Una asamblea masiva de tra­bajadores de Luz y Fuerza de Córdoba rechazó la división de EPEC (empresa de energía eléc­trica), destituyó a uno de los bu­rócratas más comprometidos con la privatización de la empre­sa y nombró una comisión de control (de ‘apoyo’) de la direc­tiva del gremio.

En la movilización tuvo un peso dominante la amenaza a la destrucción del convenio colec­tivo.

El proyecto de ley del go­bierno suspende precisamente el convenio colectivo (“el estado provincial está atado de pies y manos a un conjunto de nor­mas… incluso en lo que hace al convenio colectivo de traba­jo”, es la síntesis del interventor de EPEC —(La Voz. del Interior, 2/10).

Siguiendo una instrucción del Banco Mundial, el gobierno se propone ‘partir’ a la empresa pro­vincial en dos, una dedicada a la generación y otra a la distribución (le energía, paso previo a la conce­sión a las privadas de las centrales térmicas que aún están en manos de EPEC y a la privatización del servicio al consumidor.

El 2 de octubre, cuando se conoció el proyecto, los trabajadores ocuparon el establecimiento de Villa Revol y la central térmica Deán Funes y obligaron a la directiva a convocar a asam­blea general para el día siguiente. Hasta ese momento la burocracia había sido parte del proyecto del gobierno: “la conducción del sindicato está de acuerdo con la división de EPEC como forma de evitar la privatización… (In­cluso) la adecuación del conve­nio colectivo es necesaria, en virtud de que la convención co­lectiva fue firmada en el año 75 y desde entonces ha habido muchos cambios…”, declaró el secretario gremial de Luz y Fuer­za, destituido horas después por la asamblea (La Voz del Interior, 3/10).

Los negocios

Un factor en la crisis ha sido el enfrentamiento por los nego­cios de la privatización entre las burocracias de Córdoba y Villa María. Basilio Serrano (Villa María) rechazó la división de EPEC y la “privatización”, pero su sindicato “curiosamen­te participa como socio de la concesionaria que tiene u su cargo las (3) usinas privatiza- das (ya) por EPEC”. Estas con­cesiones obligaron a la empresa estatal a pagar al consorcio inte­grado por Luz y Fuerza Villa María un precio que superaba ampliamente el vigente en ese momento en el Mercado Eléctri­co Mayorista y motivaron una acción penal (La Voz del Inte­rior, 27/2).

Uno de los nudos del nego­cio capitalista y de la ‘caja chi­ca’ del gobierno provincial es la distribución de energía porque “EPEC compra el megavatio a un precio que oscila entre los 37 y 40 pesos y lo vende al consumidor final a 107” (La Voz del Interior, 1/3).

Programa

Aunque los trabajadores, en asamblea, plantearon “una em­presa estatal e integrada”, esto deja abierto el camino de las privatizaciones, porque autoriza las concesiones y la ‘privatiza­ción periférica’.

Debemos exigir el retiro del proyecto Mestre y la apertura de las cuentas de EPEC a un tribu­nal obrero que saque a luz los chanchullos que involucran al gobierno, los privatizadores y la burocracia (y que involucran el asesinato no esclarecido de Regino Maders, acribillado cuando se disponía e denunciar los ne­gociados oficiales en EPEC).

Un punto fundamental es el convenio colectivo, o sea parita­rias libres, con delegados electos en asamblea, para reclamar un básico que cubra las necesidades de la canasta familiar y todas las reivindicaciones pendientes.