Sindicales

23/10/2014|1337

Avanza la lucha de los tercerizados de la salud


Los trabajadores de la Fundación Trabajo y Solidaridad llevan siete semanas de lucha. Hace dos semanas, cinco compañeras decidieron encadenarse en las puertas del principal hospital de la provincia.


 


El conflicto estalló, entre otras cosas, porque se acumulaban tres años sin que les dieran las vacaciones anuales, la demora en la entrega de ropa de trabajo y denuncias porque las multas aplicadas a la empresa por incumplimiento o mala calidad de los servicios se le descuentan sistemáticamente a cada trabajador.


 


La fundación contrata 570 trabajadores y tiene a su cargo la limpieza, la comida y los servicios generales de cuatro de los cinco hospitales de la capital. Pertenece al diputado oficialista Eduardo Ramos, quien es, a su vez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y secretario general del Atsa.


 


Los incumplimientos del convenio colectivo de trabajo (122/75) y la negativa a que los trabajadores puedan contar con delegados en los lugares de trabajo, se completa con la persecución hacia toda voz opositora.


 


 


 


La crisis se va agudizando


 


La lucha ha puesto en cuestión todo el accionar de la fundación. El presidente de la Cámara de Diputados manifestó que los contratos están vencidos, mientras desde la fundación habían anunciado tener prórroga por cuatro años más. El gobierno tendría que renovar los contratos en el contexto de esta crisis y el fuerte cuestionamiento que cada vez más sectores están planteando. Un informe parcial de la Auditoría General de la provincia pone en cuestión el servicio, ya que han encontrado al menos 50 falencias en la prestación.


 


Cada vez se reúnen más pruebas que incriminan al gobierno. Esta semana se han cumplido nueve semanas de un pedido de informes, presentado por el Partido Obrero, que el ministro de Salud debe responder sobre los contratos, la recaudación y las multas de la empresa, así como también el encuadre de convenio de los trabajadores. Por otra parte, aún falta la publicación del informe final de la Auditoría, terminado hace más de 40 días, que expondría aún más el carácter podrido de este parasitismo sobre la salud pública.


 


Ramos, al igual que los sindicatos adictos al poder de turno, conforma la intergremial de Urtubey, que ha sido puesta en cuestión por la gran huelga docente de principios de año. Sin dudas, la crisis de una de las patas de este régimen es una oportunidad para que los trabajadores de la salud avancen por sus reivindicaciones de cara a la próxima etapa.


 


Desarrollemos una gran corriente de solidaridad con la lucha de los trabajadores de la fundación contra esta verdadera mafia. Vamos por la reincorporación de Oscar Maidana, delegado electo despedido; la rescisión de los contratos y la prestación por administración de los servicios de ropería, cocina, mantenimiento y mucama; el pase a planta de los trabajadores de la fundación. Abajo la burocracia sindical de la salud.