y esto se debe a que el movimiento de Cromañón ejerce una presión difícil de evitar.

 

Ante la salida del último fallo, Ibarra vuelve a dar muestras de su desesperación: el fallo no dice que Ibarra no sea responsable, ni lo menciona, e incluso en algunos pasajes argumenta de manera tal que de allí se desprende que Lucini lo debió haber citado y que no lo hizo por razones políticas.

 

Sin embargo, Ibarra brinda por el procesamiento de sus funcionarios y reclama la nulidad del juicio político.

 

El suspendido, que vio fantasmas golpistas por todos lados, vuelve a mostrar la hilacha y reclama la injerencia del Poder Judicial sobre el Legislativo.

 

Estas apresuradas declaraciones de Ibarra demuestran que no resiste el menor interrogatorio: el suspendido no podría evitar confesar que gobierna para el interés de lucro, para beneficiar la inversión en turismo y “cultura” a cambio de no meter su nariz dentro de los locales de empresarios u hoteles que surgen del lavado de dinero.

 

Nuevamente, el desafío de los familiares de Cromañón será desnudar esta maniobra, que empalma con el acuerdo de los partidos patronales de evitar al máximo mover el avispero Cromañón.